El juez investiga si Sacyr compró una adjudicación irregular a otra empresa pagando parte de la campaña de Cospedal
Ha imputado al ex tesorero del PP en Castilla-La Mancha y ex concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Toledo Lamberto García Pineda por el contrato de limpieza y recogida de basuras otorgado a Sufi.
Madrid/El juez del caso Bárcenas, Pablo Ruz, ha imputado al ex tesorero del PP en Castilla-La Mancha y ex concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Toledo Lamberto García Pineda en relación con el contrato otorgado por el consistorio a la empresa Sufi para el servicio de limpieza y recogida de basuras.
Ruz, que le ha citado a declarar el próximo 24 de julio, ha adoptado esta decisión en un auto tras recibir el informe de la Intervención General del Estado (IGAE), que concluye que la contratación de Sufi, filial de Sacyr, podría ser nula de pleno derecho porque cuando ya se estaba ejecutando el contrato se adoptó una modificación del precio omitiendo el procedimiento legalmente establecido. En relación con este asunto, el juez pide además al Ayuntamiento de Toledo que en un plazo de cinco días le remita el testimonio íntegro del acta de la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del 23 de mayo de 2007 en el que se trató esa modificación al alza del precio previamente acordado, que se elevó de los 6,7 millones de euros iniciales a 7,2.
A la luz del informe de la IGAE, fechado el pasado 9 de junio, Ruz observa que en la fase de ejecución del contrato, el 21 de mayo de 2007 se produjo un preacuerdo entre Sufi y los trabajadores a raíz de un conflicto laboral en el que se introdujeron incrementos salariales, que fue suscrito en un protocolo con el vicealcalde y concejal de Hacienda, que en esas fechas era García Pineda. Este acuerdo fue posteriormente ratificado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo el 23 de mayo de 2007, y la IGAE considera que se adoptó omitiendo el procedimiento legalmente establecido y careciendo de los informes preceptivos por lo que podría considerarse nulo de pleno derecho de acuerdo con el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.
Para aclarar este asunto, Ruz encarga también a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) que tome declaración testifical a los responsables de Sufi que hubieran intervenido en este asunto para que elabore el correspondiente informe. Con estas diligencias, Ruz trata de averiguar si, tal y como declaró el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, se produjo una entrega por parte de Sacyr Vallehermoso de 200.000 euros para la campaña electoral de la actual presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, para las autonómicas de 2007, a cambio de la adjudicación a Sufi, que le fue concedida por el Ayuntamiento de Toledo el 15 de enero de 2007.
Con respecto a esta adjudicación, Ruz ya tomó declaración como imputado al gerente del PP de Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas, al que, según el propio Bárcenas, le dio los 200.000 euros de Sufi y para demostrarlo entregó al juez los correspondientes recibís firmados por éste. Sin embargo, Cañas negó ante el juez haber recibido ese dinero y explicó que le firmó a Bárcenas unos recibís por esa cantidad porque el ex tesorero era su superior y le obligó a ello.
Con estas nuevas diligencias, el juez trata también de constatar "el grado de participación" que en estos hechos "hubiera podido tener persona o personas aforadas" y que de confirmarse supondría la remisión de esta parte de la instrucción al Tribunal de Justicia de Castilla La Mancha. Esto es así, porque según el relato de Bárcenas, sobre el pago de esta comisión al PP a cambio de la adjudicación a Sufi, estaba también enterado el actual presidente de las Cortes de esta comunidad, Vicente Tirado, que entonces era secretario general del PP en Castilla-La Mancha.
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