La Guardia Civil deja en libertad a la mujer que dijo haber entregado dinero en Ferraz y los otros tres detenidos por la trama de hidrocarburos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha dejado en libertad a Carmen Pano, la mujer que dijo que había entregado 90.000 euros en la sede del PSOE en Ferraz, y a los otros tres detenidos ayer en el marco de la investigación de la Audiencia Nacional por el fraude de hidrocarburos en el que ya fue arrestado con anterioridad Víctor de Aldama, el presunto conseguidor del 'caso Koldo'.

Según fuentes de la investigación, los cuatro detenidos son Carmen Pano y su hija, así como Luis Alberto Escolano, socio de Aldama, y un cuarto hombre al que también se le vincula con el fraude en el sector de los hidrocarburos de 182 millones de euros.

Los cuatro siguen investigados en esta causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tras ser detenidos en una ampliación de las actuaciones iniciadas en octubre, y que siguen declaradas secretas, por delitos fiscales y de blanqueo de capitales.

En los registros practicados en Madrid, Calatayud (Zaragoza), Sevilla y Toledo se intervino numerosa documentación, que tendrá que ser ahora analizada por los investigadores en la búsqueda del dinero que presuntamente la trama habría ocultado sirviéndose de una "importante estructura societaria con la que ejecutarían el fraude fiscal".

Las citadas fuentes subrayan que la detención de Carmen Pano se enmarca exclusivamente en la investigación sobre hidrocarburos por la operativa de una organización criminal en la que está implicado Aldama, sin relación por tanto con lo manifestado por esta mujer por la presunta entrega de dinero en Ferraz.

Registros en Madrid, Zaragoza, Sevilla y Toledo

La UCO practicó este lunes registros en Madrid, Calatayud (Zaragoza), Sevilla y Toledo en el marco de la causa en la que se investiga entre otros al empresario Víctor de Aldama por un presunto fraude en el sector de los hidrocarburos de 182 millones de euros.

En un comunicado, la Guardia Civil vinculó este lunes a los cuatro detenidos con una "organización criminal" que presuntamente disponía de una "importante estructura societaria con la que ejecutaría el fraude fiscal", modificándose por sus responsables "con el fin de alcanzar un mayor grado de apocamiento y asegurar la perfección del fraude".

"Asimismo, contaban con una estructura paralela de sociedades tanto en España como en terceros países para el ulterior blanqueo de las cantidades obtenidas delictivamente", según añadió la Guardia Civil al dar cuenta de estas detenciones ampliatorias de las actuaciones que se iniciaron el 7 de octubre de 2024.

Dinero oculto en varios países

En el marco de la investigación, el juez Pedraz sostuvo que "la organización criminal diseñó, implementó y operó una estructura empresarial paralela que utilizó para perfeccionar el blanqueo de los capitales generados". "Así, a las cuentas bancarias tituladas por éstas, transfirieron fondos de procedencia delictiva, principalmente, desde las cuentas de las suministradoras", recogió en una de sus resoluciones.

El magistrado apuntaba que "dado que el dinero viene de las suministradoras, mercantiles que se emplean para bajar el precio del hidrocarburo con el IVA que no van a abonar, todo el dinero que transfiere procede de la cuota presuntamente defraudada". En concreto, hasta la fecha "se han identificado transferencias al exterior por importe de 73.902.852,60 euros a Portugal, Colombia y China".

Cabe destacar que la propia UCO apunta en uno de sus atestados que Escolano --uno de los cuatro arrestados este lunes-- "estaría siendo utilizado por De Aldama para ocultar sus bienes a través de la titularidad de empresas en territorio nacional y en el extranjero".

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno también apuntaba en su exposición razonada al Supremo que Escolano, "socio de De Aldama", arrendaba la vivienda en Plaza España en la que residió Jessica R., la expareja del exministro José Luis Ábalos.

La actuación de la UCO por orden de la Audiencia Nacional se llevó a cabo en paralelo a la declaración del empresario Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo en calidad de investigado en el caso Koldo. El juez Leopoldo Puente indaga en las presuntas adjudicaciones irregularidades acordadas durante la pandemia para la compra de material sanitario.