Cuando un poder del Estado le pisa la manguera a otro

Sobre la ley de amnistía se ha dicho todo lo que se podía decir. De su significado, sus riesgos y consecuencias. De su origen, de la necesidad política hecha virtud. Del cariz antidemocrático de los indultados, de lo que hicieron y de todas las calamidades que provocaron a su paso. Muchos han denostado la ley, otros la han aplaudido. Un debate político y social válido y lógico. Y finalmente el Congreso de los Diputados la aprobó con 177 votos a favor y 172 en contra. No es el último recorrido de la ley. Pero a la espera de lo que el TC decida, causa finita. Las Cortes Generales, que son la representación del pueblo español, del que emanan los tres poderes, tienen la potestad legislativa. Y las leyes se aprueban con el juego de mayorías que permite la Cámara, que a su vez es el reflejo de los votos emitidos por los ciudadanos libremente y los pactos que permite la ley. Un demócrata debería entender que más allá de esa aplastante institucionalidad y el perímetro judicial de salvaguarda que establece la Constitución no hay nada.

El TS salva a España

Detestar a un Gobierno progresista y criticar sus alianzas es un derecho inobjetable. Y criticar sus leyes también, algunas más que cuestionables como la de la amnistía. Sólo hace falta saber dónde está el punto de no retorno cuando se enfila el camino de la deslegitimación del Ejecutivo. Porque esa es la base sobre la que sustentan muchas decisiones de órganos que se sienten llamados a confirmar la ilegitimidad del Estado aunque sea con renglones modificados genéticamente. El último caso es el del Tribunal Supremo, que parece creer que detenta la tutela moral del país y el mandato de la corrección urgente de su rumbo, definitivamente torcido a manos de los sospechosos habituales. Y de forma especial, se siente apelado al aprobarse una ley como la de la amnistía, que delata "la lenidad" del Gobierno, un calificativo que se permite la Sala para juzgar una decisión del Parlamento español. Blandura, cesión, laxitud, entrega, rendición, lenidad. Palabra de todo un Tribunal Supremo, que no tiene entre sus atribuciones calificar despectivamente las leyes que aprueba la Cámara Baja ni las decisiones políticas del Gobierno salvo que incurran en delito. Ya había actuado igual el TS cuando el Ejecutivo impulsó la reforma de la sedición y la malversación.

Sólo así, desde la asunción de esa responsabilidad histórica e intransferible que alguien desconocido ha debido depositar en el Alto Tribunal, se explica la imaginación desbordada en los argumentos de la Sala Segunda del TS para darle un palanquetazo a la ley, alcanzar el objetivo de tener pillados a los condenados y después amnistiados anulando su efecto benefactor y observar, de paso, si la legislatura evoluciona hacia su desintegración definitiva para que España vuelva a ser un país de orden.

Sé lo que quiere decir el legislador, pero va a ser que no

La ley –insistimos: aprobada en el Congreso– establece que el delito de malversación derivado del procés queda amnistiado siempre que no haya lucro personal y detalla que se podrá considerar bajo este supuesto "cuando no haya tenido el propósito de obtener beneficio personal de carácter patrimonial". Dicho en román paladino: se amnistía el delito si no se quedaron el dinero de la administración para enriquecerse. Dice la ley que si no fue así, el delito queda bajo su protección y, por lo tanto, sin efecto.

Aunque el TS admite que 2la voluntad del legislador es inequívoca" y tiene el objetivo de "amnistiar todos los actos" vinculados al procés, ha decidido que no va a ser así, porque "la función jurisdiccional no tiene como única y exclusiva referencia la voluntad del legislador". Y por lo tanto se autolegitima para interpretar al propio parlamento y darle la vuelta a las intenciones políticas de la ley, una decisión que el Alto Tribunal entiende y reconoce. Manuel Marchena, el presidente de la Sala y ponente, es un jurista de primer nivel, conste. Otros juristas de prestigio discrepan y se echan las manos a la cabeza con el rol que se atribuye el TS de interpretar alegremente la voluntad, la letra y el espíritu del legislador.

Malversación por no rascarse la 'butxaca'

Con una interpretación muy sui generis, considera el TS que en realidad sí hubo lucro personal porque el dinero público que utilizaron para convocar el referéndum ilegal les evitó sacarlo de sus propios bolsillos. Una interpretación sobrevenida y que ni siquiera figuraba en la sentencia condenatoria. Por lo que a los líderes independentistas Junqueras, Romeva, Turull y Bassa se les mantiene sus condenas de inhabilitación. Y a los fugados Puigdemont, Comín y Puig (para quienes el juez Llarena ha utilizado la misma argumentación) se les niega la protección de la ley y siguen vigentes para ellos las órdenes de detención. Parece lógico que para argumentar, aunque sea a la contra de lo que cristalinamente establece la ley, que hubo un lucro personal por la vía del hipotético ahorro, los jueces debieran acreditar que los condenados estaban dispuestos a poner el dinero de sus bolsillos para financiar el referéndum y por lo tanto la posibilidad del ahorro, pero es un supuesto imposible porque ni consta, ni figuraba en la sentencia que los condenó ni ha sido investigado. Y porque una hipótesis no puede ser un factual.

