El juez cita como testigo a un sobrino de Urdangarín

Palma de mallora/El juez que instruye el caso Nóos de supuesta corrupción ha citado a declarar como testigo a Jan Gui Urdangarín, sobrino de Iñaki Urdangarín, el 16 de enero a las 10:30, así como a otros tres testigos más. La citación del sobrino del duque de Palma había sido solicitada el pasado octubre por la Fiscalía Anticorrupción para aclarar su función a la hora de contactar con personas a las que las empresas del grupo Nóos daban de alta en la Seguridad Social pese a no realizar ningún trabajo.

En un auto dictado este jueves, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, cita a cuatro testigos en el marco del caso Nóos, que investiga el supuesto desvío al Instituto Nóos, presidido por Urdangarín y Diego Torres, de unos 5,8 millones de euros de dinero público de las comunidades de Baleares y Valencia, entre 2004 y 2007, y que es una pieza separada del caso Palma Arena.

En relación con Jan Gui Urdangarín, el fiscal solicitó su comparecencia después de que una testigo admitiera no haber hecho ninguna labor para el entramado empresarial, pese a que la dieron de alta en la Seguridad Social como encuestadora, primero para Nóos Consultoría y luego para Aizoon -la empresa con la que los duques de Palma gestionaban su patrimonio-. La testigo dijo que quien contactó con ella fue Jan Gui Urdangarín, que le ofreció darla de alta en la Seguridad Social aunque no tuviera que realizar ningún trabajo, lo que la mujer aceptó porque le faltaban dos años de cotización en la Seguridad Social.

El fiscal sospecha que la trama empresarial firmó varios contratos ficticios para dar apariencia de volumen de trabajo a las empresas satélite del Instituto Nóos, dotarlas de una infraestructura falsa y simular así una actividad que justificara los ingresos que acumulaban, procedentes del Instituto Nóos. Además del sobrino del duque de Palma, los otros testigos citados por el juez Castro son Roger Olivares (09:30), Alejandro Suja (10:00) y la ex jefa de Gabinete del ex presidente Jaume Matas, Dulce Olivares (11:00), ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares en un comunicado.

En el mismo auto, el juez Castro cita también a declarar, pero en calidad de imputada y por el caso Over, otra pieza separada del Palma Arena, a la ex secretaria general técnica del Gobierno balear Jane King. King ya fue citada como imputada por Castro el pasado 28 de noviembre para declarar en diciembre pero su comparecencia se pospuso a petición de sus abogados.

En el marco del caso Nóos, Castro tiene pendiente adoptar una decisión en relación a la petición de una fianza de responsabilidad civil para Iñaki Urdangarín y su ex socio Torres, formulada por la Fiscalía Anticorrupción y por la acusación particular del sindicato Manos Limpias, por una cuantía de 8.189.448 euros, y por la Abogacía de la Comunidad Autónoma Balear, por una cantidad de 3,5 millones. El juez decidirá a partir del 15 de enero sobre la solicitud de fianza civil de Anticorrupción y Manos Limpias, según acordó en una reciente providencia en la que prolongó hasta el 14 de enero el plazo dado a los abogados de Urdangarín y Torres para presentar alegaciones a la misma.

Una vez presentadas las alegaciones, el juez decidirá si acuerda la medida cautelar y en qué cuantía. En el escrito en el que reclamó la fianza, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach atribuye al duque de Palma y a su ex socio en el Instituto Nóos "una actividad delictiva premeditada" dirigida a apropiarse de fondos públicos mediante los convenios suscritos con los gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana. Horrach sostiene que el duque de Palma y Torres deben resarcir a las arcas públicas por "la totalidad de los fondos públicos percibidos por el Instituto Nóos", más un tercio de esa cuantía -que es lo habitual que se añade en cauciones civiles-, lo cual asciende a los 8.189.448 euros que pide para ellos como fianza civil. De forma subsidiaria, la Fiscalía reclamó otra fianza de 5.905.079,29 euros, en el caso de que el juez no considere oportuna la primera petición, que serían los fondos públicos objeto de apropiación.