La condena de Gürtel amenaza la continuidad del Gobierno
El PP tuvo una caja B
Ciudadanos se cuestiona seguir con el apoyo parlamentario y el PSOE decide el viernes sobre una probable moción de censura
La dura sentencia de la Audiencia Nacional sobre la primera etapa del caso Gürtel amenaza la estabilidad del Gobierno en el Congreso. Aunque el pasado miércoles, el presidente Mariano Rajoy logró sacar adelante los Presupuestos de 2018 y, con ello, ganó dos años más de legislatura, sus aliados de Ciudadanos se replantean el apoyo parlamentario y el líder socialista, Pedro Sánchez, ha convocado a su dirección para la mañana del viernes con el objeto de analizar una moción de censura. Podemos le anima a presentarla, y aunque es difícil que salga adelante, es posible que los socialistas quieran poner en un aprieto a los dos partidos del centro derecha. La sucesión de casos de corrupción no cesa de golpear al PP a menos de dos años de las próximas elecciones generales.
La sentencia de la sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional condena al cerebro de lo que considera una trama corrupta, Francisco Correa, a 51 años de prisión. Al ex gerente y ex tesorero del PP Luis Bárcenas, a 33 años y al pago de una multa de 44 millones de euros. La esposa de éste, Rosalía Iglesias, ha sido condenada a 15 años, al considerar el tribunal que participó en las operaciones de su marido para esconder el dinero obtenido de la trama Gürtel y del propio partido en Suiza. El tribunal no ha creído su versión de que su formación no daba para llegar a conocer tales operaciones. Esta condena afecta de modo especial al ánimo Bárcenas, que trató de salvar a su esposa de este caso mediante un posible pacto no reconocido.
Son 29 condenados en total por delitos fiscales, cohecho, malversación y asociación ilícita, entre otros. Quien fuese presidente del tribunal, Ángel Hurtado, ha presentado un voto particular, con el que salva al PP.
Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP en Galicia, carga con 37,5 años. Éstas son las mayores condenas, pero las derivadas políticas son aún peores para el PP, ya que la sentencia da por cierta la existencia de una caja B en el partido, al menos desde 1989. Esta contabilidad paralela sirvió para esconder los pagos de empresarios que se veían beneficiados por la concesión de contratos de las administraciones. Este hecho impacta en la credibilidad del mayor partido del país, que se habría beneficiado respecto a otros con grandes donaciones. Bárcenas entró en el aparato económico de PP en 1989, con Rosendo Naseiro como titular. Éste tuvo que dimitir al revelarse un caso de corrupción que se cerró por la ilegalidad de unas escuchas.
El PP, condenado
Además, el PP es condenado a pagar 245.492 euros a los ayuntamientos de Majadahonda y de Pozuelo por haber detraído fondos para la campaña electoral de 2003. El partido es condenado por beneficiarse a título lucrativo, al igual que la ex ministra Ana Mato. El ex concejal popular de Estepona Ricardo Galeote ha sido condenado a siete años de prisión. La sentencia cuenta con el voto particular de uno de los magistrados, que no acepta la culpabilidad del PP.
La trama de las empresas de Francisco Correa operaron en buena parte del territorio controlado por gobiernos populares, la sentencia se fija en los casos de la comunidad de Madrid y de Castilla y León, así como en Estepona, Majadahonda, Pozuelo y la ciudad de Madrid. El texto detalla cómo las empresas de Correa u otras empresas terceras gozaban del favor en la contratación pública, gracias a la participación de los cargos populares. Se inflaban los precios que se cobraban a las distintas administraciones o se ingresaban comisiones cuando la adjudicataria eran terceras empresas, que luego se repartían entre Correa y las autoridades y las personas o designadas por los corruptos, que recibían cantidades de dinero en metálico, pero también otro tipo de servicios o regalos prestados por diferentes empresas de esta trama, como eventos, viajes, fiestas, celebraciones. Fue el caso de Ana Mato. Jesús Sepúlveda, ex marido de la ex ministra y alcalde de Pozuelo, recibió medio millón de euros de la trama en regalos, viajes y pagos de fiestas.
Pero otras cantidades sirvieron directamente para pagar gastos electorales del Partido Popular o fueron a parar como donaciones a la caja B. “En ocasiones –explica la sentencia– se apuntaba en simples hojas manuscritas como las correspondientes al acusado Bárcenas, en las que se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos cantidades entregadas a personas miembros relevantes del partido, si bien estos últimos aspectos que se describen lo son únicamente para precisar el contexto en el que se imbrican los hechos objeto de este enjuiciamiento, pero quedando fuera de su ámbito de conocimiento”.
Quedan los papeles de Bárcenas
La preocupación dentro del PP no sólo se explica por la dureza de la sentencia y sus revelaciones sobre el modo de actuar de este partido, sino porque adelanta otra conclusiones jurídicas del resto del caso. Queda, por ejemplo, por juzgar los llamados papeles de Bárcenas, las notas del ex tesorero donde fue apuntando los ingresos paralelos del partido y los pagos que él realizaba a los cargos públicos del PP. Otra verdadera bomba que causa angustia entre los populares.
Según la sentencia, Luis Bárcenas fue la pieza fundamental en un “auténtico sistema de defraudación del erario público” organizado por Correa. Como tesorero popular, podía acercarse a quien conviniese para conseguir la adjudicación de contratos de obra pública. La Audiencia considera que Bárcenas nutrió sus cuentas de Suiza, que llegaron a acumular 48 millones de euros en el año 2007, “con fondos provenientes de comisiones que recibió por su gestión e intermediación, aprovechándose de los cargos públicos que ostentó, en contrataciones públicas irregularmente adjudicadas”.
Nada más conocerse la sentencia, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, adelantó que el fallo “lo trastoca todo”, las alianzas de la legislatura se pueden venir abajo. El PSOE va a aprovechar esta circunstancia para debilitar al Gobierno o, directamente, derribarlo por medio de una moción de censura. Será el viernes cuando lo decida la ejecutiva de Pedro Sánchez, que tiene plenos poderes para decidir estas estrategias, debido a que el comité federal sólo es ya un mero acompañante de las decisiones. El caso afecta, además, al propio Mariano Rajoy. Aunque los hechos son anteriores a su presidencia en el Gobierno –llegó a finales de 2011–, ha mantenido relaciones con Bárcenas y llegó a transmitirle mensajes de ánimo cuando el ex tesorero fue encarcelado.
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