El Consejo Fiscal exige a García Ortiz su dimisión por el bien de la institución

La mayoría del Consejo Fiscal ha solicitado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que dimita al considerar que es lo mejor para el Ministerio Público después de que el Tribunal Supremo (TS) acordara por unanimidad abrir causa en su contra por la presunta revelación de secretos de la que le acusa el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Según fuentes fiscales, tanto los seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF) como el de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) -que conforman la mayoría del Consejo Fiscal- han pedido a García Ortiz que dimita, tal y como hicieron el mismo día que resolvió el Supremo a través de sendos comunicados. García Ortiz ha recibido el apoyo de los dos vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y de las dos vocales natas -la teniente fiscal María Ángeles Sánchez-Conde y la fiscal inspectora María Antonia Sanz Gaite-.

Era lo previsible, después de que el miércoles ya solicitasen su dimisión tras conocer la decisión del Supremo debido al daño reputacional que ocasiona a la carrera y ante la inédita situación que generará que un fiscal, subordinado de García Ortiz, se haga cargo de la investigación a su máximo superior jerárquico.

Los vocales de la Asociación de Fiscales han trasladado al fiscal general que "la decisión de continuar en el cargo pone en entredicho la credibilidad de la actuación de todos los miembros de la carrera, mucho más allá del marco de este proceso, por efecto de los principios de dependencia jerárquica y unidad de actuación".

"Y nos resulta absolutamente inasumible el impacto que produce dentro y fuera de nuestras fronteras la imagen de un Ministerio Fiscal dirigido por un fiscal general del Estado imputado por el Tribunal Supremo" porque "no puede haber una consecuencia más gravosa para el Ministerio Fiscal que sostener el progresivo deterioro de la institución, de la que pretende seguir ostentando la jefatura superior y representación pese a su condición de investigado".

En su opinión, según recoge un comunicado, "el perjuicio que se deriva para la institución al mantener este escenario" con su imputación y García Ortiz al frente del Ministerio Público "supera con creces cualquier afectación producida por su conclusión".

Así las cosas, estos seis vocales le han pedido que "reconsidere su decisión de mantenerse en el cargo" y "por el bien de la institución presente su dimisión".

Por su parte, los dos vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), de la que García Ortiz fue portavoz, y los dos vocales natos aparte de él -la jefa de la Inspección Fiscal y la teniente fiscal del Supremo- han apoyado la decisión del fiscal general.

Santiago Mena y Yolanda Ortiz, de la UPF, han mostrado su apoyo al fiscal general porque su dimisión "sería un acto de irresponsabilidad que contribuiría al debilitamiento de los cimientos de esta institución", han señalado en un comunicado.

"No podemos estar a merced de cualquiera que quiera denunciarnos con el fin de apartarnos de nuestra función", ya que "querer desbancarlo a él por un motivo tan espurio es querer desbancarnos al resto".

Eso sí, ambos han mostrado su "profunda tristeza por la falta de cohesión interna en esta cuestión" porque "el primer cometido de un jefe es defender a sus subordinados cuando han actuado sin tacha, y esto fue lo que ocurrió", ya que al fiscal que estaba en punto de mira "lo respaldaron con tal firmeza que hoy está libre de toda investigación".

García Ortiz ha recibido esta mañana el apoyo mayoritario de la Junta de Fiscales de Sala (cúpula de la carrera), si bien cerca de la mitad de los fiscales que han intervenido le han reclamado su dimisión. Pero por la tarde, sí que ha tenido una mayor contestación.