Xiol, el anti Dívar
El nuevo presidente del TS representa la antítesis del dimitido presidente: progresista, con un enorme prestigio en la carrera y con experiencia política tras su paso por el Ministerio de Justicia y el CGPJ.
Juan Antonio Xiol Ríos, que desde sustituirá a Carlos Dívar al frente del Tribunal Supremo, representa la antítesis del dimitido presidente: progresista, con un enorme prestigio en la carrera y con experiencia política tras su paso por el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial.
Xiol (Barcelona, 1946) es desde hace siete años presidente de la Sala de lo Civil del Supremo -al que llegó en 1987- y, como el más antiguo en el cargo de los cinco presidentes de Sala del alto tribunal, le corresponde tomar el relevo de Dívar en la cúspide de este órgano, según lo dispuesto en el artículo 208 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Aunque nunca ha estado afiliado a ninguna asociación judicial, el talante progresista de Xiol Ríos es bien conocido y se ha puesto de manifiesto en muchas de sus resoluciones, alabadas por el conjunto de la carrera por la calidad de sus argumentos jurídicos, mientras que Dívar -que solo ha sido juez instructor y nunca ha formado parte de un tribunal colegiado- jamás ha puesto una sentencia.
Una de esas resoluciones fue, por ejemplo, el voto particular que el pasado mes de abril firmó junto a otros seis magistrados y en el que defendía que se permitiera la actividad política de Sortu si no se demostraba su connivencia con el terrorismo y que no cabía su "ilegalización preventiva".
Xiol -que ejerció como juez en Bilbao al comienzo de su carrera- se encargó de redactar el voto, encabezando la minoría favorable a permitir la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior, que fue derrotada en una apretada votación frente al bloque conservador liderado precisamente por Dívar, que presidía la Sala del 61 del alto tribunal.
Otra de las características que distinguen al nuevo "número uno" del Supremo de su antecesor es su perfil político, ya que además de secretario general del Tribunal Constitucional fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia durante los Gobiernos de Felipe González (1985-1990) y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PSOE entre 1990 y 1996.
Así, frente a un Dívar que hasta su llegada al órgano de gobierno de los jueces había permanecido ajeno a la política judicial y que en sus 28 años de ejercicio en la Audiencia Nacional se caracterizó por huir de los focos en el hábitat natural de los llamados "jueces estrella", Xiol conoce bien las aguas en las que se moverá a partir de ahora. No en vano, fue vocal del CGPJ durante la que -hasta la presente- ha sido la crisis más importante que ha sufrido este órgano, desatada por la presencia en el mismo de Pasqual Estevill, luego condenado por delito fiscal y prevaricación.
Así, Xiol fue uno de los ocho miembros del Consejo que, el 6 de marzo de 1996, votó a favor de la expulsión de Estevill, que no salió adelante debido a la oposición del bloque conservador, lo que llevó al magistrado y a otros cinco de sus compañeros a dimitir. La aceptación de las renuncias por el entonces presidente del CGPJ, Pascual Sala -que hoy preside el Tribunal Constitucional- dejó al órgano de gobierno de los jueces inoperante, ya que los vocales que quedaban no alcanzaban el número mínimo exigido por la ley para que el pleno pudiera adoptar decisiones.
Desde entonces, de Xiol -que en 1997 también fue designado vicepresidente de la Junta Electoral Central- solo se ha sabido por sus autos y sentencias, a través de las que se ha ganado un enorme prestigio entre sus compañeros.
Ahora, como presidente en funciones del Supremo, el órgano que instruye las causas contra los aforados, decide sobre la ilegalización de partidos políticos y dicta doctrina de obligado cumplimiento para el resto de los tribunales españoles, se coloca en una posición expuesta a las opiniones de los demás. Sin embargo, es de suponer que quien ha dejado escrito que "la crítica respecto al comportamiento y las manifestaciones de quien ostenta un cargo público (...), aunque pueda molestar o herir, es legítima" sabrá encajarlas.
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