El Gobierno aprueba un nuevo paquete de ayudas con 110 medidas por 3.765 millones

El Consejo de Ministros aprueba medidas para que 400.000 trabajadores afectados por la DANA mantengan sus ingresos

Sánchez evita pedir dimisiones por ahora: "Estamos en lo que hay que estar"   

Sánchez comparece en Moncloa para informar de las nuevas medidas aprobadas ante la DANA. / Javier Lizón / Efe
Redacción

11 de noviembre 2024 - 12:32

El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes un segundo paquete de ayudas para los afectados por los efectos de la DANA. Este segundo paquete de ayudas está compuesto por 110 medidas y una inversión de 3.765 millones, con medidas laborales para los trabajadores afectados por la DANA, el llamado 'escudo laboral', con efectos retroactivos desde el 29 de octubre, que permitirá mantener sus ingresos a unos 400.000 trabajadores. Este segundo Real Decreto llega tras un primer paquete de medidas por valor de 10.600 millones de euros para ayudar a particulares, autónomos y empresas.

Según ha señalado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a las medidas aprobadas la pasada semana, se alcanzan ya los 14.373 millones, un "escudo social" que "podrá ayudar en torno a unos 400.000 trabajadores a mantener sus ingresos, a unas 30.000 empresas a reactivar su actividad y a unos 100.000 hogares a cubrir las necesidades básicas".

Entre las nuevas medidas, el decreto ley incluye extender las ayudas directas a la vivienda a los propietarios que no residen en ellas pero las tienen arrendadas, al tiempo que se amplia a los inquilinos las ayudas por enseres dañados. Asimismo, habrá un anticipo inmediato del 50% de estas ayudas "para que no tengan que esperar mientras se tramita su expediente".

Más de 2.800 particulares han pedido ayudas directas por daño a la vivienda y pérdida de enseres y se han cursado más de 158.000 reclamaciones al consorcio de compensación de seguros, de las que el 80% ya están en tramitación y las primeras han empezado a cobrarse, ha detallado Sánchez.

El Consejo de Ministros ha aprobado además, el aumento "temporalmente en un 30% las ayudas a la infancia" y "la extensión del código de buenas prácticas hipotecario para que los hogares afectados por la DANA puedan congelar sus hipotecas durante 12 meses adicionales, una vez pasados los 12 meses ya recogidos en el Real Decreto que ya aprobamos la semana pasada", ha asegurado Sánchez.

Sánchez ha explicado que para una hipoteca medida de 120.000 euros con una cuota de 600 euros firmada antes de la dana, durante los próximos tres meses se pagarían 0 euros y luego la cuota sería de 300 euros los 9 meses adicionales, el 50% menos. Con esta extensión, una vez pasado ese periodo, aquellos que tengan riesgo de vulnerabilidad pagarían 300 euros durante 12 meses más, hasta noviembre de 2026. Esta medida, ha añadido, garantiza un alivio significativo hipotecario gracias a la extensión de este código de buenas prácticas, creado en 2022.

Además, el Ejecutivo ha anunciado que se van a destinar 25 millones de euros para comprar viviendas y ampliar el parque para los damnificados. Asimismo, se han habilitado 150 viviendas de titularidad estatal que están situadas dentro o cerca de las zonas dañadas, para ponerlas a disposición de los afectados de forma gratuita e inmediata.

Sánchez ha anunciado la prohibición de realizar cortes de energía eléctrica y gas a los hogares afectados por las riadas. Asimismo, se va a permitir, sin coste para el consumidor, modificar y suspender temporalmente los contratos de suministro, así como aplazar las facturas.

En estos últimos 6 días se ha restablecido la electricidad a la practica totalidad de los hogares, así como al 95 % de las líneas de telefonía dañadas (fijas y móviles). También se han reabierto numerosas carreteras y líneas de tren, aunque en las carreteras interiores queda mucho por hacer ya que están colapsadas por la dana. Las reaperturas han sido posibles gracias a 800 operarios y más de 400 máquinas, ha detallado.

