La nieta de un fusilado defiende en la sala su derecho a saber la verdad

Madrid/El juicio contra Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo careciendo de competencias ha arrancado este lunes en el Tribunal Supremo con el testimonio de Olga Alcega, nieta de un fusilado durante la Guerra Civil que ha defendido que las víctimas "no tienen afán de venganza" sino que reivindican su "derecho a saber la verdad".

Esta mujer ha sido la primera de los cuatro testigos en declarar en la vista en la que el juez suspendido de la Audiencia Nacional se enfrenta a una pena de hasta 20 años de inhabilitación por un delito de prevaricación del que acusa el sindicato Manos Limpias. La Fiscalía no acusa en este procedimiento.

Según ha explicado, la Asociación de Familiares y Desaparecidos de Navarra, a la que pertenece, interpuso denuncia ante la Audiencia Nacional en 2008 con el objetivo que la Justicia investigara el paradero de 3.452 personas desaparecidas en la comunidad foral. "Todos ellos, por no decir el cien por cien, siguen a día de hoy desaparecidos", ha añadido.

Olga Alcega Madurga entiende que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y lamenta que "todos han mirado hacia otro lado", desde las administraciones, hasta parte de la sociedad e incluso los órganos jurisdiccionales, que "no se han interesado". Tras indicar que en la etapa de la transición "todo el mundo quiso cerrar ese duelo", ha agregado: "Queremos Justicia, creo que se lo merecen". En la vía administrativa, ha explicado que su asociación ha acudido al Parlamento navarro, a los ayuntamientos y "a donde haga falta" con la mirada puesta en localizar a los miles de desaparecidos y colgar una placa en su recuerdo.

"En Pamplona, como en cualquier otra ciudad española, cuando aparecen restos arqueológicos se paraliza la obra y van los técnicos de la Administración. Sin embargo, cuando saben que hay personas desaparecidas en un campo o un cementerio, miran hacia otro lado. Jamás nunca nadie nos ha prestado ayuda", ha advertido. Eso sí, ha precisado que la asociación recibió una subvención del Gobierno de Aragón para exhumar los restos de 81 cuerpos -79 hombres y dos mujeres- localizados en una fosa en el municipio zaragozano de Magallón. Las labores de búsqueda fueron llevadas a cabo por los colectivos de memoria histórica gracias a su trabajo "voluntario" y sin "cobrar nada".

"Están tirados en campos y cunetas como perros, los restos deben estar en los cementerios", ha señalado sobre los cuerpos del resto de desaparecidos. Sobre su caso personal, ha explicado que su abuelo, cartero de profesión, lleva 74 años desaparecido desde que "el gobernador civil solicitó su destitución, le trasladaron a Magallón y le dieron un tiro en la cabeza".

A preguntas de la defensa de Garzón, ejercida por el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, ha subrayado que acudió a la Audiencia Nacional con el ánimo de "saber la verdad" y para que su abuelo "quede limpio" ya que muchos documentos hablaban de que "era peligroso por pensar diferente". "No tengo afán de venganza, pero tengo derecho a saber. He tenido un padre que le he visto sufrir día a día porque quedó marcado", ha añadido.

"Ninguna subvención ha ido a ningún bolsillo personal"

El presidente de la Asociación Memoria Histórica Aguilar de la Frontera, Rafael Espino, ha explicado ante los siete magistrados que forman el tribunal que su organización denunció ante la Audiencia Nacional la desaparición de 111 personas desde el 18 de julio de 1936 hasta finales de aquel año y demandó la apertura de las fosas comunes ubicadas en este municipio cordobés. En particular, Espino ha dicho tener hasta siete familiares desaparecidos tanto por parte materna como paterna, entre los que se incluye su bisabuelo, ex alcalde socialista. En la denuncia presentada en septiembre de 2008, aportó incluso un testigo conocedor de la comisión de los asesinatos y que a día de hoy debe tener "97 o 98 años".

Ha relatado que hace dos años comenzó la primera exhumación que culminó con la recuperación de 55 cuerpos que presentaban "signos evidentes de violencia, tiros en la nuca, manos atadas a alambres". Su asociación encontró después los restos de diez personas más y recibió una subvención, de la que "ninguna cantidad fue a parar al bolsillo personal" de sus integrantes, según ha respondido a preguntas de la defensa.

El siguiente testigo en tomar la palabra ha sido Manuel Perona, presidente de la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica de Cataluña, que interpuso denuncia en diciembre de 2006 ante la Audiencia Nacional para localizar a ocho desaparecidos de Manresa (Barcelona). Según sus investigaciones, no eran combatientes, sino civiles que fueron "sacados por fuerzas de la Guardia Civil y por paramilitares del Ejército" y se les considera víctimas de una desaparición forzada.

El colectivo investiga la desaparición de más de 1900 personas en todo el territorio nacional y mantiene un convenio, según ha dicho, con la Generalitat de Cataluña para localizarlas. El Gobierno catalán también ha prometido conformar una base de datos aunque, por lo demás, la asociación se vale "de sus propios medios". "No pedimos subvenciones", ha apostillado. A preguntas del abogado de la acusación José María Ruiz, ha resaltado que no presentaron denuncia ante juzgados territoriales porque, según entendían, "siempre se archivaban o no se atendían".

Denuncias ante la Audiencia Nacional

El cuarto y último testigo de la vista ha sido Pedro Fausto Canales, miembro de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid e hijo de un desaparecido durante el conflicto.

Su asociación denunció ante la Audiencia Nacional en diciembre de 2007 la desaparición de "diez víctimas directas", en su mayoría jornaleros y comerciantes, que fueron "secuestradas en el verano del 36" por parte de un grupo de falangistas en el pueblo de Pajares de Adaja (Ávila). El colectivo ha indagado hasta llegar a la conclusión de que los restos están enterrados en el Valle de los Caídos.

La tardanza en denunciar los hechos se debió al transcurso de la dictadura y la transición y no fue hasta cuando su jubilación cuando se "ha dedicado plenamente" a reclamar que se investigara "la verdad de lo que ocurrió y se hiciera Justicia". A su entender, si logran Justicia y se depuran las presuntas responsabilidades, los familiares de las víctimas se sentirán por fin "reparados".

Al igual que el resto de testigos, ha subrayado que su organización no interpuso ninguna denuncia previa en un juzgado territorial y que tampoco ha recibido subvenciones para la búsqueda de estos diez desaparecidos. Eso sí, ha precisado que la asociación ha podido recibir algún tipo de ayuda para elaborar un mapa de fosas, pero que "de ninguna manera ese dinero ha ido a parar al bolsillo de los miembros".

A preguntas del letrado de Manos Limpias, ha respondido que presentó su denuncia ante la Audiencia Nacional al tipificar los hechos como un delito de secuestro permanente cometido a nivel nacional.

El juicio se reanudará este martes con el testimonio de tres testigos ante el tribunal, formado por el magistrado Andrés Martínez Arrieta (ponente de la sentencia), Carlos Granados (que preside la vista), Perfecto Andrés Ibáñez, Julián Sánchez Melgar, José Ramón Soriano Soriano, José Manuel Maza Martín y Miguel Colmenero Menéndez de Luarca.