Las desescaladas 'a la carta' auguran nuevas broncas

Hace dos meses, cuando la vieja y sociable normalidad todavía no parecía un mundo periclitado, habría resultado descabellado pensar que iba a ser bastante más complicado salir de casa que permanecer encerrados en ella. Desde hace semanas, sin embargo, empezamos a conocer las malas pulgas que gasta la así llamada nueva normalidad. Una vez prorrogado el estado de alarma con los insultos volando grácilmente por el Congreso, en un clima político más propio de un país con casi 26.000 problemas menos, el Gobierno debe ahora revisar las propuestas de las comunidades autónomas para iniciar la desescalada y, teóricamente consensuando con cada territorio el respectivo plan, comenzar a aplicarlo a partir del día 11. Y la disparidad de criterios al respecto parece prometer nuevas y edificantes broncas a propósito de la gestión de la situación.

Ello puede comprobarse con claridad considerando los ejemplos de los territorios más azotados por la epidemia, Madrid y Cataluña. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la primera, quiere que su comunidad pase a la fase 1 del desconfinamiento el próximo lunes. Haciéndolo "con mucha prudencia" y "con medidas de protección individual", vulgo mascarillas, el Ejecutivo madrileño acordó hacer llegar esta petición al Ministerio de Sanidad tras un intenso debate en el que Ayuso (PP) chocó con el vicepresidente de su propio Gobierno, Ignacio Aguado (Ciudadanos). Ella consideraba que Madrid debe reducir el porcentaje de enfermos en unidades de cuidados intensivos antes de relajar las restricciones; Aguado, pensando en el "robusto" sistema sanitario de la región, abogó por iniciar la fase 1 lo antes posible, o sea, el lunes. Y al final, después de tanto toma y daca y de anunciar que pediría aliviar el confinamiento, el Ejecutivo madrileño acabó rectificando y comunicó que deja la decisión en manos de Sanidad.

Mantener un territorio en la fase O y no pasar a la 1 implica que deberán permanecer cerradas aún las terrazas, los hoteles y alojamientos turísticos, y que tampoco podrán reanudar sus actividades el sector agroalimentario y pesquero, las iglesias ni los centros de alto rendimiento. Hechos los cálculos políticos del coste de semejante presión, en Cataluña el Govern cree necesario mantener la fase 0 salvo en tres áreas sanitarias, (Tierra del Ebro, Campo de Tarragona y Arán-Alto Pirineo, que sí pasarían a la fase 1. Eso propone la Generalitat. El problema, según su consellera de Salud, Alba Vergés, es que "la probabilidad" de que Sanidad apruebe el inicio de la fase 1 contra del criterio del Govern es "máxima". Que se despejen o no esos nubarrones de tormenta dependerá del entendimiento que logren el Ministerio y la Consejería catalana en una reunión que se celebrará en "los próximos días".

También existen discrepancias entre la Xunta de Galicia y el Ministerio. El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo pretende que toda la comunidad pase a la fase 1 y que la unidad de desconfinamiento sea el área sanitaria. De momento, según deslizó ayer la Xunta, no ha habido acuerdo. Extremadura, por su parte, solicitará al Gobierno la eliminación de las franjas horarias establecidas para las salidas a la calle de los diferentes colectivos y grupos por edades.

Como se ve, la letra pequeña abunda. Y sólo se han expuesto aquí las condiciones que desean cuatro comunidades. Hagan cuentas de las que la faltan. Y lo prolija y molesta que suele ser la letra pequeña. Con el Gobierno parlamentariamente más débil que nunca desde el estallido de la crisis, parece que no va a haber suficientes gafas de cerca en los despachos de Sanidad.