Urdangarin niega haber percibido nada de Baleares y Valencia y atribuye toda la responsabilidad a Torres

La defensa del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, ha afirmado, en el escrito que ha presentado para oponerse a la fianza civil de 8,2 millones de euros solicitada por la Fiscalía Anticorrupción y el sindicato Manos Limpias, que su patrocinado no ha percibido "cantidad alguna" de los convenios de Baleares y la Comunidad Valenciana con el Instituto Nóos, del que fue presidente entre 2003 y 2006.

En un extenso escrito de 33 páginas, el abogado Mario Pascual Vives asevera además que Urdangarin no se ha ocupado, ni en el Instituto Nóos ni en la sociedad Nóos Consultoría Estratégica "de materias financieras, contables, fiscales, laborales o administrativas", actividades que achaca, por el contrario, a su ex socio Diego Torres. "Como ha quedado hasta la fecha indiciariamente acreditado", recalca el letrado, fueron tanto el propio Torres -en su entonces cargo de vicepresidente de Nóos- como sus cuñados Miguel Tejeiro -asesor fiscal-, Marco Tejeiro -director general y gerente- "e incluso" Luis Tejeiro -en su parcela de gestoría- quienes "se ocuparon de manera exclusiva y excluyente de tales actividades", negando de este modo cualquier tipo de "ilicitud penal" por parte del yerno del Rey.

Tras recalcar que tampoco sus actuaciones han generado "daño o lesión patrimonial de ninguna clase", la defensa de Urdangarin incide en que fue en los domicilios personales y profesionales de los anteriores imputados donde apareció toda la documentación de las empresas investigadas, y que fue "exclusivamente" a Torres a quien el juzgado requirió todas estas informaciones. "No se puede demandar al olmo por no dar peras", añade el abogado, quien al negar que parte del dinero abonado por Baleares y la Comunidad Valenciana fuese a parar a los bolsillos de su clientes apunta que fue el Instituto Nóos el que "exclusivamente percibió los importes de los convenios allí celebrados".

En su escrito, Pascual Vives subraya que "queda fuera de toda lógica" que, habiéndose dado cumplimiento a los convenios firmados y ajustado las actividades al presupuesto que en los mismos se fijó, "se pretenda imponer cantidad" en concepto de fianza. "¿Cuál es la actividad delictiva? ¿Proponer unas ideas útiles, oportunas y con importante valor añadido en beneficio objetivo de la Comunidad balear? ¿Llevarlas a cabo con éxito? ¿No cobrar un céntimo más de lo presupuestado?", se pregunta.

En cuanto a la sociedad Nóos Consultoría Estratégica, la defensa señala que el salario que Urdangarin percibió de la misma fue, en dos años y cuatro meses, de 106.850 euros, que esta empresa "nunca repartió beneficios, mediante la distribución de dividendos entre Torres y Urdangarin", y que éste transmitió la totalidad de su participación social en el capital del Instituto Nóos a la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, por importe de 33.878 euros.

El abogado hace alusión al papel del Gobierno balear en este proceso, personado como acusación particular, aseverando que "nada debería poder reclamar" en el marco de esta causa "como curiosa perjudicada", alegando que en cualquier caso deberían hacerlo la Fundació Illesport y el Instituto Balear de Turismo (Ibatur), dependientes del Ejecutivo autonómico. "A la Comunidad balear, ningún perjuicio por hipotético que resulte se le ha podido causar", argumenta Pascual Vives. "Caso distinto es el de la Comunidad Valenciana o del Ayuntamiento de Valencia, quienes ni hasta ahora han comparecido en esta pieza", prosigue el abogado al respecto, de lo que se vale para afirmar que será "que no se sienten perjudicados".

La defensa explica que Urdangarin "no ha sido ni socio, ni apoderado, ni legal representante" de las sociedades investigadas en el marco de esta causa Intuit Strategy Innovat, Shiriaimasu, Virtual Strategies SL, De Goes Center For Stakeholder Management, Blossom Hills y la Fundación Deporte, Cultura e Integración, de la que, precisa, fue miembro junto con otros del Consejo Asesor deportivo. Asevera que "nunca tuvo ninguna intervención material" en la suscripción de los convenios para la celebración de los Illes Balears Forum y para cada una de las tres ediciones del Valencia Summit, sino que fue Torres quien participó en ello. El letrado considera que "va contra toda lógica que se imputen a mi defendido hechos sobre los que ni tuvo, ni pudo tener, ningún tipo de intervención, participación o conocimiento".

Además, deriva en la Administración pública contratante la decisión de "cuándo, cómo, por qué y con quién contrata", y que son sus servicios jurídicos los que tienen que verificar "la adecuación y precisión en el cumplimiento o, en caso contrario, exigir responsabilidades". "En este caso, no es sólo que la Administración no haya exigido ninguna responsabilidad, sino que el éxito de los eventos realizados hace que la Administración lleve a cabo una nueva colaboración con el Instituto Nóos", recalca. En esta misma línea, considera que "no parece razonable" que se impute a Urdangarin como delito conductas o hechos que, "en todo caso, podrían constituir, en el peor de los casos, simples irregularidades administrativas y nunca conductas tipificadas penalmente".