El Tribunal de Estrasburgo anula la doctrina Parot

La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos exigió este lunes a España la puesta en libertad de la presa etarra Inés del Río Prada con una sentencia definitiva, que no puede ser objeto de recurso, y que anula para ella la doctrina Parot. La excarcelación fue solicitada por los jueces europeos en el fallo por 16 votos a favor y uno en contra (el británico Paul Mahoney, que expresó una opinión parcialmente disidente a la puesta en libertad inmediata). Este dictamen sólo hace referencia a Inés del Río y no al resto de 76 presos cuyo encarcelamiento se ha prolongado por la doctrina Parot. En cualquier caso, está previsto que la Corte Europea falle en los próximos meses sobre una treintena de demandas contra España de presos afectados por esa doctrina. La sentencia de los 17 jueces de la Gran Sala dice que España vulneró dos artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos: por unanimidad el 5.1 (Derecho a la libertad y a la seguridad) y, por 15 votos contra 2, el artículo 7 (No hay pena sin ley). El propio Mahoney y el juez bosnio Faris Behabovic mostraron su desacuerdo porque "no creen que la pena infligida a la demandante se haya endurecido por la decisión por la que se quejaba, a pesar de que haya tenido un efecto considerable en la duración de su encarcelamiento".

El mayor desacuerdo entre los jueces de la Gran Sala se ha centrado en la indemnización que España habrá de abonar a Del Río y que la sentencia de Sala la fijó, en julio de 2012, en 30.000 euros por daños morales y 1.500 euros por gastos y honorarios. Diez magistrados de la Gran Sala apoyaron esos 30.000 euros en concepto de daños morales, mientras siete expresaron su desacuerdo ya que opinan que la vulneración constatada y la medida solicitada al Gobierno "constituyen en sí una indemnización suficiente". La demandante había solicitado 60.000 euros por daños morales. La Corte europea concluyó que, desde que se le aplicara la doctrina Parot hace más de 5 años, la miembro de ETA "ha sido objeto de una privación de libertad irregular". Por ello y vista "la necesidad urgente de poner fin a las vulneraciones constatadas, el Tribunal estima que corresponde a las autoridades españolas garantizar la libertad de Del Río Prada a la mayor brevedad posible". La puesta en libertad de la demandante estaba prevista para el 2 de julio de 2008, pero la Audiencia Nacional, en aplicación de la "doctrina Parot", fijó para el 27 de junio de 2017 la nueva fecha de excarcelación. Según el fallo, la demandante "no podía prever" que se modificara la jurisprudencia con la doctrina Parot, ni que "la Audiencia imputaría las redenciones de pena otorgadas a cada una de las penas impuestas por separado y no a la pena máxima de 30 años". Esa doctrina se basa en una sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2006, por la que "la ejecución de la totalidad de la condena (...) comenzará con las penas más graves" y los beneficios penitenciarios se aplicarán individualmente para cada una de ellas, y no sobre el máximo legal de 30 años de permanencia en prisión. En la práctica, eso se traduce en que el tiempo de encarcelamiento se alargue.

Del Río (Tafalla, 1958) fue detenida en julio de 1988, cuando se dirigía en un vehículo con 35 kilos de amonal a Torremolinos (Málaga) para iniciar una campaña veraniega de atentados en la Costa del Sol. Fue condenada a más de 3.000 años de cárcel; 2.232 correspondieron a la ayuda que prestó al Comando Madrid, liderado por Ignacio de Juana Chaos, para perpetrar el atentado contra un convoy de la Guardia Civil en la plaza madrileña de la República Dominicana, que costó la vida a 14 agentes. A la lectura de la sentencia por parte del presidente del Tribunal de Estrasburgo, Dean Spielmann, no asistieron representantes de las asociaciones de víctimas del terrorismo ni de partidos que han apoyado a la demandante. En representación del Estado, estuvo presente el embajador español ante el Consejo de Europa, Fernando Alvargonzález. A partir de ahora, el Comité de Ministros del Consejo de Europa -órgano ejecutivo de esta organización paneuropea de 47 Estados miembros- realizará el seguimiento de la ejecución de la sentencia y velará por su cumplimiento.

Los Abogados de Inés del Río dicen que 56 presos de ETA deben quedar en libertad

Los abogados de la presa de ETA Inés del Río han asegurado que van a solicitar la "inmediata" puesta en libertad de 56 reclusos a los que se ha aplicado retroactivamente la doctrina Parot, anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En una rueda de prensa celebrada en Bilbao en la sede del Colegio de Abogados de Bizkaia, los letrados han subrayado su "alegría y satisfacción completas" por el fallo de la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo, que ha anulado la doctrina Parot en una sentencia favorable a la presa etarra Inés del Río, de quien ha exigido su puesta en libertad. La abogada Amaia Izko, que ha actuado como portavoz del equipo de letrados que ha llevado el caso de Inés del Río, ha subrayado que la doctrina Parot"está muerta". Ha destacado que el Gobierno debe "cumplir la sentencia" y que "no existe ningún margen jurídico" para no hacerlo. "Toca poner en libertad a quien se ha aplicado retroactivamente la doctrina Parot inmediatamente. Cada minuto que continúan en prisión es un minuto de vulneración y desprecio de los derechos fundamentales", ha destacado.

La letrada ha cifrado en 56 los presos de ETA cuya excarcelación van a solicitar "con prontitud", en los próximos días. Ha indicado que, en su sentencia, el tribunal europeo "constata que ha habido una vulneración de derechos fundamentales en el Estado español y una quiebra del estado de derecho", dos cuestiones que "han sido y son las bases de su política antiterrorista". Ante la reunión extraordinaria que celebrará mañana la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para estudiar si debe excarcelar a Inés del Río, la abogada de la reclusa ha considerado que "lo único que puede ocurrir es que se acuerde su libertad". Respecto de la intención del Gobierno de no pagar a Inés del Río la multa de 31.500 euros impuesta por la sentencia europea y descontar esa cantidad de la deuda que mantiene la reclusa por las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo, la abogada ha expresado sus "dudas" de que el Ejecutivo pueda hacerlo. Ha resaltado que, tras la resolución judicial, "la alegría es mucha, pero llega muy tarde". La abogada ha recordado que el tribunal europeo ya se pronunció en primera instancia, el pasado año, a favor de Inés del Río y ha dicho que, al recurrir ese fallo, el Gobierno "solo buscaba mantener en el tiempo una situación vulneradora de derechos fundamentales por el rédito que le podida producir en su política antiterrorista".

Sobre el pronunciamiento del Gobierno de que "el estado de derecho no está en suspenso", Amaia Izko ha dicho que "lo que está en suspenso son los derechos fundamentales, los derechos humanos, y esta mañana se lo ha dicho el Tribunal de Estrasburgo alto y claro". La abogada ha señalado que, como criterio general, el tribunal de Estrasburgo ha determinado que "no se puede adoptar una interpretación contra reo y aplicarla retroactivamente para alargar la pena".

Ha considerado que, tras la resolución del tribunal europeo, "es el final del camino de la doctrina Parot, pero no es el final del camino de la vulneración de derechos fundamentales, porque en ella se basa la excepcionalidad" de las leyes que se aplican a los "presos políticos" de ETA, según la letrada. Por ello, ha pedido al Gobierno que "termine inmediatamente con todas las medidas excepcionales hoy en día en vigor" aplicadas a estos reclusos.