La infanta confía "plenamente" en Urdangarin y en su inocencia

La infanta Cristina se ha amparado, en el juicio por el caso Nóos, en la "confianza" que tiene en su marido, Iñaki Urdangarin, para explicar su participación al 50% en la sociedad Aizoon que fundaron juntos y ha dicho que cree "plenamente en su inocencia". En su declaración de 66 minutos ante el tribunal como acusada, doña Cristina, que solo ha respondido a las preguntas de su abogado, Pablo Molins, ha defendido que nunca fue escudo fiscal ante Hacienda ni figuró en Aizoon para obtener beneficios tributarios.

Tras haber escuchado medio centenar de preguntas de Manos Limpias (única parte que la acusa), se ha defendido asegurando: "Todo lo que hacíamos estaba controlado". Ha añadido que, por su condición de miembro de la Familia Real, ella "hubiese sido sometida a mayor transparencia y quizá a mayor control por parte de la Administración".

La infanta, para quien piden 8 años de prisión como cooperadora de dos presuntos delitos fiscales de su marido, ha explicado que ella y Urdangarin presentan declaraciones de Hacienda por separado. "En mi caso la hacía Federico Rubio, asesor fiscal de la Casa de Su Majestad el Rey", ha precisado. Ha coincidido plenamente con el relato que había hecho antes que ella Urdangarin ante el tribunal, durante sus 16 horas de interrogatorio, al explicar que su esposa no participó en la gestión ni en la administración de Aizoon y tampoco hizo ningún trabajo para la mercantil. Además ha negado haber tenido jamás cuentas en paraísos fiscales, salvo la que ahora utiliza en Suiza por residir en Ginebra.

Sobre la constitución de Aizoon en 2003, ha dicho que no tenían "ninguna prohibición" de la Casa Real para crear una empresa. Ella se asesoró previamente con el secretario de las infantas, Carlos García Revenga, mientras Urdangarin lo hacía con Rubio. Ha aclarado que las decisiones las tomaba su marido, ella no tenía poderes en la sociedad, ni recibía sus extractos bancarios, ni tampoco usaba la tarjeta visa corporativa a su nombre ("la custodiaba él"), ni asistió a ninguna junta, aunque su rúbrica aparece en las actas: "Me las pasaban a la firma y por la confianza que tenía en mi marido y en sus asesores, la firmaba".

La crearon "para canalizar los ingresos derivados del trabajo profesional en asesoría y consultoría" de su marido y sobre por qué ella firmó como copropietaria ha dicho: "Por confianza, así me lo pidió y yo lo acepté". Esa confianza en él ha sido uno de sus argumentos más repetidos, hasta el punto de que ha dicho que en ese momento, en los años 2007 y 2008, solo se fiaba de unas pocas personas, entre ellas el asesor fiscal de su esposo, Miguel Tejeiro, al que tanto ella como Urdangarin han atribuido todas las gestiones tributarias.

Su letrado le ha preguntado si conoce los delitos de los que está acusado su esposo: "Sé que se le imputan esos delitos, confío plenamente en él, confío plenamente en su inocencia y estoy convencida de que ha estado bien asesorado", ha respondido. Urdangarin, ha dicho, era quien se encargaba en todo momento de las "gestiones económicas de la familia", mientras que de sus cuatro hijos se ocupaban los dos, ella asumía la "agenda" familiar y cada uno tenía su respectivo trabajo profesional. La hermana del Rey debía asimismo, según ha declarado, atender un centenar de actos institucionales al año y todo ello mantenía al matrimonio muy ocupado.

De los temas de Aizoon no hablaban, ha dicho, "ni de nada que se le relacionara". "Hablábamos de otros temas", ante lo que el abogado ha querido saber por qué no le preguntaba a su marido por la empresa: "No procedía, no eran temas que me interesase hablar con él, en esos años nuestros hijos eran muy pequeños y estábamos muy ocupados".

Acerca de lo admitido por su marido ante el tribunal sobre que Aizoon tenía trabajadores en nómina sin relación con la mercantil, ha dicho que no sabía si la empresa tenía o no trabajadores ni que tipo de relación laboral tenían con Urdangarin o si estaban contratados. El personal doméstico lo seleccionaban a través de una agencia, y después ella se desentendía. La infanta ha explicado que consignó unos 600.000 euros ante el tribunal en diciembre de 2014: "En cuanto supe que las acusaciones entendían que yo me había beneficiado económicamente de los hechos que aquí se discuten".

Durante la declaración, el abogado de doña Cristina ha protestado por entender que la exhibición de documentos por parte de Manos Limpias para ilustrar preguntas sin respuesta violentaba su derecho al silencio, a lo que la presidenta del tribunal, Samantha Romero, ha replicado que su deber era garantizar el ejercicio de la defensa pero también el de la acusación.