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Bruselas/El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha confirmado este miércoles la decisión del Parlamento Europeo de levantar la inmunidad al ex presidente de la Generalitat de Cataluña y eurodiputado Carles Puigdemont, en una sentencia que afecta también a los ex consellers y eurodiputados de JxCAT, Clara Ponsatí y Toni Comín.
De esta forma, desestima el recurso del expresidente de Cataluña contra la decisión de la Eurocámara de suspender su inmunidad europarlamentaria, siguiendo la petición del Tribunal Supremo (TS) para que pueda responder ante la Justicia en España por su participación en el procés.
La Justicia europea avala así el proceso de suplicatorio con el que la Eurocámara levantó la inmunidad a Puigdemont y los ex consellers.
Frente a esta decisión cabe recurso de casación, que debe presentarse en dos meses, algo que la defensa del expresidente catalán ya ha adelantado que hará.
De hecho, inmediatamente después de conocerse el fallo, Carles Puigdemont, anunció que lo recurrirá, porque hoy "nada se acaba".
"Nada se acaba, al contrario. Todo continúa. Presentaremos recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE", dijo Puigdemont en un mensaje en su cuenta de Twitter, escasos minutos después de que el tribunal de Luxemburgo emitiera la sentencia.
"Ciertamente hemos trabajado duro para obtener otra sentencia, pero también estábamos preparando el camino a seguir en caso de que el resultado fuera el que se ha comunicado hoy", apuntó el expresidente catalán.
El abogado Gonzalo Boye también ha confirmado este miércoles que recurrirán en casación la decisión del TGUE.
"Nos desestiman ambas demandas, estudiaremos los argumentos del Tribunal General y esto nos obliga a recurrir en casación como hemos hecho en todas las ocasiones anteriores", ha expresado Boye –que defiende a Puigdemont, Ponsatí y Comín– en un apunte en Twitter.
En su sentencia de este miércoles, el TGUE echa por tierra todos los motivos formulados por los tres diputados, en particular sus alegaciones sobre que el Parlamento Europeo no tuvo en cuenta que el proceso judicial se puso en marcha con la intención de dañar la actividad de los diputados.
Considera que el proceso judicial español tiene lugar en un momento en que la adquisición de la condición de diputado europeo era "hipotética", y afectaba también a otras personas que no eran miembros del Parlamento Europeo. En este sentido, indica que durante el suplicatorio "no corresponde al Parlamento analizar la legalidad de los actos judiciales españoles", puesto que esta cuestión es competencia exclusiva de las autoridades nacionales.
Igualmente, rechaza el argumento de que la Eurocámara fue imparcial al designar como ponente al eurodiputado búlgaro de ultraderecha, Angel Dzhambazki, que pertenece al mismo grupo parlamentario que Vox o que la comisión de Asuntos Jurídicos que pilota el suplicatorio organizara lo tres expedientes en un mismo caso.
En este sentido, el tribunal con sede en Luxemburgo defiende que nada impide que que se designe un único ponente para examinar varios expedientes de inmunidad vinculados, cuando los suplicatorios se refieren a diputados objeto de un mismo proceso penal.
Sobre la designación de Dzhambazki, la sentencia recalca que el diputado que hace las veces de ponente "por definición no es políticamente neutro" y se encuadra en un grupo político. "Actúa no obstante en el marco de una comisión parlamentaria cuya composición refleja el equilibrio de los grupos políticos en el Parlamento", ha señalado.
Según el TGUE, es "en principio irrelevante para la apreciación de su imparcialidad" la pertenencia al grupo parlamentario y aunque señala que comparte grupo con Vox, que promovió el proceso penal contra los tres diputados, "no puede ampliarse, como regla, al conjunto de los miembros del grupo de Conservadores y Reformistas.
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