Roberto Scholtes
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Política
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que el Consejo de Ministros ha aprobado el indulto parcial (continúan inhabilitados), reversible y condicionado para los nueve de los condenados por el proceso independentista en Cataluña, una medida de gracia por "razones de utilidad pública".
En una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa, Sánchez ha avanzado que pretende abrir una nueva etapa de diálogo y cerrar el enfrentamiento.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes los indultos para los nueve condenados por sedición y malversación en el procés independentista en Cataluña que todavía seguían en la cárcel.
La decisión se ha tomado en una reunión que ha durando más de cuatro horas, y en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto ha defender la necesidad de adoptar esta medida para afrontar el problema del conflicto catalán y "buscar la concordia, abriendo paso a la reconciliación y al reencuentro".
En concreto, los expedientes de indulto que ha elaborado el Ministerio de Justicia contemplan la extinción de las penas de prisión que les resta por cumplir a los condenados, y fija un periodo de seguridad de entre 3 y seis años que condiciona el perdón a que no vuelvan a reincidir en el delito.
El Consejo de Ministros concluyó minutos antes de las 14 horas tras casi cuatro horas y media de deliberación, según ha informado la Secretaría de Estado de Comunicación.
Los presos del 1-O condenados por el Tribunal Supremo por delitos de sedición y malversación han recibido este martes el indulto del Gobierno, tras tres años y medio encarcelados y teniendo aún pendientes entre cinco y nueve años por cumplir en prisión hasta liquidar la condena.
El Tribunal Supremo (TS) dictó la sentencia en octubre de 2019 y les impuso penas de entre nueve y trece años de cárcel, pero los impulsores del 1-O condenados ya llevaban entre uno y dos años en prisión provisional: algunos quedaron en libertad durante unos meses y otros han estado encarcelados desde otoño de 2017, saliendo sólo con permisos penitenciarios o breves etapas de semilibertad. Como sucede con todos los presos, el tiempo que pasaron en prisión antes de que el tribunal dictara sentencia ya se les computó como parte de la pena.
Al presidente de ERC, Oriol Junqueras, le impusieron la condena más alta en la sentencia, con 13 años de prisión por sedición y malversación, por lo que todavía le quedaban nueve años y cuatro meses de condena por cumplir, que hubiera acabado en 2030. Los ex consellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa fueron condenados a 12 años de cárcel, así que todavía les quedaban pendientes ocho más, teniendo en cuenta que ya pasaron un año y siete meses en prisión preventiva antes de la sentencia del Supremo.
Por su parte, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, condenada a 11 años y medio por sedición, también tenía pendientes cerca de ocho años de pena, que hubiera cumplido en 2029.
A los ex consellers Quim Forn y Josep Rull, condenados a 10 años y medio, les faltaban cerca de siete años para cumplir toda la condena, mientras que Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, con las penas más bajas de la sentencia -nueve años cada uno- reciben el indulto estando cerca de cumplir la mitad de la pena, con algo más de cinco años por cumplir.
Los indultos que el Gobierno ha aprobado este martes extinguen la pena de prisión que les quedaba por cumplir a cada uno, pero les mantiene inhabilitados.
En casos de indulto parcial, la ley que regula los indultos estipula que la retirada de la pena no incluye la inhabilitación para cargos públicos, excepto si el Gobierno lo añade explícitamente al concederlo, y el indulto total se reserva para "razones de justicia, equidad o utilidad pública". Sin embargo, el Gobierno no ha optado por esta opción y los indultos a los presos del 1-O solo les eximen de la pena de cárcel, por lo que todos seguirán inhabilitados durante el mismo tiempo por el que fueron condenados a prisión.
Los indultos también fijan un periodo de seguridad, de entre tres y seis años, en el que no pueden reincidir en el delito. En paralelo, Cuixart, Rull y Turull ya han recurrido su condena ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) alegando vulneración de derechos fundamentes, y previsiblemente el resto de presos del 1-O harán lo mismo cuando el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie sobre sus recursos: hasta ahora, ha tumbado todos los que ha resuelto, con los votos discrepantes de dos magistrados.
La decisión del Consejo de Ministros de indultar toda la pena de prisión que queda por cumplir a los presos del procés conllevará su salida de prisión prácticamente inmediata, una vez que el Tribunal Supremo lo comunique a los servicios penitenciarios catalanes. Fuentes jurídicas han indicado a Efe que, en el momento en el que el Gobierno comunique oficialmente al tribunal los indultos, el Supremo podrá ordenar la puesta en libertad incluso antes de que el BOE publique los decretos en los que se plasman esas medidas de gracia.
La intención de los magistrados es facilitar los trámites todo lo posible para que bien este martes o mañana miércoles sean puestos en libertad. Para ello, el Ejecutivo debe informar al tribunal que a su vez dictará una providencia para ejecutar el decreto del Gobierno y remitir un mandamiento a las prisiones correspondientes en el que ordene la puesta en libertad de los beneficiados.
La ley de 1870 señala que "la aplicación de la gracia habrá de encomendarse indispensablemente al tribunal sentenciador", es decir, corresponde a los magistrados que se opusieron a su concesión en el informe que solicitó el Gobierno.
En principio, al no ser necesaria una nueva liquidación de condena, el tribunal dará por extinguidas las penas de prisión y puede incluso comunicarlo a las prisiones antes de dictar el auto correspondiente.
En ese auto es previsible que se haga alusión a la condicionalidad que ha establecido el Ejecutivo para los indultos, que podrán ser revertidos si los beneficiados por la medida de gracia incurren en algún delito grave en un período de tiempo que va entre los tres y seis años.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá ante el Pleno del Congreso la próxima semana, el 30 de junio, y ahí explicará los indultos de los presos del procés, además de los acuerdos adoptados en el Consejo de la Unión Europea (UE) de fin de semestre, según se acordó este martes en la Junta de Portavoces.
Hace una semana, el Gobierno ofreció la comparecencia a primeros de julio para dar cuenta de las conclusiones de la próxima cumbre de la Unión Europea, pero sobre la mesa también estaba la petición del PP, apoyada por Vox y Ciudadanos, para que Sánchez informara de los indultos.
Ese día, la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, garantizó en rueda de prensa que el Gobierno explicara la concesión de esa medida de gracia cuando se resolviesen los expedientes, por lo que en la comparecencia informativa de la Unión Europea se encajaría también este tema.
Sánchez ya argumentó este lunes, en el acto de Barcelona, que el Ejecutivo ha decido tomar esta decisión de conceder los indultos para afrontar el conflicto que existe en Cataluña y buscar la concordia".
"Pensando en el espíritu constitucional de concordia, propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los nueve condenados en el juicio del procés que hoy están en prisión", anunció, al tiempo que subrayó que la medida de gracia es un primer paso para el proyecto de reencuentro y concordia que busca para superar el conflicto.
En este sentido, defendió la decisión alegando "su utilidad para la convivencia" y justificó que ahora es el momento de hacerlo porque ya ha acabado la vía judicial con la sentencia firme del Tribunal Supremo (TS), porque el Gobierno está obligado a tramitar las peticiones de indultos y porque cree que la pandemia ha transformado la sociedad: "Nos ha recordado hasta qué punto nos necesitamos los unos a los otros".
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