El fiscal atribuye al juez una "teoría conspiratoria" para imputar a la Infanta

El fiscal del caso Nóos, Pedro Horrach, ha acusado al juez José Castro de apoyarse en una "teoría conspiratoria" para imputar a la infanta Cristina al cuestionar la fiabilidad de los informes de la Agencia Tributaria en los que se descarta que la hija menor del Rey haya cometido delitos fiscales. Por ello, ha solicitado al instructor que, antes de la declaración como imputada de duquesa de Palma, tome declaración como peritos a los inspectores de Hacienda que han investigado la actividad económica de la Infanta a través de la empresa Aizoon, de la que es copropietaria junto con su esposo, Iñaki Urdangarín.

El acusador público considera "imprescindible" que se aclaren las dudas sembradas por Castro en su auto de imputación sobre la veracidad de sus investigaciones. En opinión de Horrach, el juez se apoya en una "teoría conspiratoria" para "justificar la existencia de indicios delictivos que avalen la imputación" de la hija menor del Rey, vertiendo sobre los funcionarios de Hacienda "imputaciones relativas al encubrimiento de intereses espurios". "Si el propio juez pone de manifiesto dudas (...) acerca de la apariencia delictiva de las conductas de naturaleza tributaria atribuidas a doña Cristina de Borbón (...) convendrá que es imperativo citar a quienes pueden y deben despejar sus dudas", incide el fiscal, que apostilla que "la duda en un procedimiento penal equivale a mera conjetura, sospecha o especulación".

En su opinión, "se corre un grave riesgo de que la toma de declaración de doña Cristina de Borbón verse sobre reproches éticos y no sobre hechos presuntamente delictivos". Horrach, que ha renunciado a recurrir la imputación tras renunciar a ello la propia infanta, resalta que el Código Penal no contempla como delito "imputar gastos personales a la actividad mercantil como costes de explotación", como hizo la duquesa de Palma con Aizoon.

El fiscal quiere que los funcionarios de la Agencia Tributaria ratifiquen ante el juez esta apreciación y también que los gastos personales de la Infanta con fondos de su empresa hacen "imposible" que la cuota defraudada a Hacienda superase en un ejercicio los 120.000 euros, umbral mínimo del delito fiscal. Recuerda que el propio instructor indicó en su auto de imputación que era "escasamente probable, aunque no merecedor de aplauso", que el presunto fraude alcanzara el grado de delito y le matiza que no es solo improbable sino "materialmente imposible".

Rebate además Horrach la supuesta contradicción de la Agencia Tributaria respecto a la consideración de deducibles de tres facturas falsas emitidas por Intuit contra Aizoon en 2007 y argumenta que los inspectores las consideraron así porque el propio Castro les pidió que hicieran una liquidación de la sociedad de los duques sin excluir ingresos y determinando los gastos deducibles.

Por ello insiste en la importancia de que los autores de los informes de Hacienda ofrezcan explicaciones y que aclaren también la confusión que, a su juicio, tiene Castro entre ingreso y cobro respecto a las relaciones entre Aizoon y el Instituto Nóos entre 2006 y 2008. Además de tres inspectores de la Agencia Tributaria y la jefa del grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional, responsable de tomar declaración a los proveedores de Aizoon, el fiscal pide que vuelvan a declarar como testigos los representantes de siete empresas en cuyos consejos de administración estuvo integrado Iñaki Urdangarin, que cobró de ellas a través de la sociedad que compartía con doña Cristina. El propósito de estos testimonios es que corroboren, como hicieron en sus primeras declaraciones, que efectivamente el esposo de la infanta participó en los respectivos consejos, algo que el juez cuestionó en su auto.