Las acusaciones populares piden al juez que prohíba a Begoña Gómez salir del país

Las acusaciones populares de Vox, Iustitia Europa, Hazte Oír y Manos Limpias han solicitado al juez que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, que le prohíba salir del país y le retire el pasaporte después de que ésta haya anunciado que no puede comparecer ante el juez el próximo 18 de noviembre por su asistencia a la cumbre del G-20 en Brasil.

En el escrito, recogido por Europa Press, las acusaciones interesan subsidiariamente que se modifique la fecha de la citación de Begoña Gómez al próximo viernes 15 de noviembre, "fecha en la que aún no estará en viaje oficial".

Este movimiento de las acusaciones llega después de que este lunes trascendiera un escrito de la defensa de Begoña Gómez en el que le detallaba al juez titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que si bien el pasado 5 de noviembre le notificó esa citación para darle en persona la querella que presentó Hazte Oír por presunta apropiación indebida del software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) e intrusismo profesional, no podrá acudir por su asistencia a la cumbre del G-20 en Brasil.

"Resulta impensable que pueda ser suspendida su citación o justificada por cuanto ni siquiera se trata de una actividad propia, sino de su esposo, y teniendo en cuenta que la investigada no tiene ningún estatus especial, la esposa del Gobierno es una ciudadana a todos los efectos", dicen ahora las acusaciones en relación a ese viaje oficial.

Ponen el foco, además, en que el escrito del letrado de Gómez, Antonio Camacho, en realidad es "una comunicación de no asistencia" algo que tildan de "falta de respeto y consideración" al juez. Añaden que pareciera que es "merecedora de un trato diferente a cualquier ciudadano ante la Justicia".

Por otro lado, explican que la resolución que acuerda la citación personal de la investigada "es anterior a la confirmación de su presencia" en el G-20, y señalan que la primera confirmación es de fecha 28 de octubre de 2024, "y desde entonces nada ha comunicado al juzgado".

A esto suman que desde su punto de vista se debería haber aportado "mayor justificación de las comunicaciones realizadas a fin de comprobar las fechas, y sobre todo de la necesidad perentoria de su presencia". Y esto porque entienden que Begoña Gómez "debería dar prioridad absoluta a la citación judicial frente a cualquier actividad profesional o personal tal y como sucede a cualquier ciudadano que se encuentra bajo investigación judicial".

En este sentido, recuerdan que si la investigada consideraba que no tenía por qué acudir personalmente al requerimiento judicial "podría perfectamente haber interpuesto el oportuno recurso en el momento procesal establecido".

Para ellos, la solicitud esté indebidamente justificada e infieren "un actuar procesal de mala fe, con una comunicación tardía", algo que les hace pensar que existen "otras intencionalidades".

Añaden que, "teniendo en cuenta los delitos que se están analizando y el modus operandi de los mismos" se podría afirmar que es "contraproducente permitir tal actividad" -el viaje oficial- porque "se encontraría en el mismo marco en el que con anterioridad se ha desarrollado la actividad delictiva analizada". "Teniendo en cuenta que los delitos se cometieron en un marco de encuentros y reuniones que tildados de ámbito profesional eran también actos institucionales en los que acudía la investigada y aprovechaba para su propia actividad empresarial, (...) no es ni mucho menos descabellado afirmar que se abriría la posibilidad de reiteración delictiva", aseveran.

La petición de Begoña Gómez

Fue este lunes cuando trascendió el escrito de la defensa de Gómez en el que explicaba al juez que el presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, le había cursado una invitación para asistir a la cumbre -con una misiva de la primera dama brasileña, Janja Lula da Silva- y desde Presidencia de Gobierno ya se había confirmado su presencia.

En el mismo escrito, Camacho informaba a Peinado de que ya tiene "perfecto conocimiento de la citada querella" dado que se le ha dado traslado tanto de ese documento como de la admisión por parte del juzgado.

Por eso, le explicaba que no era necesaria una nueva citación para que le diera esa querella, y le recordaba que "ninguna norma impone que la notificación de la querella sea personal". "Esta parte estima que su derecho de defensa está salvaguardado", apuntaba.