El fango enloda al Número 1

"Quien la hace la paga". Tiró de esta frase tan recurrente hace unos días Pedro Sánchez para defender su compromiso contra la corrupción a propósito de los casos en los que están bajo sospecha familiares y colaboradores directos. Fue la misma sentencia que lanzó hace nueve años en su intervención ante el Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid cuando era aspirante a La Moncloa. Y añadió: "Si tengo el honor de ser elegido presidente, quiero asumir ante los españoles la modificación Código Penal para que en los casos de corrupción, no sólo se actúe contra el patrimonio del condenado, sino también contra el patrimonio que haya podido esconder a nombre de terceros".

Ya ha llovido desde 2015 y, como refería Rajoy citando a Churchill, "la mejor dieta para un político es comerse sus propias palabras". Sánchez es un glotón voraz. Los vaivenes y cambios de opinión jalonan su carrera. "Ir deprisa es olvidar deprisa", escribió Jean-François Lyotard. Eso lo sabe mejor que nadie el presidente. Sin embargo, se ha topado con la Justicia y su figura se está ensuciando día tras día por más que domine como nadie el relato y la agenda.

Como Trump, su defensa es el ataque, sin contemplaciones y sin que se le mueva un músculo de la cara, y cuando lo acechan, tira de manual de resistencia y atiza con la máquina del fango, la fachosfera o cualquier argumento para arremeter contra el oponente y obviando la responsabilidad política de su cargo.

De los creadores del "Señor X", vinculado a Felipe González, y de "M. Rajoy", ligado obviamente al anterior presidente del Gobierno, llega a nuestras pantallas el "1", el número con el que Víctor de Aldama, conseguidor de la trama Koldo, denominaba a Sánchez, según el informe de la UCO remitido al juez Ismael Moreno, y cuyo entramado no se reduce a los chanchullos millonarios con las mascarillas (con la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro Ángel Víctor Torres también en el disparadero por sus anteriores funciones en Baleares y Canarias);también a la intrigante visita de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a Barajas o al rescate de Air Europa gracias a los tejemanejes del círculo cercano al jefe del Ejecutivo.

Tiene Sánchez un ramillete de frentes abiertos y sus intentos por desmoronarlos no están resultando fructíferos. El caso de su hermano, David Azagra; el de su mujer, Begoña Gómez; la trama del tándem Ábalos-Koldo con varias ramificaciones; la causa abierta por el Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz... quizás no le quiten el sueño al presidente, pero sí desde luego le preocupan; para muestra, el botón de su reclusión durante cinco días para meditar si continuaba o no gobernando a todos los españoles. ¿Puro teatro? Así parece analizándolo con perspectiva. Otra cosa es que sus socios parlamentarios, asidos a él fuertemente porque saben que el futuro con el PP y Vox es mucho menos halagüeño, den un volantazo en algún momento, pero ni Junts ni PNV, muletas de derechas del Ejecutivo progresista, se lo plantean. Tampoco Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares, sabe cómo hincarle el diente a un tiburón como Sánchez, o más bien un gato por su virtud para sobrevivir. El gallego, que tampoco él mismo si sube o si baja, se aferra a los tribunales para que lo ayuden con sus investigaciones a laminar el sanchismo. Los magistrados, desde luego, tienen tarea por delante con las causas que afectan directa o indirectamente a Sánchez. Los populares interpusieron una querella por presunta financiación irregular del PSOE, rechazada por Anticorrupción hace tres días.

David Sánchez

David Sánchez, hermano pequeño del presidente del Gobierno y conocido como David Azagra, está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz por malversación, delito continuado contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, tráfico de influencias y prevaricación. La Justicia indaga su fichaje como director de la Oficina de Artes Escénicas con un sueldo anual de 55.000 euros y si acude a su puesto de trabajo, puesto que tiene su residencia en Portugal. El presidente de la Diputación pacense y secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, también está imputado por su papel en la contratación de Azagra.

