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Madrid/El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha solicitado sendos informes a los Mossos d'Esquadra y al Ministerio del Interior sobre el operativo policial planificado para arrestar este jueves en Barcelona al ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y "sobre los elementos que determinaron su fracaso".
Un día después de que Puigdemont apareciese en Barcelona para dar un breve discurso poco antes de la sesión de investidura del socialista Salvador Illa en el Parlament y lograse escabullirse entre los congregados, el magistrado ha pedido explicaciones a Interior y a la policía catalana.
El juez Llarena, que ratificó la vigencia de la orden de detención contra Puigdemont el pasado 1 de julio, quiere saber ahora cuál fue el operativo policial aprobado y desplegado, quiénes eran los agentes responsables de su diseño, aprobación y ejecución y cuáles fueron las razones de su "fracaso", "desde un aspecto técnico policial".
Pero Llarena, instructor de la causa del procés en el Supremo y que lleva años tratando de poner a Puigdemont a disposición de la Justicia, no sólo se ha dirigido a los Mossos d'Esquadra.
En una segunda providencia dictada este viernes, el magistrado también pide explicaciones al departamento que dirige el ministro Fernando Grande-Marlaska.
Se dirige el juez al Ministerio del Interior para que informe a su vez del operativo aprobado y dispuesto para detectar y detener a Puigdemont cuando cruzase la frontera y, de nuevo, "sobre los elementos que determinaron su fracaso desde un aspecto técnico policial".
Quiere conocer "las órdenes que fueron cursadas para su detección en frontera y eventual detención después de su fuga, además de los agentes responsables del diseño del operativo, de los responsables de su aprobación, y de aquellos a los que se ha encomendado su ejecución o despliegue operativo".
Todo ello lo hace el juez tras haber "tenido conocimiento de que el procesado en rebeldía", Carles Puigdemont "estuvo presente en la ciudad de Barcelona y que protagonizó un acto público en las inmediaciones del Parlament de Catalunya, habiendo logrado evadirse a su terminación y eludir la orden de detención emitida contra él".
Puigdemont consiguió irrumpir en el acto que Junts y las entidades soberanistas habían convocado en el Arc de Triomf de Barcelona, a metros de un Parlament blindado por los Mossos d'Esquadra, y tras una breve intervención se escabulló entre la multitud y huyó en un coche propiedad de un agente de la policía catalana, que ha sido detenido junto a otro mosso.
Tras la huida, los Mossos desplegaron durante unas horas la Operación Jaula, con controles en las carreteras de toda Cataluña, pero no lograron localizarle.
Además de los dos agentes de la policía catalana detenidos, los Mossos expidieron una citación para interrogar como investigado al secretario general de Junts, Jordi Turull, quien acompañó al ex presidente catalán en su efímera aparición pública.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, señaló este viernes que el operativo policial de ayer en torno a la investidura de Salvador Illa y el retorno de Carles Puigdemont era "responsabilidad" de los Mossos.
"Es un operativo policial que corría a cargo de los Mossos", que eran "la policía competente" tanto para garantizar la normalidad del pleno del Parlament como el cumplimiento de "los mandatos que había hecho el Supremo, porque son y actúan como policía judicial", afirmó Bolaños en unas declaraciones en París.
Por ello, dijo que los "detalles" sobre esa operación deben ser ofrecidos por el consejero de Interior saliente y los mandos de los Mossos.
El ministro consideró que el paso del ex presidente catalán por Barcelona fue "un episodio que nada puede aportar a la sociedad catalana" y que "no puede hacer olvidarnos lo esencial". Y lo esencial, según él, es que "se abrió definitivamente una nueva etapa en lo político en Cataluña" con la llegada del socialista Salvador Illa a la presidencia del gobierno regional.
La investidura de Illa supera "una década perdida en Cataluña, una década de enfrentamiento estéril donde no ganó nadie", mientras que ahora el Govern se preocupará de las cuestiones que preocupan a los ciudadanos, como sanidad, educación, empleo o economía, aseguró. Bolaños recalcó que "España es un Estado derecho donde se cumple la ley, donde se han de cumplir los mandatos judiciales", pero prefirió poner el acento en que la investidura de Illa "cierra definitivamente" la etapa anterior.
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