17-A, el inicio de una infamia

"El 17 de agosto se hizo evidente que Cataluña tenía una policía equiparable a los mejores cuerpos policiales del mundo". Los ex consejeros de la Generalitat encarcelados por el procés han publicado este jueves un artículo en la prensa catalana en el que subrayan como mérito lo que fue, realmente, el objetivo político que se marcaron la tarde de ese 17 de agosto de 2017. Reunidos por el entonces presidente Carles Puigdemont en el Palau, el gabinete de crisis se conjuró para demostrar al mundo que, también por operatividad policial frente al terrorismo, Cataluña se había ganado el derecho a ser un nuevo Estado.

El atentado colocó a Barcelona en los informativos de todo el planeta, y a las imágenes de la matanza iban a acompañar otras de una Policía propia y un Gobierno autónomo, a cuyo mando se situaban un mayor, Josep Lluís Trapero, estrella mediática de aquellos días, y un presidente, Carles Puigdemont, que resolvieron la crisis con efectividad y hasta con cierta brillantez. Un rotundo fracaso de prevención, compartido con el Ministerio del Interior, se tornó en éxito. 16 víctimas mortales y cinco terroristas abatidos.

Un falso relato

El potente aparato mediático independentista, que posteriormente revelaría su magnitud en los sucesos de otoño, lustró el relato de la efectividad, mientras el Gobierno español, dirigido por Mariano Rajoy, optó por aplicar paños calientes, negar la descoordinación y callar ante la falta de información de los Mossos, con la esperanza de apaciguar Cataluña. Otro gran error que terminaría por estallar ante el mundo diez días después, cuando el Gobierno independentista y sus organizaciones populares externalizadas (la ANC y Omnium) bordaron la encerrona al Rey en una manifestación contra el terrorismo que se convirtió en una protesta contra la Corona y contra España. A juzgar por lo que ese día comentó el portavoz del PP Rafael Hernando a sus compañeros, fue entonces cuando el Gobierno de Rajoy se dio cuenta de la debilidad del Estado en Cataluña y de la escasa presencia de las fuerzas nacionales de seguridad en una comunidad que semanas después celebró un referéndum de secesión y proclamó en dos ocasiones su independencia.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría sufrió un desvanecimiento, Susana Díaz lloraba y Rajoy y Felipe VI aguantaron los insultos de unas 3.000 personas que, hábilmente, se habían colocado detrás lo que los organizadores llamaron “la cápsula de autoridades”. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, entregó la organización de la marcha a la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), se retranqueó al Rey y al resto de autoridades a una segunda fila -delante caminaban representantes de fuerzas de seguridad y de cuerpos de rescate- e, inmediatamente después, se situaron los hiperventilados con sus esteladas con crespones negros y una enorme pancarta en la que se acusaba a Felipe VI de colaborador con los terroristas.

La primera manifestación a la que asistía un Rey se saldó con una enorme pitada, ampliada por TV3 y por la fila de pantallas que se situaron a lo largo del Paseo de Gracia hasta la Plaza de Cataluña. La ANC ya había demostrado en las últimas Diadas cuál era su capacidad de organización. Y ese día se lució.

Pancartas contra el Rey

Días antes de esa manifestación, fue la CUP la encargada de abrir fuego mediático contra el Rey, al culpabilizarle de los atentados por las relaciones comerciales que España mantiene con Arabia Saudí. El argumento era, realmente, rebuscado, pero ERC y el PdeCAT se apuntaron a ese supuesto malestar que no era más que otro argumento del relato independentista. “Vuestras políticas, vuestras muertes”, se leía en una de aquellas pancartas de Gracia. “Felipe VI y el Gobierno, cómplices del tráfico de armas”, apuntaba otra. “Fuera, fuera”, se gritaba al Borbón, a quien previamente Colau y el Govern habían acusado de buscar el protagonismo por visitar a los heridos en los hospitales. Algunos activistas le acusaba, directamente, de provocar los atentados para justificar una intervención del Ejército a las puertas del referéndum.

Los atentados de Barcelona y de Cambrils fueron, en realidad, un fracaso de prevención de los Mossos y también del resto de fuerzas del Estado. Todo atentado revela grietas en la política antiterrorista, pero lo del mes de agosto en Cataluña evidenció una falla de negligencias.

La noche anterior al atentado de la Rambla, la casa donde los terroristas preparaban el explosivo TATP, también llamado la madre de Satán, saltó por los aires. Una tremenda explosión sacudió esta con zona de Alcanar a las 23:30, pero los Mossos confundieron el laboratorio de la muerte con otro de fabricación de drogas, a pesar de que se encontraron más de un centenar de bombonas de butano.

A la mañana siguiente, los Mossos rechazaron la ayuda que le quisieron prestar los Tedax de la Policía Nacional y comunicaron, de modo oficial, a la juez encargada que investigaban una explosión en un laboratorio de drogas. A las cinco de la tarde de ese mismo día 17 de agosto, se produjo otra explosión que hirió a 14 personas debido a la deflagración de los restos de material que aún quedaban entre los escombros. Pero ya era demasiado tarde: uno de los terroristas, Younes, irrumpió con la furgoneta por las Ramblas, uno de los paseos más concurridos de todo el país.

Además, posteriormente se supo que la CIA informó a los Mossos, y también al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), de la posibilidad real de un atentado en Barcelona ese verano. Aunque el Gobierno de Carles Puigdemont mintió en un primer momento al negar el conocimiento del aviso, El Periódico de Cataluña publicó la prueba de que el informe había sido atendido. Es más, hace sólo unos días se ha sabido que tres miembros de información de los Mossos viajaron a Estados Unidos a entrevistarse con el contacto en la CIA.

Sin Rajoy

La misma tarde de los atentados, Carles Puigdemont compareció en una rueda de prensa junto a su vicepresidente Oriol Junqueras. Mariano Rajoy no llegó, o se le adelantaron, y tuvo que intervenir desde Lérida pasada las 12 de la noche. Al día siguiente se trasladó a Barcelona, pero tuvo que instalarse en la sede de la Delegación del Gobierno, mientras que eran los Mossos y Trapero quienes manejaban toda la información. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, anunció la desarticulación del comando cuando aún no se había ni localizado al autor material de los atropellos, que sería abatido el 21 de agosto por los mossos en un viñedo de San Sadurní.

El manejo de los atentados fue un ensayo sobrevenido de los sucesos de septiembre y octubre en Cataluña, cuando se hizo patente la debilidad del Estado y la colaboración de la dirección de los Mossos con la celebración del referéndum de independencia. El engaño de la Generalitat quedó al descubierto ese 27 de agosto en el Paseo de Gracia.