Begoña Gómez

La mujer del presidente está imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios por el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid por recomendar la contratación de la empresa de Juan Carlos Barrabés en hasta tres adjudicaciones públicas del Gobierno. La Audiencia de Madrid ha abierto una vía para que también sea investigada por apropiación indebida por inscribir a su nombre un software valorado en 150.000 euros que Indra, Google y Telefónica hicieron gratis para la Complutense. Además, la investigación del caso Koldo, en la Audiencia Nacional, ha revelado que Sánchez, Ábalos y la entonces ministra de Economía, Nadia Calviño, mantuvieron una reunión clave para el rescate de Air Europa el mismo día que Gómez se reunió en secreto con Javier Hidalgo, CEO de la aerolínea, en la sede de Globalia. El pasado viernes, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó por unanimidad estudiar la querella de la Abogacía del Estado, en representación de Pedro Sánchez, por un presunto delito de prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra Begoña Gómez, y que estuvo en La Moncloa para tomar declaración a su marido, que se acogió a su derecho a no hablar.

Toda la maquinaria gubernamental, empezando por la portavoz, Pilar Alegría, han gastado esfuerzos y tiempo en tratar de desacreditar al juez, aunque sea un asunto personal de la mujer del presidente.

Koldo y Ábalos

Hace ocho meses fue detenido Koldo García Izaguirre, ex asesor del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, por supuesto cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de contratos en la compra de mascarillas en plena pandemia. El pasado miércoles, Anticorrupción pedía la imputación del ex secretario de Organización del PSOE tras ver la luz un extenso informe de la Guardia Civil en el que se pone de manifiesto el "papel relevante" de Ábalos en la trama urdida junto al empresario Víctor de Aldama, con presuntas mordidas de dinero desviado desde contratos por valor de casi 60 millones de euros a distintas administraciones socialistas, entre ellas los ejecutivos balear, presidido entonces por Armengol ("Vale, cariño, te mantengo informada de todo"), hoy presidenta del Congreso, y canario, en la época de Torres, actualmente ministro de Política Territorial.

Ábalos, diputado del Grupo Mixto desde finales de febrero y hoy un apestado en el PSOE tras ser el fontanero del partido y ser uno de los principales apoyos de Sánchez desde que se embarcó en la travesía de recuperar la Secretaría General de la formación, está a un paso de ser imputado por el Supremo por consentir y beneficiarse de la trama corrupta. Los implicados le compraron un chalé en La Alcaidesa (La Línea) y le pagaron el alquiler de un piso de lujo su novia en Madrid.

Víctor de Aldama

Cerebro de la trama Koldo, es el perejil de todas las salsas presuntamente corruptas. El juez Santiago Pedraz ordenó hace diez días prisión sin fianza para el ex presidente del Zamora CF por un fraude de 182 millones de euros de hidrocarburos. Está íntimamente ligado al caso de las mascarillas, así como al de Delcy Rodríguez y Air Europa, de los que ahora haremos referencia.

ADIF y Puertos

El caso Koldo puso también en entredicho los mecanismos de contratación de dos empresas de la esfera de Transportes: Puertos del Estado y Adif. Óscar Puente, titular del departamento que dirigió antes Ábalos, ha destituido a varios responsables por su implicación en la trama. 

La Fiscalía acusa a Jesús Manuel Gómez, ex subsecretario de Estado de Transportes, de ejercer de "correa de transmisión" entre el ministro" y los responsables de adjudicar los contratos. La investigación cree que el ex secretario general de Puertos Álvaro Sánchez Manzanares "ejercía presiones" para dar a dedo contratos a la empresa de las mascarillas, Soluciones de Gestión. Michaux Miranda, ex jefe de personal de Adif, está investigado por ayudar a que fuera la beneficiaria de las adjudicaciones. Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de ADIF, declaró como testigo y negó haber elegido a la empresa, pero Miranda la señaló en el Juzgado como facilitadora del contacto. Francisco Toledo, ex presidente de Puertos, admitió que firmó el acuerdo para contratar a la trama, aunque negó contactos previos. Puertos pagó unos de 20 millones a la compañía. Javier Sánchez Fuentefría, ex director general de Organización e Inspección de Transportes, tuvo, según la UCO, un "papel clave" en la contratación de la compañía.

