Trabajo y Economía acuerdan la aprobación la reducción de jornada por la vía urgente la semana próxima
La CEOE considera inconstitucional el texto, que necesitará del apoyo mayoritario del Congreso después de que el Consejo de Ministro lo valide
Los Ministerios de Economía y de Trabajo han desbloqueado este lunes la tramitación de la ley que reducirá la jornada laboral a 37,5 horas semanales, en un día en la que se ha sabido que la patronal CEOE ha registrado un documento en el que apela a la "inconstitucionalidad" de la medida.
El Ejecutivo ha adoptado esta decisión esta misma tarde en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE) y será aprobada por la vía de urgencia en el Consejo de Ministros de la próxima semana, el 4 de febrero, según han confirmado a EFE fuentes de Trabajo, que han detallado que se ha respetado el texto del diálogo social.
Dicho acuerdo se firmó el 20 de diciembre por parte de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez. Del pacto del que se desmarcó la CEOE.
El acuerdo recoge la reducción de jornada a 37,5 horas semanales en el año 2025, manteniendo derechos de los trabajadores, incluye el derecho a la desconexión digital y mejora las condiciones del registro de jornada.
Fuentes del Ministerio de Economía han explicado que en la reunión de este lunes se ha reiterado "el compromiso y voluntad" de todo el gobierno para que se adopte la reducción de la jornada laboral y se ha acordado que la tramitación "avance cuanto antes y se tramite a la mayor velocidad posible".
"Es por ello, que se acuerda que se tramite de forma urgente", añaden las mismas fuentes.
Además, insisten en que el Gobierno es consciente de que en la tramitación parlamentaria el texto podrá someterse a modificaciones, "para incluir las aportaciones de los grupos parlamentarios, para tener en cuenta la realidad parlamentaria y la realidad de las empresas, especialmente de las pymes".
Sobre este último asunto, consideran "oportuno barajar medidas de flexibilidad y acompañamiento para que la reducción de jornada sea una realidad efectiva cuanto antes".
Las mismas fuentes de Economía han subrayado que "es importante maximizar las garantías para que la reducción de jornada sea sostenible en el tiempo, contemplando la introducción de elementos de flexibilidad, en particular para nuestras pymes, que asumirían más del 50 % del impacto de la medida".
Trabajo ha celebrado que la reducción de la jornada laboral se apruebe en el Consejo de Ministros el martes de la próxima semana por vía de urgencia y respetando el texto del diálogo social, tal y como había planteado desde un primer momento la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, según fuentes del ministerio.
De esta forma, Sumar logra que se dé cumplimiento al acuerdo de Gobierno firmado con el PSOE, aseguran las mismas fuentes, que remarcan que la reducción de la jornada laboral es "una de las principales medidas que peleó Sumar para incluir en el programa de Gobierno con el compromiso de que estuviera aprobada en este año 2025".
La CEOE considera la medida anticonstitucional
Mientras tanto, la patronal CEOE ha registrado en la Dirección General de Trabajo un documento de alegaciones en el que apelan a la "inconstitucionalidad" de la medida con la que se busca reducir la jornada máxima por ley a 37,5 horas semanales, según ha publicado el diario "El País" este lunes.
Tras conocer este hecho, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido que la medida es "completamente constitucional" y ha pedido a una patronal "desdibujada" dejar las "estrategias políticas" y volver al "lugar correcto".
Así lo ha indicado Díaz durante su intervención en un desayuno informativo, donde ha reconocido que no comprende la actitud de los empresarios "de oponerse a un proyecto de país".
En declaraciones a los medios, el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha rechazado que la patronal tenga una "estrategia política" y ha acusado a Trabajo de "invadir competencias" del diálogo social, saltándose el acuerdo marco de negociación colectiva sellado por patronal y sindicatos.
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