Siete imputados en Gürtel regularizaron 9,72 millones entre 2008 y 2011

Madrid/Otros siete imputados en el caso Gürtel, entre ellos el ex consejero madrileño Alberto López Viejo, el ex diputado regional Alfonso Bosch y el presidente de Martinsa-Fadesa, Fernando Martín Álvarez, regularizaron con Hacienda 9,81 millones de dinero B, si bien sólo el constructor lo hizo mediante la amnistía fiscal y por una pequeña cantidad (3.420 euros). A la vista de estos datos, el ministro de Economía y Hacienda, Cristóbal Montoro, ha subrayado en el Congreso que la mayoría de los imputados en la trama Gürtel no se ha acogido a la llamada amnistía fiscal del Gobierno del PP, por lo que ha pedido al PSOE que pida perdón por su actuación en este caso.

Las cifras se desprenden del informe enviado por la Agencia Tributaria al juez de la Audiencia Nacional instructor de la causa, Pablo Ruz, quien pidió información a la Agencia Tributaria sobre si alguno de los 21 imputados en Gürtel por delito fiscal se había acogido a la declaración tributaria especial, conocida como amnistía fiscal. El juez Ruz hizo esta petición a Hacienda después de que el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, imputado en el caso, aportara documentos para intentar probar que se acogió a la amnistía fiscal, y de que otro encausado, Alfonso García Pozuelo (ex propietario de la empresa Constructora Hispánica), reconociera que regularizó dinero con este método. Dos de los afectados por esta regularización, los ex políticos populares López Viejo y Bosch, dimitieron a principios de 2009 cuando estalló el caso Gürtel.

En la documentación remitida al juez aparecen un total de seis imputados (cinco personas físicas y una sociedad anónima) que regularizaron 9,8 millones de dinero negro entre 2008 y 2012 mediante declaraciones complementarias o sustitutivas. Solo uno de los 21 imputados requeridos por el juez, el presidente de Martinsa-Fadesa se acogió a la amnistía fiscal parcial del Gobierno del PP, proceso con el que hizo aflorar 3.420 euros de dinero opaco y pagó a Hacienda un 10% de esta cantidad (342 euros). Martín Álvarez también regularizó con una declaración ordinaria otros 3.258 euros de 2010.

El grueso del dinero B regularizado por los siete imputados del informe (9,72 millones) corresponde a declaraciones entre 2008 y 2011, antes de la aprobación de esta amnistía por el Gobierno del PP, mientras que dos de ellos (López Viejo y Begar SA) regularizaron en 2012 otros 82.658 euros por la vía ordinaria. En 2012 también afloraron fondos ocultos del ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid López Viejo (4.722 euros de los ejercicios fiscales de 2008, 2009, 2010 y 2011) y Begar SA (77.935 euros), si bien esta sociedad ya había declarado en 2010 otros 352.664 euros.

Los cuatro imputados restantes regularizaron dinero B entre 2008 y 2011, entre ellos Bosch, quien presentó dos declaraciones por 3.111 euros en 2008. Fue el empresario Manuel Salinas Lázaro quien afloró la mayor cantidad, 7,5 millones, en una decena de declaraciones presentadas en 2010 y 2011. Le sigue otro empresario, Amando Mayo Rebollo, que entre 2010 y 2011 presentó ocho declaraciones por 1,35 millones. Además, el ex vicepresidente de Repsol YPF José Ramón Blanco Balin regularizó 504.738 euros por medio de nueve declaraciones presentadas a lo largo de 2009.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, avanzó este miércoles en el pleno del Congreso el contenido del informe y ha remarcado que 35 de las 36 declaraciones presentadas por estos siete imputados se realizaron antes del comienzo del periodo de regularización especial del año pasado, y que solo una, la de López Viejo, después. Ha remarcado, aunque sin llegar a aludirle personalmente, que el ex diputado regional presentó sus declaraciones en julio de 2012 por un total de cuatro ejercicios de IRPF y un importe inferior a 5.000 euros, "muy lejos del umbral de delito fiscal", fijado en 120.000 euros. Montoro ha insistido en que el proceso de regularización extraordinaria ha sido "transparente" y no "opaco" y ha permitido aflorar 40.000 millones de euros, un 4 por ciento del PIB, una cifra "imposible de alcanzar por otra vía" y que ni la Agencia Tributaria "más eficaz" habría sido capaz de destapar.