La difusión de grabaciones íntimas sin permiso se penará con hasta un año de cárcel

El anteproyecto de reforma del Código Penal, aprobado en el Consejo de Ministros, ha incluido entre sus novedades el castigo con hasta un año de cárcel la difusión de vídeos o imágenes íntimas sin consentimiento de la víctima, aunque ésta hubiera accedido a la grabación. Es una de las medidas que el Gobierno enmarca en la protección de las mujeres y la lucha por la igualdad, al igual que la penalización de conductas como el matrimonio forzado o el hostigamiento a víctimas de violencia de género, que hasta ahora no se regulaban penalmente.

En concreto, será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses el que, "sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales" que atenten contra la intimidad personal, aunque la víctima hubiera consentido ser grabada. Una medida de la que ya se ha felicitado la concejala socialista de Los Yébenes, Olvido Hormigos, que denunció al alcalde de este municipio toledano por la difusión de un vídeo íntimo sin su consentimiento, y que ha considerado al conocer la noticia que se da un "paso importante" en la protección de la intimidad.

En el ámbito de las medidas para fortalecer la lucha contra la violencia de género, la reforma penal incluye también como delito el matrimonio forzado, que podrá castigarse hasta tres años de prisión cuando exista violencia e intimidación, y la sanción con hasta doce meses de multa para la vulneración de dispositivos electrónicos impuestos para proteger a las mujeres maltratadas.

Otra de las novedades de las que ha dado cuenta el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, es la modificación de la regulación de las conductas que incitan al odio y la violencia contra grupos por razones de raza, sexo, religión, ideología o procedencia, que serán castigadas con penas de prisión de uno a cuatro años. Se contemplan penas de cárcel de 6 meses a dos años para quienes produzcan o elaboran con el fin de distribuirlos escritos o soportes que promuevan la discriminación, violencia y xenofobia.

Dentro de este capítulo se regula además por primera vez como delito penal el negacionismo al castigar con esa misma pena -6 meses a dos años- a quienes nieguen, hagan apología o trivialicen delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad o de guerra, y específicamente el Holocausto nazi, cuando estas conductas promuevan o favorezcan un "clima de violencia". Gallardón ha explicado que se admitirá y regulará también el "odio ideológico" como elemento para perseguir estos delitos.

El ministro de Justicia ha asegurado que el nuevo Código Penal, cuyo anteproyecto se remite ahora al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial para que emitan el informe preceptivo, no provocará un incremento de la población reclusa a pesar de elevar el castigo penal con medidas como la prisión permanente revisable, que se introduce por primera vez en la legislación española. Gallardón, que confía en que la reforma esté en vigor en el plazo de un año tras su tramite parlamentario, ha considerado que será un Código Penal "más moderno" con un "mayor reproche" a conductas que la sociedad "quiere que sean reprochadas".

Además de la prisión permanente revisable, se introduce también la custodia de seguridad de hasta diez años una vez cumplida la pena para delitos de especial gravedad, como el abuso sexual a menores, entre otros supuestos. Estos casos, según ha recalcado el ministro, no representan un número "considerable" en nuestro país pero sí merecen un endurecimiento.

En este sentido, ha recordado que también esta prevista la despenalización de las faltas, ya que sólo una pequeña parte seguirá siendo delito mientras que el resto se sancionarán por la vía administrativa, lo que provocará que haya un menor número de diligencias penales. Además, en caso de comisión del primer delito, el tribunal tendrá la opción de sustituir el ingreso en prisión por arresto domiciliario, libertad vigilada u otras medidas de control si considera que la cárcel perjudica el fin de la reinserción.