“Entre los dedos se escapa la democracia”

Sólo unos días antes, con la misma ley en la mano y los mismos hechos juzgados, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña amnistió a al ex conseller Miquel Buch del delito de malversación al considerar que "no hubo propósito de enriquecimiento" ni "beneficio personal de carácter patrimonial". La inseguridad jurídica, la imprevisibilidad y el tufo político inunda este proceso de principio a fin.

Ha escrito Jordi Nieva-Fenoll, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona: “Es inaceptable que la interpretación judicial ultrapase los evidentes mandatos del legislador. Y eso es lo que acaba de acontecer. Sólo pueden estar contentos con lo sucedido aquellos ciudadanos que, ingenuamente, lo aplauden por estar frontalmente en contra de la ley de amnistía. No saben que con esos aplausos, de entre los dedos de las manos se les está escapando la democracia. Es peligrosísimo crear este tipo de precedentes”.

El salidero europeo

El otro punto en el que la Sala Segunda encuentra otro “obstáculo” para perdonar los delitos que merecieron condena es en lo relativo a la UE porque afectaron, según la Sala, a los intereses financieros europeos, aunque de facto no se han producido. Es más un juicio sobre lo que pudo pasar que sobre lo que pasó. Hipótesis judiciales, variables, predicciones, pronósticos reservados. En todo caso, el TS encuentra otro salidero por ahí ya que se trata de delitos excluidos de la amnistía. Para levantar ese muro recurre al terreno de lo posible –que de haber triunfado la independencia habían sido “potencialmente” afectados esos intereses– y dice la Sala que “no es difícil aventurar que la ruptura de la integridad territorial de Europa –esa desconexión existió aunque durara unos pocos segundos– encerró un grave peligro para los intereses financieros europeos” ya que el presupuesto de la UE se conforma por una proporción de la renta bruta de cada país, que en el caso de España habría disminuido de consumarse la independencia, aquel metisaca sainetero de Puigdemont que duró ocho segundos de un 10 de octubre de 2017 con decenas de miles de personas enfervorecidas entre el Arc del Triomf y el Parque de la Ciutadella que descorcharon el cava y ocho segundos después no sabían qué hacer ni con la independencia ni con el tapón.

"El Gobierno a tomar por culo"

Habrá peritos que defiendan la correcta actuación del TS, no cabe duda. En otra posición estarán quienes cada vez tienen más la certeza del proceder político de muchos tribunales en este asunto, por poco que guste la polémica ley. La separación de poderes es la clave de bóveda de la democracia representativa. Hay quien sostiene que el Poder Ejecutivo la ha vulnerado anulando con una ley las sentencias del Poder Judicial. Hay quien defiende que el Legislativo actúa legítimamente y es el Judicial el que invade su espacio maniobrando para dejar sin efecto sus leyes.

El juez Manuel García Castellón descubrió hace cuatro meses –en plena tramitación de la amnistía– un supuesto delito de terrorismo imputable a Puigdemont. El TS lo investigó por el mismo motivo. El juez Aguirre, titular del juzgado 1 de Barcelona, quien investiga la llamada trama rusa y que va más allá pese a que la audiencia ya le ha pedido que cierre el caso, ha abierto una pieza a Puigemont por presunto delito de alta traición. Todos son delitos que están excluidos de la amnistía, obvio. Y el TS como se ve ha elaborado una teoría utilitaria sobre el enriquecimiento personal. 

El juez Aguirre está viviendo un efecto boomerang tras la publicación de unos audios en Canal red y Diario red –medios que maneja el ex vicepresidente Pablo Iglesias– en los que se jacta de ser el artífice de que Junts tumbara en primera tentativa la ley de amnistía al no tener claro el perímetro de protección que le ofrecía. Y expresa cómo ve la ley de amnistía: "Claro, es que será la tumba [del Gobierno]. Sí lo será. Al Gobierno le quedan dos telediarios alemanes. Dos, ya está, a tomar por culo, entonces hay gente que se está situando ya, ha tomado partido, el partido soy yo", dice el juez. Puigdemont ha anunciado una querella por prevaricación contra el juez, quien según Canal red filtraba la información a la prensa alemana de las relaciones del independentismo con el Kremlin.