Delcy Rodríguez

La UCO también ha profundizado en episodios en los que habría intervenido directamente el propio Sánchez, como la visita a España de Delcy Rodríguez en enero de 2020, asunto del que habló el presidente en su reciente visita al Vaticano, admitiendo que Ábalos lo "informó" pero que era un viaje "privado" y que se enteró "más tarde" de las sanciones de la UE contra la vicepresidenta venezolana.

"Y para acabar de molestarte, la vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes y quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de comunicación (que es su hermano). La gestión que acordamos en favor de las empreas españolas ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda", reza el mensaje de Ábalos a Sánchez, del que consta una captura de pantalla. A ello el jefe del Ejecutivo español responde: "Bien". Delcy tenía una estrecha relación con Aldama por el tono cariñoso de sus mensajes. Además, éste negoció con la caribeña la compra de 104 barras de oro por valor de 62,6 millones de euros.

Air Europa

El rescate de Air Europa no estaba en el foco de los investigadores del caso Koldo. Sin embargo, el informe de la UCO pone en la picota la inyección de 475 millones que la aerolínea recibió de La Moncloa por la implicación de los miembros de la trama en la misma. Los mensajes interceptados evidencian que Javier Hidalgo, ex CEO de Globalia, estaba al tanto de las conversaciones por la mediación de Koldo García.

Fiscal general del Estado

Álvaro García Ortiz tiene muy revuelto el gallinero del Ministerio Público, con muchos colegas pidiendo su dimisión por manchar el nombre de la institución. El fiscal general del Estado se encuentra a las puertas de una imputación por revelación de secretos por su intervención en la elaboración de una nota de prensa en la que se desvelaron datos sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, implicado en una causa por delito fiscal. Sánchez y el Gobierno en pleno, por supuesto, lo respaldan. Feijóo lo considera un hito más en la instrumentalización institucional que marca la carrera del presidente.

Tito Berni

Antes que todas estas causas irrumpió la figura de Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni, diputado socialista que fue destituido en febrero de 2023 por ser considerado uno de los cabecillas del caso Mediador en la que se investiga una trama de sobornos a cargos públicos, una historia sórdida, incluyendo las fotos con prostitutas de los responsables de la trama.

Puigdemont, ETA, Pegasus

Tras lograr la amnistía para los presos del procés y la eliminación del delito de sedición, el Gobierno se ha estrellado con los jueces por la malversación. El Supremo confirmó recientemente la decisión que tomó en julio de no aplicar el perdón a los malversadores de caudales públicos. El juez Pablo Llarena está siendo una piedra en el zapato de Carles Puigdemont... y de Sánchez, obligado a hacer equilibrios con Junts para que lo siga apoyando en el Congreso, pese a que su líder sigue sin poder pisar suelo español, salvo su escapada agosteña a Barcelona por la inoperancia policial. 

Además, la sintonía de Sánchez con Bildu permitirá a los presos de ETA convalidar las penas cumplidas en Francia gracias a la negligencia del PP y Vox, al no percatarse de la jugada y votar a favor en el Congreso, por más que ahora quieran intentar el apaño del choque institucional entre la Cámara Alta y la Baja para tumbar la reforma de la ley y la amenaza popular de llevar el asunto al Constitucional. Más trabajo para los jueces... 

Muchas teorías apuntan a que el viraje de la relación del Gobierno español con Marruecos se debe a que el Estado norteafricano espió con el sistema Pegasus los móviles de Sánchez y de varios ministros. La posición respecto al Sahara, respaldando ahora a Marruecos, y el refuerzo de seguridad al otro lado de las fronteras de Ceuta y Melilla para frenar el paso de inmigrantes ilegales demuestran el acercamiento entre gobiernos, sea o no por Pegasus.