Colectivos de jueces y fiscales, contra la prohibición de la Junta Electoral

Madrid/Colectivos de jueces y fiscales han mostrado su disconformidad con la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de prohibir las protestas del Movimiento del 15-M en la jornada de reflexión y durante las elecciones del domingo, contra la que ha recurrido IU ante el Tribunal Supremo. También ICV ha anunciado que presentará un recurso contencioso administrativo, al considerar que la resolución de la JEC "vulnera la libertad de expresión" que garantiza la Carta Magna, mientras un abogado murciano, José Ríos, ha presentado ya un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, en el que pide la suspensión del acuerdo con carácter de urgencia.

La sala de lo contencioso-administrativo del Supremo, reunida a mediodía para estudiar el recurso de IU, dio cinco horas de plazo a la Fiscalía y a la Junta Electoral Central para que presentaran alegaciones a la solicitud de Izquierda Unida, que ve "desproporcionada" la resolución de la JEC, ya que, a juicio de esta formación, vulnera los derechos de reunión y libertad de expresión. En su alegación, La Fiscalía se ha pronunciado en contra de que el Supremo declare la suspensión del acuerdo y sostiene que IU no está legitimada para recurrir la decisión de la JEC.

También un grupo de abogados que se solidariza con los acampados de Barcelona ha presentado un escrito en la Fiscalía de Cataluña para que promueva un recurso de amparo ante el Constitucional contra la prohibición de la JEC.

La decisión de la Junta Electoral Central fue adoptada con el voto a favor de cinco de sus miembros, la abstención del catedrático Pablo Santolaya y el voto en contra de los magistrados del Supremo José Manuel Maza y Luciano Varela y los catedráticos Rosario García y José Manuel Trayter. Varela ha redactado un voto particular, mientras que el magistrado Maza ha efectuado una explicación de voto en la que argumenta que su discrepancia obedece no a que considere lícitas las concentraciones, sino porque cree que la administración electoral sólo es competente en este asunto el día de los comicios.

Las asociaciones de jueces se encuentran divididas, de modo que la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) defiende el acuerdo de la JEC por la necesidad de preservar el derecho a disfrutar de una participación electoral sin crispación, en tanto que Jueces para la Democracia (JpD), de carácter progresista, apuesta por autorizar las protestas.

De acuerdo con la argumentación de JpD, la resolución de la Junta crea "un problema nuevo desde una interpretación restrictiva de un derecho fundamental como el de reunión", especialmente cuando la intención de los concentrados "no se puede identificar directamente con la petición de voto a una opción concreta". Esta asociación cuestiona además la propia competencia de la JEC, ya que, según indica, sólo se refiere a las actividades llevadas a cabo por los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones para captar votos. En el mismo sentido, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) cree "difícilmente comprensible" la prohibición "desde la perspectiva de los derechos ciudadanos" y considera además que el movimiento social que promueve las concentraciones "no puede ser interpretado como políticamente perturbador del proceso electoral en curso". Por el contrario, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, ha llamado a respetar la decisión de la JEC y ha advertido de que las juntas electorales locales que hayan dictado "algún tipo de decisión distinta o discordante tendrán que revisarlas".

A la resolución de la JEC se ha sumado un acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Madrid en el que prohíbe la concentración de la Puerta de Sol prevista para este mismo viernes, así como una decisión de la Junta Electoral Provincial de Álava que niega autorización a la manifestación Ola Amarilla, que el movimiento Democracia Real Ya había convocado para este sábado en Vitoria. En todo caso, la Abogacía del Estado ha recomendado al Ministerio del Interior que no disuelva por la fuerza las concentraciones del movimiento del 15-M si no son violentas y que actúe de manera "proporcionada" para cumplir la resolución de la JEC.