El fiscal descarta imputar a Urdangarín de momento

La Fiscalía Anticorrupción no tiene previsto solicitar de momento al juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, que cite a declarar como imputado al duque de Palma, Iñaki Urdangarín, en relación con la investigación sobre el Instituto Nóos que presidió.

Así lo han informado fuentes de esta fiscalía especial, que han señalado que Anticorrupción no tomará decisión alguna sobre la situación procesal de Urdangarín hasta que se analice la documentación intervenida en el registro realizado en la sede del citado instituto en Barcelona, así como otra requerida a Valencia, y se practiquen varias declaraciones testificales ya previstas.

Las pesquisas que afectan al duque de Palma se llevan a cabo en una pieza separada del caso Palma Arena de supuesta corrupción, en el marco de la cual se interrogó hace unos meses en Palma de Mallorca a Diego Torres, que fue vicepresidente del Instituto Nóos cuando Urdangarín lo presidía en 2005, y un año después pasó a dirigir la entidad cuando este renunció a su cargo.

En concreto, en la pieza se investigan los delitos de malversación de fondos públicos y falsedad en los que se pudo incurrir desde el Instituto Nóos y empresas vinculadas a él durante la segunda legislatura del presidente balear Jaume Matas (2003-2007). El supuesto desvío del dinero público se produjo al parecer en el marco de dos convenios con el Gobierno balear por los que el organismo que presidía Urdangarín recibió 2,3 millones de euros para organizar un foro deportivo.

Los convenios se rubricaron el 17 de julio de 2005 y el 17 de septiembre de 2006 y sirvieron para crear este encuentro internacional sobre deporte y turismo, que pretendía convertirse en un observatorio permanente y mundial especializado en estas dos materias. En virtud del primer convenio, el Gobierno autonómico balear pagó a Nóos 1,2 millones de euros, mientras que por el segundo abonó 1,1 millones.

El registro de la sede del Instituto Nóos en Barcelona se llevó a cabo el mismo día en que la Policía retiró de las sedes de la Conselleria de Presidencia de la Generalitat Valenciana y de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) documentación sobre los contratos firmados con esta entidad.