6.700 gibraltareños aprovechan los servicios españoles sin pagar al fisco

El Gobierno ha desvelado, en la documentación enviada a la Unión Europea (UE) que un tercio de los habitantes de Gibraltar está utilizando los servicios públicos españoles así como sus infraestructuras pero sin contribuir fiscalmente al pago de los mismos. Por ello, el Ejecutivo de Mariano Rajoy anuncia ante Bruselas que está tomando medidas contra estas personas y contra las sociedades pantalla que ocultan la titularidad de 3.000 inmuebles radicados en España.

Estos datos constan en la documentación que España ha enviado a Bruselas a raíz del conflicto surgido este pasado verano con el Peñón de Gibraltar.

En este informe remitido a Bruselas, el Gobierno detalla, además de los problemas medioambientales que está generando el Ejecutivo gibraltareño con los bloques de hormigón, el bunkering y la situación que ha provocado el régimen fiscal aprobado por las autoridades del Peñón, que ha propiciado que sólo un 10% de las sociedades radicadas allí paguen impuestos.

España ha decidido y así se lo comunica a la Comisión, desarrollar medidas para "combatir el fraude fiscal originado en Gibraltar, tanto a través de sociedades pantalla gibraltareñas que ocultan la titularidad de más de 3.000 inmuebles radicados en España, como de los más de 6.700 gibraltareños que manteniendo su residencia real, pero no fiscal, en España y se benefician de los servicios sociales e infraestructuras españolas sin haber contribuido a los mismos".

En el dossier se especifica que el régimen fiscal gibraltareño se caracteriza por la "opacidad", especialmente en el "impuesto de sociedades". Y para apoyar la argumentación, España utiliza datos del fisco británico, según los cuales hay 21.770 sociedades registradas en el Peñón, de las cuales sólo el 10% paga impuestos. "Debido a que la población de Gibraltar es de aproximadamente 30.000 personas, es obvio que gran parte de estas sociedades están constituidas por no residentes en Gibraltar que buscan la evasión fiscal a través de la deslocalización de empresas, especialmente perjudicial para los países de establecimiento real de dichas sociedades", explica España ante Bruselas.

Por este motivo, el Ejecutivo de Rajoy denunció ante la Comisión Europea en junio de 2012 la "ayuda de Estado ilegal e incompatible de las sociedades extraterritoriales de Gibraltar como consecuencia su régimen fiscal societario" y ahora se está a la espera de que la Comisión "abra un procedimiento formal de investigación a la mayor brevedad posible".

España también relata a las autoridades comunitarias otra "importante violación" que se produce desde Gibraltar como son los "tráficos ilícitos" de tabaco. Este delito se ha visto favorecido por el hecho de que Gibraltar está fuera del territorio aduanero comunitario y no aplica el régimen común del IVA y los impuestos especiales. En este sentido, se aportan algunos datos como el hecho de que en 2012 Gibraltar importó 140 millones de cajetillas de tabaco, que contrastan con su población, que es de 30.000 personas; o que entre 2010 y 2012 las aprehensiones de cajetillas hayan aumentado un 213%.

El Ejecutivo español deja claro que estos datos demuestran que es "necesario controlar los tráficos" en la Verja. "Son controles obligatorios e irrenunciables para nuestro país en ejercicio de sus responsabilidades ante la UE, plenamente adecuados al Código de Fronteras Schengen y guiados exclusivamente por los principios de aleatoriedad, proporcionalidad y no discriminación", argumenta España. España extremó los controles en la Verja, lo que provocó largas colas en la frontera con Gibraltar a lo largo de todo el verano y obstaculizó el contrabando de tabaco que de manera habitual venía produciéndose.

En este contexto, se expone también la posibilidad que está estudiando el Gobierno de imponer un "tasa por congestión en la Línea de la Concepción" para reducir la congestión del tráfico entre el Peñón y España.

Como ejemplo de una tasa de este tipo, el Gobierno recuerda que un sistema de esta naturaleza ya fue utilizado en la ciudad de Londres en 2003, y después del resultado positivo de ese "experimento" se ha introducido en otras ciudades europeas "con resultados apreciables".