El artículo 36.O de la discordia

La verdadera razón de la disputa entre ambos bandos es el control del próximo congreso federal, y por lo tanto, del futuro del partido. La interpretación del artículo 36.O de los estatutos del PSOE, donde se describen las funciones del Comité Federal, es la clave para entender el cisma. En este apartado se estipula que "cuando las vacantes en la Ejecutiva Federal afecten a la Secretaría General, o a la mitad más uno de sus miembros, el Comité Federal, deberá convocar Congreso extraordinario para la elección de una nueva Comisión Ejecutiva Federal".

El Congreso Federal de 2014 estipuló que la Ejecutiva estaría formada por un total de 38 miembros. Hasta los acontecimientos de esta semana se habían producido tres bajas que no habían sido cubiertas: las del canario Javier Abreu y el ex secretario general del PSOE de Galicia José Ramón Gómez Besteiro por dimisión, y la de Pedro Zerolo, que falleció en junio del año pasado. El sector crítico entiende que, con las 17 dimisiones sumadas a estas tres vacantes, la Ejecutiva queda disuelta al haber perdido más de la mitad de sus integrantes. Así, sus miembros, incluido el secretario general, deben cesar en sus cargos y dar paso a una gestora para que pilote el partido hasta la celebración de un nuevo Congreso Federal, el único órgano que puede nombrar a una nueva Ejecutiva.

En cambio, los partidarios de Sánchez consideran que los estatutos no recogen la posibilidad de que la Ejecutiva se disuelva para nombrar a una gestora. Así, los 18 miembros que aún no han dimitido se reunieron ayer para aprobar el orden del día del Comité Federal extraordinario que se celebrará mañana con el objetivo de convocar un Congreso en la primera quincena de noviembre. Según el artículo 40 de los estatutos, "las decisiones de la Ejecutiva se adoptan por mayoría simple de miembros presentes. Para que las decisiones adoptadas sean válidas se requiere que todos los miembros hayan sido notificados de la reunión y el quórum de mayoría simple".

Aunque los estatutos no recogen la posibilidad de crear una gestora, el artículo 70.1 de la Normativa Reguladora de la Estructura y Funcionamiento General del Partido reza que "la suspensión de funciones del órgano ejecutivo y la suspensión de actividad orgánica comportará la designación de una comisión gestora". El problema estriba en que este reglamento está pensado para conflictos en agrupaciones regionales, provinciales o locales, no en el nivel federal. Es más, el artículo 70.2 dice que "las comisiones gestoras se designarán de mutuo acuerdo entre la Ejecutiva Federal y las comisiones ejecutivas regionales o de nacionalidad".

Precisamente, esto fue lo que ocurrió en 2014 en Castilla y León. La dimisión de 25 de los 48 integrantes de la Ejecutiva regional obligó a disolver este órgano y nombrar una gestora, provocando la salida de su entonces secretario general regional, Julio Villarrubia.

Los críticos han recurrido a la Comisión Federal de Ética y Garantías, encargada de que la actuación de los órganos del PSOE se ajusten a sus estatutos. Está presidida por Isabel Celáa, ex consejera del Gobierno vasco, que apoya sin fisuras a Sánchez. Las tres vocalías están ocupadas por personas del entorno del sector crítico: María Jesús Montero, consejera de Hacienda de Andalucía; Inés Ayala, europarlamentaria desde 2004 y perteneciente a la federación aragonesa; y Wilfredo Jurado, abogado del ex secretario general del PSOE madrileño Tomás Gómez, uno de los principales detractores de Sánchez. Completa el grupo, como secretario, Félix Bolaños, letrado del Banco de España, al que se considera cercano al secretario general.

El artículo 7 de su reglamento señala que las decisiones se toman por mayoría simple, por lo que el bando crítico contaría con ventaja. Sin embargo, el artículo 5 especifica que la comisión se reúne a instancias de su presidenta, lo que explica su negativa a convocarla.

No sería la primera vez que una gestora toma las riendas del partido. En mayo de 1979, el Congreso Federal rechazó con el 61% de los votos la propuesta de Felipe González de eliminar el término marxista de su definición, lo que lo llevó a dimitir. Sus críticos no se atrevieron a presentar una candidatura y la solución fue nombrar una gestora que convocó un Congreso extraordinario cuatro meses después, en el que Felipe González volvió a la Secretaría General.

Más cerca en el tiempo, otra gestora presidida por Manuel Chaves asumió la dirección del partido después de que Joaquín Almunia dimitiera la misma noche electoral en la que José María Aznar logró la mayoría absoluta y el PSOE pasó de 141 a 125 diputados. La gestora pilotó la transición hasta el XXV Congreso, en el que José Luis Rodríguez Zapatero llegó a la Secretaría General con nueve votos de ventaja sobre José Bono.