Los gitanos españoles piden a Zapatero que les defienda de las medidas "racistas" francesas

Asociaciones de Gitanos en España han reclamado al Gobierno que "se pronuncie y defienda" al colectivo frente a medidas "racistas" que está aplicando Francia y que están provocando la expulsión a Rumanía y Bulgaria de personas de etnia gitana cuyos campamentos ilegales han sido desmantelados.

En concreto, la Fundación Secretariado Gitano ha remitido cartas "a los ministerios de Exteriores, Interior y Justicia", para que "defiendan lo que ha estado haciendo España durante la presidencia de la Unión Europea, que es promover las políticas de inclusión social con la comunidad gitana".

El presidente de la Fundación Secretariado Gitano, Isidro Rodríguez, ha afirmado que "no tiene sentido" que países punteros en la construcción de Europa y en la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos "sigan haciendo expulsiones" y ha destacado la "gran diferencia" con España. Además, ha dicho que "lo que más grave" es el mensaje que se lanza, "mezclando criminalidad, con ilegalidad e inmigración, que lo único que consigue es estigmatizar a los gitanos y cargarles de estereotipos".

Por su parte, el secretario general de Unión Romaní, Manuel García, ha coincido a la hora de señala que lo que ocurre en Francia "no tiene parangón con España", ya que "lo que ha hecho el país galo es coger al grupo mas débil para tapar el resto de problemas con una cortina de humo".

"Se están violando los Derechos Humanos de forma brutal"

"Se están violando los derechos humanos de una forma brutal en el país de la 'igualité', ha apostillado García, a la vez que insiste en que a los gitanos "les ha tocado ser el chivo expiatorio". En cualquier caso, ha asegurado que van a trabajar para que "no puedan echar a todos aquellos que tengan nacionalidad europea, reclamando la libre residencia".

Por su parte, el Ministerio de Sanidad y Política Social ha destinado 5,76 millones de euros para subvencionar programas de cooperación y voluntariado para la integración laboral y social del colectivo gitano con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), la partida para el pueblo gitano se integra en los 205,4 millones de euros que el departamento de Trinidad Jiménez ha determinado para distribuir en la convocatoria de subvenciones para fines sociales.

Reacciones de los partidos políticos

Por otro lado, los partidos políticos también han reaccionado ante la actuación del gobierno francés. Así, el portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Inmigración en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ha afirmado que Francia actúa "en virtud de su propia legislación y legitimidad" para deportar a ciudadanos rumanos de etnia gitana que no tengan permiso de trabajo, aunque ha advertido de que el país galo, con esta medida, "traslada el problema" al resto de los miembros de la Unión Europea (UE).

Ha explicado que si bien Francia mantiene la moratoria sobre la libre circulación de los ciudadanos rumanos y búlgaros en la UE, también ha indicado que este tipo de decisiones, como la de expulsar a los gitanos, no se pueden tomar de forma "unilateral", sino que tienen que ser "consensuadas" con el resto de los países europeos. "Así no se soluciona el problema, sino que se traslada de un país a otro", ha concluido.

Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Inmigración en el Congreso de los Diputados, Esperanza Estévez, ha calificado de "insolidaria" la ley aprobada en Francia para deportar a los ciudadanos rumanos de etnia gitana sin contrato de trabajo y ha acusado al Ejecutivo de Nicolás Sarkozy de "incentivar la xenofobia" y "alentar a la extrema derecha" europea.

"Francia está haciendo todo esto a ciegas, de una manera populista, sin contar con Rumanía e incentivando la xenofobia y el racismo", ha aseverado Estévez, para añadir que, precisamente, sobre asuntos relacionados con la etnia gitana, "hay muchas directivas europeas". "Esto no se puede hacer al margen de los países miembros porque cualquier acción tenderá a desplazarse al país vecino y éste tendrá que tomar también medidas", ha advertido.