El acuerdo de PP y PSOE por el Poder Judicial pone fin a un bloqueo sin precedentes

El acuerdo alcanzado entre el PP y el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pone fin a un bloqueo sin precedentes en el órgano de gobierno de los jueces: más de cinco años y medio con el mandato caducado y más de tres años sin poder hacer nombramientos de altos cargos en la judicatura.

Su actual composición, con un bloque conservador mayoritario, sigue reflejando la distribución de fuerzas del Parlamento que lo eligió hace más de una década.

Hasta hoy, todos los intentos de cerrar un acuerdo entre los dos principales partidos -cuyo pacto es necesario porque la ley exige que los vocales sean apoyados por tres quintos del Parlamento- acabaron en fracaso al plantarse el PP, primero encabezado por Pablo Casado y después por Alberto Núñez Feijóo.

El 'wasap' que dinamitó el primer acuerdo

El 4 de diciembre de 2018 se debió renovarse la composición del Consejo, tal y como habían pactado el PSOE y el PP. Hasta habían comenzado las comparecencias de candidatos en el Congreso.

Pero el célebre mensaje del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que defendía la elección del magistrado Manuel Marchena para presidir el CGPJ y el Tribunal Supremo porque se podría controlar "por detrás" la sala segunda del alto tribunal, dinamitó el acuerdo.

Marchena declinó el cargo reivindicando su independencia y los populares comenzaron a exigir una reforma del sistema de elección de los veinte vocales que confirman el CGPJ, para que los doce de extracción judicial fueran designados por los propios jueces.

Del veto a Podemos a la reforma de la sedición

Ante el persistente bloqueo, el PSOE y Unidas Podemos presentaron en la pasada legislatura una iniciativa que rebajaba las mayorías exigidas para elegir a los vocales, lo que les habría permitido prescindir del apoyo del PP, pero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dejó congelada la reforma ante la preocupación que generó en Bruselas.

En 2021 Sánchez y Casado volvieron a activar el diálogo entre las dos principales fuerzas y se estuvo cerca del acuerdo, pero todo quedó en agua de borrajas al vetar los populares a los dos vocales que proponía Podemos: la entonces delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, la magistrada Victoria Rosell; y el juez José Ricardo de Prada, uno de los magistrados que juzgó el caso Gürtel.

Fue entonces cuando el PSOE y Unidas Podemos impulsaron la reforma que prohíbe al CGPJ hacer nombramientos discrecionales mientras esté en funciones. Son ya 94 los puestos vacantes, 25 de ellos magistrados en el Supremo.

En 2022, con Feijóo ya al frente del PP, se retomó el diálogo e incluso hubo momentos en los que fuentes de ambos bandos hablaban de un acuerdo próximo; pero los populares fueron poniendo frenos en las negociaciones ante las sucesivas reformas impulsadas por el Gobierno para acabar con la sedición o tramitar la ley de amnistía.

La Comisión Europea: primero renovar y después reformar

El último proceso de negociación ha contado con la mediación de la Comisión Europea, a la que han apelado tanto el PP como el PSOE para defender sus respectivas posiciones.

Tanto la Comisión Europea como el Consejo de Europa recomiendan que la mayoría de los vocales sean elegidos por los propios jueces para blindar la independencia del CGPJ y los populares, hasta ahora, han planteado esa reforma como requisito imprescindible para negociar la renovación.

Pero ante un bloqueo sin fin, Bruselas dejó claras sus preferencias: primero renovar el Consejo y después, de forma inmediata, abordar la reforma del sistema de elección de los vocales.

El acuerdo anunciado este martes por PSOE y PP contempla ambos compromisos, la renovación y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para implantar un nuevo modelo de elección de vocales que será consensuado por los miembros del nuevo CGPJ.

Estos son los 20 vocales acordados

El nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estará integrado por diez vocales propuestos por el PSOE y otros tantos por el PP, entre los que figuran algunos que ya fueron pactados en anteriores negociaciones, con la incógnita de quién lo presidirá, tras acordar que ese nombre no venga sugerido por los partidos.

El acuerdo al que han llegado este martes los dos principales partidos también incluye el nombramiento del actual vocal del CGPJ José María Macías, del ala conservadora, como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional (TC) por el turno del Senado.

En la lista de nuevos vocales pactada por ambas formaciones figuran, según ha defendido el ministro de Justicia y responsable del PSOE en la negociación, Félix Bolaños, personas de "experiencia, reputación, prestigio indudables" con "trayectorias y experiencia fuera de toda duda", que representan "diferentes sensibilidades".

Desde el PP, su vicesecretario de Acción Institucional, Esteban González Pons, ha destacado que la lista de vocales es "conjunta" y "equilibrada", sin ninguno con una tendencia política "más marcada que otra" y con "perfiles claramente profesionales" entre los que "no hay ningún político o expolítico".

En ella se incluyen varios nombres que ya se consensuaron hace años en alguno de los intentos de ambos partidos para llegar a un acuerdo en estos más de cinco años en los que el CGPJ lleva en funciones.

Asimismo, fuentes de Sumar han añadido que su formación ha propuesto dos vocales que han sido negociados entre el PSOE y el PP, y la vicepresidenta segunda ha recalcado que los nombres procedentes del bloque progresista han sido negociados con su formación.

Vocales propuestos por el PSOE

El PSOE ha propuesto que el Congreso designe como nuevos vocales de procedencia judicial al magistrado de lo Contencioso del Tribunal Supremo Ángel Arozamena; a la jueza del Tribunal Superior de Justicia de Navarra Esther Erice, miembro de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD); y al juez de lo mercantil de Barcelona José María Seijo, que llevó a la justicia europea la ley hipotecaria española.

Correspondería al Senado nombrar a la jueza de lo penal de Mataró (Barcelona) Lucía Avilés y al magistrado del TSJ catalán Carlos Hugo Preciado.

Por el turno de juristas, los socialistas han elegido a la fiscal Inés Herreros -expresidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y actualmente en la Fiscalía de Memoria Democrática-; y a la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y letrada del TC Argelia Queralt.

Su nombramiento correspondería al Congreso, mientras que el Senado designaría por el turno de juristas al magistrado jubilado de la Sala de lo Social del Supremo Ricardo Bodas; al expresidente del Consejo Consultivo de Asturias Bernardo Fernández, y al letrado de la administración de justicia del Supremo Luis Martín Contreras.

Vocales propuestos por el PP

El PP ha propuesto, como vocales del turno judicial que debe nombrar el Congreso, a la magistrada de la Audiencia de Barcelona Gema Espinosa, ex directora de la Escuela Judicial y pareja del juez Pablo Llarena; al juez decano de Málaga José María Páez y al magistrado de la Audiencia de Logroño José Carlos Orga.

En el cupo del Senado estarían el magistrado del Supremo José Antonio Montero y el de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal -en su día avalados por la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM)-, la presidenta de la Audiencia de Valencia Esther Rojo y el de la Audiencia de Cuenca José Eduardo Martínez Mediavilla.

Según el acuerdo, por el turno de juristas a nombrar por el Congreso entraría el presidente del Consello Consultivo de Galicia, José Luis Costa, y la fiscal superior de Cantabria, Pilar Jiménez; y por el Senado sería la letrada de las Cortes Isabel Revuelta.