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Ulster, ¿un ejemplo de paz?

Políticos británicos y norirlandeses que participaron en el proceso de paz de la provincia irlandesa quieren aportar su experiencia a la nueva realidad del País Vasco

Un niño camina junto a pancartas en favor de los presos etarras en una calle de Mondragón.
Claudia Rahola (Afp) / Londres

13 de noviembre 2011 - 05:05

El anuncio de ETA sobre el fin de la violencia fue celebrado por los protagonistas del exitoso proceso de paz en Irlanda del Norte, que podría servir de modelo para llegar a una paz definitiva en el País Vasco.

Uno de los actores más importantes de aquel proceso, el ex primer ministro británico Tony Blair, proclamó que "la última confrontación armada en Europa finalmente ha terminado".

"Debemos celebrarlo todos y trabajar juntos para que la paz sea irreversible", agregó instando a la comunidad internacional a "dar a España todo el respaldo posible" cuando el Gobierno que gane las elecciones del 20 de noviembre asuma "la carga" de gestionar las consecuencias del conflicto.

Gerry Adams, presidente del Sinn Fein, considerado el brazo político del hoy inactivo Ejército Republicano Irlandés (IRA), también recibió satisfacción el comunicado de la banda, y urgió a Madrid y París a "aceptar negociaciones". "Acojo con agrado los términos decisivos y positivos de la respuesta de ETA a la declaración de la Conferencia Internacional de San Sebastián", afirmó el dirigente norirlandés.

Adams participó en esa reunión de políticos vascos y figuras internacionales, entre ellas el ex secretario general de la ONU Kofi Annan.

No está descartado que tanto Blair como Adams desempeñen un papel en un eventual proceso.

El ex premier laborista británico se declaró "dispuesto a ayudar personalmente en lo que sea posible", mientras que Adams declaró en la BBC que en los últimos 12 años, se reunió "con muchas personas en el País Vasco y algunas en el Estado español".

Ambos podrían aportar su experiencia de un proceso exitoso, que comenzó en los años 1990 y puso fin a 30 años de violencia entre separatistas católicos y protestantes leales a la Corona, que dejaron más de 3.000 muertos en esa provincia británica.

Irlanda del Norte vivió un proceso lento y difícil, cuyo momento clave fue la firma del histórico Acuerdo de Paz del Viernes Santo, el 10 de abril de 1998, por los gobiernos del Reino Unido, Irlanda y la mayoría de partidos norirlandeses, tras casi dos años de negociaciones presididas por el ex senador estadounidense George Mitchell. El acuerdo, obtenido gracias a importantes concesiones de los dos bandos, preveía en particular el desarme de todos los grupos paramilitares, un reparto de poder en una Irlanda del Norte más autónoma y la liberación anticipada de presos.

Pero la violencia no cesó inmediatamente. Cuatro meses después, un grupo disidente opuesto a los acuerdos de paz, cometió el atentado más mortífero de todo el conflicto en la ciudad de Omagh, con un saldo de 29 muertos y más de 200 heridos. Y los brotes esporádicos de violencia continúan hasta el día de hoy.

El IRA, que había declarado una primera tregua en 1994 y otra en 1997, tardó todavía siete años en anunciar el fin de la lucha armada en julio de 2005, dos meses antes de que una comisión independiente confirmara la inutilización de sus arsenales.

"La mayoría de las dificultades fueron la aplicación del acuerdo", explica Paul Mitchell, profesor de política de la London School of Economics (LSE), y en particular la destrucción del armamento del IRA, que tomó "mucho tiempo" porque "simbólicamente era muy difícil para ellos".

En lo que se refiere al acuerdo propiamente dicho, el Reino Unido "estaba dispuesto a hacer cualquier concesión razonable que pareciera necesaria para resolver el conflicto", explicó.

Para Blair, en España, "como en Irlanda del Norte, es necesario abordar ahora las consecuencias del conflicto con negociaciones sobre el desmantelamiento de armas, la desmovilización de ETA, el tratamiento del tema de los presos y exiliados, y la consecución de una normalización en materia de seguridad", sin olvidar a las víctimas, cuyas familias deben ser "compensadas y respaldadas".

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