Los funcionarios acusan al Ministerio de Justicia de clasismo durante los paros

Madrid/Los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT, convocantes de los paros de funcionarios en la administración de Justicia, han acusado este jueves de "clasismo" al Ministerio y han amenazado con una huelga indefinida si no reciben una oferta económica como la firmada con los letrados y la planteada a jueces y fiscales.

"En el Ministerio de Justicia las políticas de personal y retributivas se desarrollan con absoluto clasismo", ha afirmado a los medios durante una protesta frente al Ministerio Luis Calero, representante de CCOO, que se ha referido al paquete de 44,5 millones de euros que el miércoles ofreció el Gobierno a las asociaciones judiciales y fiscales.

En su opinión, aunque la Justicia se desarrolla en equipo, "solo a una pequeña parte del colectivo, precisamente la más privilegiada" se le reconocen sus funciones y se les retribuye por ellas.

Solución para todos

Las reclamaciones de estos trabajadores "supondrían unos 200 millones de euros anuales" entre los 45.000 funcionarios de la administración de Justicia, para los que piden subidas mensuales de entre 350 y 430 euros brutos, en función de la categoría profesional.

También los varios centenares de trabajadores de los juzgados y tribunales de la Comunidad de Madrid que se han manifestado frente al Ministerio han reprochado esta "discriminación" al departamento que dirige Pilar Llop: "Gobierno progresista, Justicia clasista", han coreado.

"Sería una buena noticia que se llegara una solución con los jueces y sería una excelente noticia que se pusieron a negociar con los sindicatos de los trabajadores y se llegara una solución de este conflicto también", ha señalado Antonio Lozano, portavoz de UGT.

45.000 funcionarios

Al hilo, Javier Jordán, presidente de Justicia de CSIF, el sindicato mayoritario en este sector, ha afeado a Llop que hiciera "una aparición" en la reunión del miércoles con jueces y fiscales y no esté dialogando con ellos, sin una nueva reunión a la vista.

"Menos palabras y más hechos, le diría yo a la ministra. Menos fiestas y menos viajes y más estar aquí resolviendo este conflicto", ha instado Jordán, quien ha confirmado que, si siguen sin recibir la oferta que piden, el día 16 los sindicatos presentarán "un escrito a Presidencia pidiendo el cese" de Llop.

Los 45.000 funcionarios de los cuerpos generales y especiales de la administración de Justicia, el 93% de la plantilla de juzgados y tribunales, están llamados a movilizaciones desde el pasado 17 de abril para exigir "una subida salarial digna en línea con las funciones que realizan a diario".

Huelga indefinida

Tras mantener al principio paros parciales diarios de tres horas, la semana pasada endurecieron sus medidas de presión y convocaron varias huelgas generales de 24 horas como la de este jueves, que se repetirán los días 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo y se convertirán en una huelga indefinida si no hay una oferta económica por parte del Gobierno.

Según los sindicatos, el seguimiento diario es de entre el 85 y el 90%. En concreto, este jueves han hablado de un "parón total en la administración de Justicia" con un 90% de seguimiento, los juzgados "completamente vacíos" y sin "actividad judicial en absoluto más allá de los servicios esenciales".

Justicia, por su parte, cifra el apoyo en el 28,50% en las comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias y dependen del Ministerio: Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares, Ceuta y Melilla.

LOEO

Ante el impacto de los paros, el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, ha pedido a los representantes de los sindicatos en un reunión esta mañana que se garantice la atención de las causas especialmente vulnerables y que se avise de las suspensiones de señalamientos y otros actos procesales.

Además de sus reclamaciones retributivas, los sindicatos exigen que se negocie con ellos la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, hecha "a espaldas de los representantes sindicales de los trabajadores", ha denunciado José Luis Fernández, de STAJ.