Dietario de España
Antonio Hernández Rodicio
Un otoño incierto
Caso púnica
Madrid/El presunto conseguidor de la trama Púnica, Alejandro de Pedro, aseguró ante la Guardia Civil que la Comunidad de Madrid le debía 140.000 euros por trabajos para mejorar la reputación en las redes sociales del entonces presidente, Ignacio González, y de la Administración regional, y que los pagos, que se hicieron a través de la empresa Indra, eran gestionadas por el que fuera consejero de Presidencia, Salvador Victoria.
En su declaración, que forma parte del sumario del caso Púnica De Pedro señaló que realizó trabajos sobre Ignacio González que consistieron en "escuchas activas en tiempo real sobre qué se dice de esta persona y sobre la Comunidad de Madrid" aunque estos servicios nunca se llegaron a formalizar en un contrato.
El informático concreta que el entonces consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM) de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, le dijo que le pagaría a través de la empresa Indra. "Su sorpresa fue cuando quedó con una persona de Indra y le entregó un sobre con 10.000 euros", señala la declaración.
Según su relato, una entrega correspondiente a "una pequeña parte de estos servicios" se produjo cuando De Pedro quedó con un directivo de Indra en La Moraleja y éste le hizo subirse a un vehículo, "un Audi, Mercedes o BMW". Dentro le dio el sobre y, tras preguntar qué sucedía, su acompañante le dijo que "se bajara del coche una vez que tenía el sobre". "No le entregaron factura alguna", apunta el escrito.
Al ser preguntado por qué los pagos se realizaron a través de terceras empresas, el informático asegura que le hizo la misma pregunta a Victoria y que le contestó que los servicios a la Comunidad se iban a realizar mediante "un contrato de publicidad" y los del presidente Ignacio González a través de "la facturación al partido". Sin embargo, "estas formas de pago no se formalizaron y siguió trabajando sin cobrar".
El presunto conseguidor de la red Púnica también admite su relación con el exdirector general de Operaciones de Indra Santiago Roura, imputado en el procedimiento.
El empresario también relata una segunda entrega de dinero después de que Salvador Victoria le dijera que "la situación estaba resuelta porque se iban a publicar los contratos". En esta ocasión fue su colaborador José Antonio Alonso Conesa, ex alcalde de Cartagena por el PSOE, quien se citó con un hombre llamado Víctor, que le entregó un sobre con 3.000 euros, según el relato de De Pedro. En todo caso, según dice, nunca supieron para qué empresa trabajaba.
Al ser preguntado por los mecanismos de "facturación ficticia o entregas de dinero" que se podían haber articulado por parte de funcionarios de la Comunidad de Madrid para pagar sus servicios, De Pedro señala que "se planteó" la facturación a "una adjudicataria de un contrato del Canal de Isabel II" aunque esta idea nunca se llegó a materializar.
En este punto, los investigadores preguntaron al informático por el hallazgo en su domicilio de tres sobres, que contenían un total de 82.500 euros ocultos en dos chaquetas. El imputado contestó que eran ahorros suyos y de su mujer y que tan sólo 2.500 euros, repartidos en billetes de 50, corresponderían a pagos de Indra.
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