Una juez argentina pide las primeras detenciones por la represión franquista

Buenos Aires/Una magistrada argentina ha solicitado, a través de Interpol, la extradición de ex altos funcionarios de la Policía y de la Guardia Civil por presuntos delitos de torturas durante el franquismo en el marco de la causa que se sigue en Argentina contra los crímenes cometidos durante la dictadura española.

Las órdenes de detención dictadas por la juez María Servini de Cubría a través de Interpol afectan a Jesús Muñecas Aguilar, Celso Galván Abascal, José Ignacio Giralte y Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, explicó el abogado querellante Máximo Castex.

Muñecas Aguilar, capitán de la Guardia Civil, fue condenado a cinco años por rebelión militar y expulsado del cuerpo por su participación en el golpe de Estado del 23-F de 1981. Celso Galván Abascal, inspector de la siniestra brigada político-social durante la dictadura franquista y escolta del dictador Francisco Franco, fue absuelto del asesinato del estudiante Enrique Ruano en 1969. José Ignacio Giralte González, también miembro de la Brigada Político-Social, fue comisario del Cuerpo Nacional de Policía y su nombre aparece en al menos cuatro de las querellas presentadas en Argentina asociado a torturas a miembros del movimiento estudiantil. González Pacheco, o Billy el Niño, que aparece hasta en 17 querellas del franquismo por delitos de torturas, fue citado a declarar en los procesos por el asesinato de los abogados de Atocha y en juicios relacionados con grupos paramilitares antiterroristas, así como condenado por malos tratos, pero se benefició de la ley de Amnistía de 1977.

Entre los argumentos de su decisión, la juez Servini retoma informes de Amnistía Internacional sobre los crímenes del franquismo, el testimonio del ex juez Baltasar Garzón y las declaraciones de las víctimas y de sus familiares. La resolución, que ha sido comunicada a las asociaciones que interpusieron la querella en Buenos Aires en 2010 tras el cierre de la causa en la Audiencia Nacional, supone "un primer paso que agrieta la impunidad del franquismo", según ha comentado a Europa Press Emilio Silva, fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

Según Silva, la "imputación" de los cuatro antiguos funcionarios policiales, "que utilizaron la Dirección General de Seguridad como centro de detención ilegal y tortura", abre un proceso "que no sabemos a dónde llegará" pero que considera "un avance" por "calificar criminalmente estos hechos". "Es triste que sea la Justicia argentina, aquí ha sido imposible que esto ocurra", ha lamentado Silva, a pesar de celebrar la noticia, y ha reclamado al Gobierno de España "que responda y colabore" a los requerimientos del tribunal argentino.