Sánchez amaga y Torra silba

El jaque del independentismo a la convivencia en Cataluña está dando paso tras el estupor a la acción, al amago mejor dicho. Con las imágenes especulares de la aplicación del artículo 155 de la Constitución o de la Ley de Seguridad Nacional, Pedro Sánchez se ha reunido este miércoles, por separado, con los tres principales líderes de la oposición.

El primero en desfilar por el Palacio de La Moncloa fue el presidente nacional del PP, Pablo Casado. El jefe del Ejecutivo en funciones le comunicó que "no descarta ningún escenario", mientras el dirigente conservador le instaba, tal como después hizo Albert Rivera (Cs), a poner en marcha los mecanismos de defensa del Estado ante la revuelta del independentismo por las condenas del Supremo a los máximos responsables del procés.

Ya antes de la tensa reunión, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, descartaba en una entrevista en Ser Cataluña que deban aplicarse ni la Ley de Seguridad Nacional ni el 155.

Señales contradictorias

Pero el Gobierno en funciones de Sánchez emitió luego señales contradictorias. Mientras el presidente baraja sus cartas, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el titular de Fomento, José Luis Ábalos, orillaban la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, que permitiría al jefe del Ejecutivo coordinar directamente la crisis al margen de la Administración autonómica. Batet y los dos ministros entienden que los Mossos están colaborando y no es de recibo dejarlos aparcados.

Lo que Sánchez ha dejado claro, en una comparecencia en Moncloa, es que no a permitir que la violencia se imponga a la convivencia. Pero, por el momento, no maneja las medidas de alto voltaje que le han reclamado Casado y Rivera. " El Gobierno de España responderá con tres reglas: firmeza democrática, unidad de los partidos y proporcionalidad en la respuesta", ha dicho el presidente en funciones, que ha hecho gala de moderación, "otra forma de fortaleza" a su entender.

La comparecencia coincidía con los primeros incidentes en la manifestación en Barcelona. "Estoy convencido de que vamos a superar estos episodios de violencia. Y no les quepa ninguna duda de que más pronto que tarde se restablecerá la convivencia en Cataluña".

Y mientras el Gobierno barrunta cómo afrontar la oleada de violencia tras la sentencia del procés, el president, Quim Torra, se niega a condenarla y se jacta de que su Govern está "al lado de la gente" Governy de que la violencia de, entre otros, los que instó a "apretar", los CDR, no le representa. Bajo la espada de Damocles de la suspensión del autogobierno, el jefe del Govern silba y este miércoles ha participado en una de las Marchas de la libertad. El máximo representante del Estado en Cataluña no solo participó en el corte de una autovía, sino que, junto al ex lehendakari Juan José Ibarretxe, evitó condenar los actos violentos a pesar de ser inquirido hasta tres veces por los periodistas.

El presidente en funciones también se ha reunido con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, partidario de echar agua al vino de la embriaguez de secesionismo que ha desencadenado la ingesta de las condenas del Supremo en vez romper el vaso. "El Código Penal y el 155 no pueden resolver el problema catalán", ha proclamado el máximo dirigente morado al salir de palacio.

El tercer y último líder de la oposición que se reunió ayer con el presidente en funciones fue Albert Rivera, recién salido de la boca del lobo: los Mossos detuvieron a dos personas por impedir el paso de su vehículo tras un acto en un centro cívico Barcelona. El dirigente naranja le pidió que aplique "ya" el artículo 155 de la Constitución en Cataluña y que lo haga "de verdad".