Un artículo excepcional

La Constitución Española (CE) abrió la etapa de estabilidad y convivencia democrática más larga de nuestra historia. Convirtió a España en uno de los países más descentralizados del mundo a través de gobiernos autonómicos dotados de competencias y recursos similares a los existentes en los estados federales. Y si ha habido asimetrías en la evolución del Estado autonómico han jugado a favor de Cataluña y el País Vasco. Ello, sin dejar de reconocer la solidaridad de Cataluña hacia el resto de las autonomías como ocurre en todo estado compuesto en el que existen territorios más desarrollados y ricos que otros.

En consecuencia, ¿cómo entender lo sucedido en Cataluña? El argumento de un territorio oprimido y víctima de un Estado totalitario y opresor no se mantiene en pie y constituye una ofensa a miles de españoles y catalanes que sufrieron 40 años de dictadura para conquistar la libertad y democracia que ahora disfrutamos y que nos abrió las puertas de Europa y del mundo. Cataluña estaba en la locomotora de este esfuerzo colectivo. Y es oportuno recordar que en el imaginario de los españoles estaba la Cataluña moderna, europeísta, en la vanguardia de la cultura. Ahora, Europa asiste asombrada al enfrentamiento y la fractura de la convivencia después de 40 años de democracia. Se ha abierto una herida entre españoles que, seguramente, tardaremos años en cicatrizar. Los gobiernos de España habrán cometido errores pero la responsabilidad de este fracaso histórico recae sobre los dirigentes del nacionalismo catalán que para salvaguardar sus intereses políticos y tapar sus vergüenzas se han subido al carro del populismo reaccionario -léase Òmniun, ANC y CUP- desatado por la crisis económica.

¿Cómo hemos llegado a esta situación en la que tenemos que aplicar un artículo excepcional -el 155- de nuestra Constitución para restablecer la legalidad y el autogobierno y, dicho de manera sencilla, la democracia en Cataluña? Porque no hay más salida democrática que aplicar la CE. Para eso la votamos y aprobamos los españoles. Y apoyar su aplicación sin complejos es un acto democrático respaldado por las Cortes Generales donde reside la soberanía de los españoles. Por otra parte, en la CE, como en el resto de las constituciones de los estados democráticos, no existe el derecho de autodeterminación. Proponerlo es una frivolidad que abriría las puertas a los impulsos nacionalistas en otros territorios de España.

Soy consciente de que muchos demócratas, identificados con la CE, se sienten incómodos ante la decisión del Gobierno de aplicar el artículo 155. Cuando he preguntado a amigos catalanes y compañeros socialistas si había una alternativa distinta para recuperar la legalidad democrática en Cataluña, la respuesta ha sido una referencia abstracta al diálogo. Hace unos días, el presidente vasco Urkullu propuso un "diálogo sin condiciones previas" entre el Gobierno y la Generalitat, pero olvidaba que ésta ya había impuesto las suyas: las leyes de desconexión, el referéndum ilegal y la amenaza de la DUI. Es decir, la independencia como premisa básica para la negociación. Pero el diálogo democrático sólo es posible si volvemos al punto de partida, la Constitución. Sólo a partir de ésta es posible un "diálogo sin condiciones previas".

Retornar a este punto es el objetivo de la aplicación del artículo 155. Una de las medidas claves para restaurar el autogobierno y la legalidad es la convocatoria de elecciones catalanas, previstas en el plazo de seis meses. Algunos dirigentes políticos han señalado que éstas deberían celebrarse los antes posible. En mi opinión deberían celebrarse en las mejores condiciones posibles: gran participación ciudadana y presencia de los partidos políticos catalanes en el proceso electoral. Es decir, legitimidad y respaldo democrático para abrir una nueva etapa. La prisa, al menos en esta ocasión, no es buena consejera. Cuando una situación política está en "estado de agitación" es conveniente el "enfriamiento" de la misma.

Va a ser un proceso difícil y delicado que exigirá mucha política. La respuesta de los independentistas al artículo 155 será la movilización y la desobediencia civil y, previsiblemente, la DUI por el Parlament. Por ello, el Gobierno y los partidos que le apoyan deben actuar con prudencia, serenidad y, sobre todo, con convicción democrática. Claro que si Puigdemont tuviera un rasgo de sensatez, renunciara a la DUI y convocara elecciones, la situación cambiaría radicalmente. Aún tiene tiempo.