Un experto denuncia los "enormes errores" de la ley de memoria

Sevilla/El veterano jurista Alejandro Nieto García, catedrático de Derecho Administrativo que fue director del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha denunciado "enormes errores técnicos" en la Ley de Memoria Democrática en su último libro, Entre la Tercera y la Segunda República.

Publicado en Granada por Comares, sello especializado en textos jurídicos, el análisis de Nieto califica de "disparate" acotar el objetivo y finalidad de la ley entre las fechas del 18 de julio de 1936 y la de 1978, con la entrada en vigor de la Constitución, y califica de "sencillamente inaceptable" que se rompa "la relación entre el 18 de julio con los días, meses y años inmediatamente anteriores".

Nieto dijo que "el error técnico que primero salta a la vista es el señalamiento arbitrario de los límites temporales a que se refiere la ley ¿Por qué empieza el 18 de julio de 1936? Estos hechos están enlazados inseparablemente con otros anteriores: los asesinatos de Castillo y Calvo Sotelo, el octubre asturiano, el golpe de Sanjurjo". "Con esta maniobra es evidente que se pretende alejar de la ley acontecimientos que incomodan al legislador; pero la historia no puede cortarse como si fuera una salchicha", ha explicado.

Añade que "se ha utilizado un dogmatismo inaceptable al dividir la sociedad en buenos y malos, víctimas y verdugos, culpables e inocentes" y que la ley "desconoce que hubo rojos y fascistas geográficamente determinados: ¿qué podían ser los murcianos y zamoranos a la vista del terreno geográfico en que se encontraban?"

"La ley adopta una actitud filosófica-ideológica existencialista: Se es por naturaleza bueno o malo, rojo o fascista. Frente a esta actitud está no menos extendida la circunstancia conforme a la cual la actitud depende de las circunstancias concretas concurrentes, es decir, que cualquiera puede convertirse inesperadamente en rojo o fascista", ha señalado el jurista.

Según Nieto, "un Parlamento puede disponer casi a su antojo del régimen jurídico de los ciudadanos, pero no está a su alcance alterar los hechos".