Batet retira el escaño a Alberto Rodríguez por la orden del Tribunal Supremo

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha puesto en marcha el proceso para que el diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez deje su escaño tras días de tensión entre el Poder Legislativo y el Judicial, una decisión contra la que Podemos ha cargado y ha tachado de "prevaricación".

A Rodríguez se le ha comunicado en la tarde del viernes el oficio del Tribunal Supremo que le inhabilita tras ser condenado por un delito de atentado a agentes de la autoridad, una pena de un mes y 15 días de prisión, conmutable por una multa, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y Batet así se lo ha hecho saber de forma personal.

La propia líder de Unidas Podemos, Ione Belarra, ha tildado el proceso como "prevaricación", al tiempo que ha criticado que haya sido condenado sin pruebas y con el objetivo de quitarle el escaño.

Belarra ha lamentado que su compañero haya sido condenado "a pesar de las pruebas que demuestran que él no estuvo allí" y lamenta, en un mensaje en Twitter: "El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricación".

Mientras que para la Ministra de Igualdad, Irene Montero, "detrás está la reacción judicial y política más profunda. Es un asalto a la democracia", ha opinado.

Tras conocerse la decisión, ha seguido la cascada de reacciones en el partido, desde compañeros hasta ex compañeros de filas el exlíder de UP, Pablo Iglesias, que cree que la decisión va "contra el criterio de los letrados del Congreso y tras las presiones de Marchena y la derecha".

"Como en la República de Weimar, el monstruo avanza con aliados", concluye Iglesias, al tiempo que Isabel Serra, portavoz de Podemos, asevera: "Los jueces rodean el Congreso y Batet entrega a Alberto Rodríguez".

Durante las últimas semanas el pulso entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial se ha centrado en la interpretación de esta sentencia, que los letrados de la Cámara Baja consideraban que no afectaba al escaño del diputado de Podemos pero que el Supremo finalmente ha dejado claro este viernes.

En un principio la Mesa del Congreso, formada por mayoría del PSOE y de Unidas Podemos, fundamentó su decisión de no suspender a Rodríguez de su escaño en el informe de estos letrados que señalaba que su condición de diputado no quedaba afectada porque no concurría "ni la causa de incompatibilidad sobrevenida contemplada en el apartado 2 en relación con el apartado 4 del artículo 6 de la Loreg", ni los artículos del Reglamento del Congreso -21 y 22- que explican cuando un diputado pierde su condición.

Argumentaban que al haberse conmutado la pena de cárcel por una multa de 540 euros -ya pagada- la ejecución de la sentencia deja fuera la denominada "inelegibilidad sobrevenida".

Ante esta decisión, el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, envió un oficio expresamente a Batet para pedirle que le remitiera la fecha de inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación impuesta para la liquidación de su condena.

Un requerimiento que fue considerado esclarecedor por los miembros del PP y de Vox en la Mesa del Congreso y hasta por la propia Batet, aunque ante las dudas por parte de Podemos y por el informe jurídico de la Cámara, la presidenta decidió ayer pedir una aclaración formal al Alto Tribunal.

Precisamente, la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha advertido de que su partido "estará vigilante hasta que se cumpla la sentencia" y ha considerado que "los partidos del Gobierno han querido usar su mayoría parlamentaria para intentar impedir que se cumpliera una pena" e "indultar" así a Rodríguez.

Ha vuelto a ser Marchena el que este viernes ha dejado claro en un segundo escrito que la sentencia conlleva la pena de "inhabilitación especial" durante el tiempo de esta condena tal como obliga el Código Penal y subraya que Rodríguez fue condenado a mes y medio de cárcel, pena que "solo a exclusivos efectos de ejecución" fue sustituida por multa de 540 euros.

Es decir, que la pena accesoria de inhabilitación sigue vigente para ser ejecutada.

Por su parte, el diputado aludido antes de conocer el paso dado por Batet ha replicado al Supremo a través de su cuenta de Twitter y ha considerado que la retirada de su escaño ataca el voto democrático "que está siendo atacado sin base jurídida".

Horas después del comunicado de Marchena, Rodríguez ha escrito: "Quien niegue la importancia de los símbolos, miente. En tiempos como estos, cuando el voto democrático de decenas de miles de canarios y canarias está siendo atacado sin base jurídica alguna, cobran más valor si cabe".