En este contexto, Sánchez ha anunciado que 400 empresas han solicitado ERTE para 9.000 trabajadores, más de 2.800 personas han pedido ayudas por daño a vivienda o pérdida de enseres y se han contabilizado 158.000 solicitudes al Consorcio de Compensación de Seguros, de las que el 80% en tramitación y las primeras han empezado a cobrarse.

Para facilitar la tramitación se van a abrir 15 oficinas móviles y 12 puntos de atención especial en las oficinas de la Agencia Tributaria. En este sentido, se van a ampliar temporalmente las plantillas en las subdelegaciones del Gobierno, se van a crear puntos de atención en todas las oficinas de Correos y se va a abrir una red de oficinas temporales en los municipios afectados, de las que 10 estarán operativas esta misma mañana.

Escudo social y laboral

El Gobierno ha autorizado al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a distribuir 50 millones de euros entre los municipios afectados por la DANA a través de una concesión directa de subvenciones para financiar la contratación de personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo.

El Ministerio de Trabajo ha detallado que el permiso retribuido lo podrán solicitar cada uno de los progenitores o cuidadores para atender a personas a su cargo, por la imposibilidad de trasladarse a su lugar de trabajo, por la necesidad de acondicionar su vivienda o por desaparición o fallecimiento de familiares y durante todo el tiempo que persista la causa. Aunque el pago correrá a cargo de las empresas, en la actualidad 412 compañías de la zona ya han solicitado un ERTE, de forma que los trabajadores afectados cobrarían la prestación por desempleo y no este permiso.

También se extiende la figura del ERTE por fuerza mayor a empresas de los municipios que no estén en la lista de los damnificados por la dana pero que se hayan visto afectadas por sus consecuencias, lo que supone que la Seguridad Social se hará cargo del 100 % de las cotizaciones de los trabajadores incluidos en esos expedientes.

El teletrabajo será preferente y los trabajadores también podrán solicitar la adaptación de su jornada (ya sea mediante una reducción, cambio de turno, jornada intensiva, horario flexible...) teniendo en cuenta las necesidades empresa y empleado y negociando ambas partes de buena fe.

Todas las bajas (incapacidad temporal) se tratarán como accidente de trabajo, lo que elimina el requisito de número de años previos cotizados.

En cuanto a la nulidad de los despidos, afectará a empresas que reciban ayudas y también en despidos a trabajadores por acogerse a algunas de las medidas o permisos aprobados.

En los ERTE, el informe de la Inspección dejará de ser obligatorio, para agilizar, y los trabajadores recibirán prestación por el 70 % de la base reguladora, sin necesidad de periodo mínimo de cotización y sin que consuma desempleo.

Estas condiciones se extienden a las empleadas de hogar que no puedan trabajar por la DANA.

Ayudas para el tejido productivo

El decreto ley también incluye ayudas directas de 200 millones para explotaciones agrarias que no puedan realizar la siguiente campaña con normalidad o que tengan unas pérdidas de su potencial productivo superiores al 40%, a lo que se suma una línea adicional del ICO de 60 millones de euros para agricultores y ganaderos.

Otros 175 millones se destinarán a reparar infraestructuras agrarias como caminos, bancales y sistemas de regadío, mientras que se destinarán 45 millones a restaurar la Albufera y las cuencas fluviales afectas.

Se dedicarán 500 millones a financiar un plan de acción contra el Lodo para retirar los restos acumulados y reparar las redes de agua de los municipios afectados. Adicionalmente, se destinan 2 millones en ayudas directas a cines, librerías y entidades culturales que han tenido que cerrar sus puertas.

Del total de ayudas aprobadas este lunes, la mayor partida corresponde al Ministerio de Trabajo y Economía Social, 1.439,6 millones; seguido por el de Inclusión y Seguridad Social (1.098 millones); Transición Ecológica y Reto Demográfica (516,6 millones) y Agricultura, pesca y Alimentación (444,5 millones).

Sánchez ha anunciado una modificación de la Ley de Protección Civil "para que todo lo que tenga que ver en la enseñanza a nuestros jóvenes y con la enseñanza a la hora de conducir y atender emergencias cuando estamos en el coche, sean incorporadas con carácter obligatorio", ha afirmado.

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