Un ‘wasap’

Estos días hay juristas que bucean en las fuentes del derecho. Y citan a Blackstone, quien afirmó hace tres siglos "que no hay ninguna otra autoridad más superior en la Tierra que el Parlamento". Y a Montesquieu y a Rousseau advirtiendo de los peligros de un poder judicial "desbocado".

Otros también van más allá de las primeras capas de lectura de los acontecimientos. Y envían wasaps: "Lo más preocupante de la decisión del TS en el asunto de la malversación y la ley de amnistía es que huele a una peligrosa tradición jurídica: la idea de legitimidad y fuerza de un Estado anterior a un sistema de derecho democratico, que demanda ser salvado de sus propias decisiones e instituciones democráticas". Esto lo denominó un intelectual progresista y brillante jurista alemán del siglo pasado, Ernest Fraenkel, el "Estado dual", que distinguía entre un Estado de normas (las leyes) y un Estado de medidas (decisiones normalmente judiciales de carácter circunstancial definidas por su carácter ideológico). Fraenkel diagnosticó el Estado dual en la emergencia del régimen nazi, que recurrió a este enfoque como instrumento autoritario diseñado para legitimar el debilitamiento del poder legislativo y la accion parlamentaria. Ese Estado de derecho dio lugar al concepto nazi de "espacio vital" (lebensraum), seguido mas tarde por el "spazio vitale" de Mussolini y el "hakko ichiu" del imperio japonés de entre guerras. Al final, un territorio dotado de un "alma nacional necesitado de ser salvado de sus propias instituciones democráticas".

BREVERÍAS

La España pornográfica

Definitivamente: en España es imposible un debate sobre cualquier cuestión que no sea barrido por las exageraciones, los bulos, las fakes y las interpretaciones más torticeras. José Luis Escrivá, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha anunciado esta semana un pasaporte digital para evitar que los menores de edad entren alegremente en las páginas con contenido porno (algo con lo que está de acuerdo el 93,9% de los españoles según el CIS). Los mayores de 18 años deben acreditar su edad con ese documento. La medida debe conciliar dos intereses y aún no lo hace con claridad: la limitación a los menores y la privacidad de los usuarios, por lo que es lógico el recelo de muchos. Otra cosa es la desmesura y la mentira. Entre las declaraciones de algunos políticos y la lava diaria que vierten las redes el asunto se ha convertido en un Gobierno que quiere eliminar la pornografía, un país en el que masturbarse será delito o en la limitación de 30 contenidos porno al mes. Todo falso. Es más pornográfico el debate y el ruido que lo que ofrecen esas webs.

Medidas antibulos

Siguiendo con el mundo de los bulos y los llamados pseudomedios, en unos días conoceremos el plan del presidente del Gobierno "para acabar con la impunidad" de estos. Lo que se sabe es que será una transposición de la ley de libertad de medios aprobada en el Parlamento Europeo –con el apoyo del PPE– que obliga a hacer público quién es el propietario de un medio, la publicidad y subvenciones públicas que recibe y su cadena de mando editorial. Además, va a añadir la reforma de la ley de protección al honor y el derecho de rectificación, reforzando ambos conceptos en el ordenamiento. Tiene lógica inicial lo que apunta, aunque viene alguna sorpresa añadida que aún no se conoce. Pero en cualquier caso va a necesitar hilar muy fino en la ley y controlar muy de cerca su aplicación para que cualquier impulso en ese sentido no se convierta en censura fáctica a los medios discrepantes.

Aquí no hay quién viva

La posibilidad de que las comunidades de vecinos tengan la última palabra para autorizar pisos turísticos en su edificio no parece una buena idea. Es más sencillo y racional actualizar con lo aprendido las normas que fijan las condiciones para abrir uno de estos pisos que dejar en manos de una comunidad tal decisión. Es preferible hacerlo a través de una ley y de la administración que descargar la responsabilidad en los vecinos, que pueden decidir a favor o en contra según quién sea el propietario. por motivos variados y no siempre objetivables. La mayoría de la gente vive en edificios y sabe perfectamente de qué hablamos. Hay bloques de vecinos inmersos en guerras civiles, como para añadir otro elemento de discordia y un botón rojo.

Nace la "urgenciología"

El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de una nueva especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, que hasta ahora no existía, lo cual, visto así, resulta extraño. Hay más de 10.000 facultativos trabajando en estos servicios en España, la mayoría procedentes de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. Al nutrirse los hospitales de esos especialistas, los servicios de salud tenían problemas para cubrir plazas de esa rama. Tendrán un MIR de cuatro años, los dos primeros comunes y los dos segundos de especialidad. Tarde pero llega. Los urgenciólogos, felices. Los pacientes, más.