La campaña 'abertzale' y el 15-M

LAS elecciones de hoy han estado precedidas de una campaña electoral marcada por el regreso de la izquierda abertzale, integrada en la coalición Bildu, a la parrilla democrática, merced a una discutida decisión del Tribunal Constitucional (TC), y por la irrupción de los indignados del Movimiento 15-M hasta la misma jornada electoral en las plazas de media España, reclamando una democracia más participativa que otorgue al ciudadano un papel menos vicario.

En el debate interpartidista puro y duro, medido milimétricamente por muchos medios de comunicación por imperativo legal, la crisis económica y el paro han eclipsado las propuestas de los partidos sobre las competencias propias de autonomías y ayuntamientos. En este sentido, el PP impuso su estrategia de convertir el 22-M en unas primarias de los comicios legislativos de 2012, en el terreno abonado para el mensaje de cambio de ciclo que Rajoy lanzó en el mitin de cierre de campaña en Madrid.

Con la crisis económica y el desempleo por bandera, los populares evitaron los asuntos movilizadores del electorado de izquierdas, como son las privatizaciones en la sanidad y la educación, marca de la casa en comunidades como Madrid y Valencia; no abusaron de los temas de largo recorrido populista o sumamente escabrosos, como son la inmigración -salvo algunos arrebatos xenófobos en Cataluña- o la energía nuclear, y pasaron de puntillas por unos casos de corrupción muy dañinos para su reputación -salvo en Andalucía, donde el caso de los ERE ha estado en todas las salsas regeneradoras del PP-A-. Desde una posición que se remitía al eslogan principal de la campaña, Centrados en ti, Rajoy y los más suyos derrocharon centrismo y moderación. Hasta cuando el TC dio el visto bueno a Bildu, los populares recogieron velas a tiempo tras dejar, eso sí, que José María Aznar y Jaime Mayor Oreja contentaran a su electorado más ultraleal clamando contra el pacto entre el Gobierno y ETA que sustentaba la decisión del tribunal.

Con el Movimiento 15-M, los principales dirigentes populares también tiraron de contención, y defendieron lo justo -sin rasgarse las vestiduras- la decisión de la Junta Electoral Central de prohibir las manifestaciones durante el día de reflexión y la jornada electoral. Sólo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, algo nerviosa al ver a los indignados desde la ventana de su despacho de la Puerta del Sol, amenazó con convocar a los 90.000 militantes del PP madrileño a concentrarse en la calle Ferraz hasta que "Zapatero se vaya". Ni que decir tiene que su partido, acostumbrado a este tipo de salidas de tono de la lideresa, tuvo que hacer un desmentido con carácter urgente.

Por su parte, el PSOE, arrastrado por el PP y las circunstancias -la EPA de abril resultó demoledora para sus intereses-, centró todos sus esfuerzos en movilizar a una parte importante de su electorado, castigado y decepcionado con el Gobierno por la gestión de la crisis económica, por los casi cinco millones de parados. Para ello, los socialistas recurrieron incluso a Rodríguez Zapatero que, a pesar de que había renunciado a presentarse en 2012 provocando un tsunami de alivio entre los suyos y de que el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de abril lo situaba por primera vez por detrás Rajoy, se convirtió en actor principal en un terreno electoral achicharrado por muchas de sus decisiones.

Y no dudaron en recurrir también de forma estéril a la añeja movilización electoral contra la derecha, y en señalar al PP como un partido irresponsable y antipatriota, más preocupado por llegar a La Moncloa que por salvar a España del acoso inmisericorde de los mercados.

El asunto Bildu lo solventó el Gobierno socialista jugando a doble baraja sin que se notara mucho: impulsó las actuaciones de la Abogacía del Estado y de la propia Fiscalía contra la listas de la coalición, y acogió con satisfacción, nunca reconocida, la decisión final del TC. Más inquietud provocaron en el PSOE las protestas de los indignados, un movimiento que sus analistas de Ferraz vieron inicialmente como claramente abstencionista, a contramano de su estrategia movilizadora. Con la ilegalización de las concentraciones, los socialistas sólo pueden aspirar a impedir que una actuación policial muy celosa empeore hoy sus expectativas.

En definitiva, la diferencia de 10,4 puntos que fijó el Barómetro de abril del CIS entre el PP y el PSOE aumentará o se reducirá en función del éxito de la movilización socialista. Aunque parece muy lastrada por la situación económica, hasta el recuento final de los votos no sabremos si estamos ante un descalabro definitivo, un voto de castigo puntual o un vuelco sorprendente.

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