El bloqueo del CGPJ se afianza

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Pablo Casado y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ayer en un desayuno informativo. / Eduardo Parra / Ep

Madrid/El Gobierno ha obviado la propuesta del presidente del PP, Pablo Casado, de reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes de renovar a sus consejeros, que llevan más de mil días con el mandato caducado: "¡Basta ya de excusas!", exclamó ayer la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez.

Frente las la palabras de Casado, ofreciendo una reunión "inmediata" con Pedro Sánchez para pactar la reforma del sistema de elección, la ministra se mostró "rotunda" y desdeñó la oferta, subrayando la necesidad de cumplir con la previsión constitucional.

No hay excusas que valgan para tener bloqueado el Consejo más de mil días"

"Basta ya de excusas -replicó-. No hay excusas que valgan para tener bloqueado el órgano de gobierno de los jueces durante más de mil días. No hay excusas".

Preguntada sobre cuál será el siguiente paso del Gobierno, además de expresar indignación, la ministra insistió en que "no caben excusas" ya que se trata del "cumplimiento estricto de la Constitución y de la legislación".

Rodríguez evitó pronunciarse sobre la posibilidad de forzar la dimisión del Consejo e insistió en culpar sólo al PP de la situación porque "este bloqueo no es anónimo" y "sólo hay un partido que se está bloqueando la negociación".

Ni siquiera ve opción a que el presidente Sánchez llame a Pablo Casado para tratar de reconducir el tema: "Nadie tiene que llamar a ningún español para cumplir la Constitución. Todos estamos obligados, y Casado también", señaló.

El líder del PP había exigido por su parte una reunión de forma inmediata al presidente del Gobierno para reformar la forma de elección del CGPJ "antes" de proceder a la renovación del órgano con el sistema vigente.

En un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, Casado reclamó la reforma para que los jueces elijan a la mayoría del Consejo "antes" de la renovación, porque, según dijo, no se fía de Sánchez. En mes y medio se podría poner en marcha. Cree que Sánchez se ha quedado sin excusas y que el PP no se ha movido de su única exigencia: la despolitización de la Justicia. "No podemos aceptar esta campaña de propaganda y de desprestigio que están haciendo para controlar el único poder que no controlan", afirmó preguntándose "por qué Pedro Sánchez quiere controlar a los jueces".

Preguntado Casado sobre si el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, debe dimitir, como reclama Podemos, afirmó que "a lo mejor tiene que dimitir el Gobierno o el grupo parlamentario socialista", porque es el que está bloqueando.

Casado recordó que la Comisión Europea reclamó el pasado mes de abril que al menos la mitad del consejo sea elegido por los propios jueces.

Partidos minoritarios ven una salida en la dimisión en bloque del Consejo

Los portavoces de algunos grupos minoritarios del Congreso se han sumado a la idea de Unidas Podemos de que la dimisión en bloque de los vocales del CGPJ podría ser una vía para forzar la renovación del órgano de gobierno de los jueces, aunque el PDeCAT admite que sería "una vergüenza" llegar a este punto. Para su portavoz, Ferran Bel, la dimisión de los vocales sería una alternativa, pero "sería también una vergüenza mayor para este Congreso", dijo en una rueda de prensa en la Cámara, donde ha apelado al Gobierno para que se dé cuenta de que esta situación "no puede llegar hasta el final de la legislatura y, por tanto, "debe buscar alternativas". Desde Compromís, Joan Baldoví pidió ayer al presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que dimita "por patriotismo y generosidad" y que lo mismo hagan los vocales, para que se pueda producir la renovación, a la vez que acusaba al PP de utilizar "tácticas dilatorias" por conveniencia ante la "catarata de casos judiciales pendientes". Miriam Nogueras, portavoz de JxCat, más que ser partidaria de la dimisión en bloque de los miembros del CGPJ, señaló que el Gobierno "tiene competencias para solucionarlo", aunque no quiso concretar los mecanismos que posee.