La acusación pide que un jurado popular juzgue a Garzón por sus cursos en Nueva York

Los abogados que se querellaron contra Baltasar Garzón por los patrocinios de las conferencias que impartió en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006 han pedido al Tribunal Supremo (TS) que revoque el archivo de la causa y que Garzón sea juzgado por un jurado popular.

Así lo solicitan los letrados Antonio Panea y José Luis Mazón en el escrito de alegaciones presentado ante la sala segunda del Supremo después de que el magistrado instructor Manuel Marchena rechazara el pasado día 7 su recurso de reforma y confirmara el archivo de la causa y la prescripción de los delitos investigados.

Ahora, los abogados, que acusan al juez de cohecho propio, extorsión y asociación ilícita, piden en un recurso de apelación que se anule esa decisión de Marchena, ya que a su juicio "equivale a un indulto en favor de Garzón" sin base legal.

Mazón y Panea, que en un principio acusaban también a Garzón de prevaricación, explican en su escrito que se ha retirado la acusación por ese delito, que sólo puede ser juzgado por un tribunal profesional, para que sea el tribunal del jurado quien le juzgue si se revoca el archivo.

De esta forma, los letrados consideran que Garzón no podrá poner en duda "la imparcialidad del jurado" ni decir "que ha habido tramas, envidias o intrigas contra él", como a su juicio ha hecho hasta ahora "vendiendo ante el vulgo (...) con sus documentales y películas" que "contra él se han aliado la extrema derecha franquista y la corrupción del PP".

En el escrito reiteran que Garzón recibió el último salario proveniente de los patrocinios de sus cursos el 3 de julio de 2006 y que la segunda querella que presentaron contra el juez el 12 de junio de 2009 habría interrumpido la prescripción, ya que se interpuso 19 días antes de que transcurrieran los tres años que marca la ley para declarar prescritos los delitos investigados.

También insisten en que la prescripción respecto al cohecho se interrumpió, según la jurisprudencia del propio Supremo, al presentar la primera querella en 2008, y en que además Marchena no competente para declarar prescritos los delitos, ya que la decisión corresponde al tribunal de enjuiciamiento. "El indulto de la prescripción ha proyectado sobre la instrucción una sombra alargada de que no se buscaba aplicar la ley meramente", indican los letrados.

Mazón y Panea creen que la decisión del instructor, una vez que Garzón ya había sido condenado por ordenar las escuchas en el caso Gürtel, ha revelado otras motivaciones que "dejan al descubierto que, aunque la investigación era justa y legal", "los móviles jurisdiccionales, no lo eran tanto".