Torres niega que la infanta estuviera en Nóos como reclamo
El ex socio de Urdangarín asegura ante el juez que el papel de la hermana del Rey era de "mero vocal sin participación activa". El interrogatorio cuenta su tercera jornada y supera ya las 22 horas.
Diego Torres ha negado este jueves ante el tribunal que le juzga en Palma haber creado el Instituto Nóos con Iñaki Urdangarín por su vínculo con la Casa Real y haber incluido a la infanta Cristina como vocal de su junta directiva como gancho para obtener contratos. "De ninguna manera", ha asegurado.
En la tercera jornada de un minucioso interrogatorio que supera las 22 horas, Torres ha asegurado que el papel de la infanta en Nóos era de mero vocal sin participación activa, a diferencia del que jugó Carlos García Revenga como tesorero de la entidad y supervisor en nombre de la Casa Real. Al secretario de las infantas le consultaban, participaba en reuniones y colaboraba en la redacción de documentos. "Iba analizando todo lo que hacíamos para asegurarse que nunca pudiéramos estar realizando algo que no fuese correcto y que pudiera redundar de forma negativa en la imagen de la Casa Real", ha detallado.
Sobre Urdangarín ha defendido que la razón de su asociación profesional fue la voluntad de sumar su propia experiencia en consultoría estratégica con la del entonces duque de Palma como deportista. Por encima de su relación con la Casa Real, Torres ha destacado de Urdangarín que fuera miembro de la asamblea general del Comité Olímpico Español (COE). "No fue la lista de contactos de don Iñaki en absoluto lo que me motivó a esa asociación", ha añadido. "Claro que hay mucha gente que te viene a ver, mucha gente quiere conocerlo y quiere aproximarse pero el trabajo profesional es otra historia", ha dicho Torres, que ha defendido "la bondad" de la labor que llevaron a cabo.
A los 800 documentos por los que le ha preguntado la abogada que representa al Gobierno balear, que pagó 2,2 millones de euros al Instituto Nóos, Torres ha recalcado que "son facturas todas verdaderas, relacionadas con servicios". El acusado, que se enfrenta a peticiones de condena de entre 11 y 22,5 años de cárcel, ha recordado de nuevo que la supervisión por parte de la Casa Real la ejerció también el abogado del rey Juan Carlos, José Manuel Romero, conde de Fontao, que fue quien recomendó que Urdangarín se desvinculara de Nóos en 2006. Lo que indicó fue que no debía figurar como administrador para evitar la presión mediática, pero no porque detectara ninguna incorrección en lo que hacían. "El señor Romero revisa, lo ve y dice 'chicos habéis hecho las cosas correctamente', pero no se puede ir contra el mundo y si esto no se admite, pues no se admite", ha puntualizado respecto a la salida de Urdangarín de Nóos.
Ante las preguntas insistentes de la abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, sobre hasta qué punto la infanta Cristina estaba informada de lo que ocurría, Torres se ha negado por primera vez a seguir contestando. "No le voy a contestar en este momento sobre esas cosas", ha dicho el acusado antes de anunciar que no aceptaría más preguntas de Manos Limpias, la única que acusa a la infanta como cooperadora en dos delitos fiscales de su marido. "¿Ha hecho usted algún pacto?", le ha preguntado entonces la abogada, algo que Torres ha negado tajantemente.
Después tampoco ha respondido a la otra acusación popular, la letrada del grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia, ni a los abogados de la Generalitat valenciana personados a título civil. Durante toda la jornada, y como ya hizo en las dos anteriores, se ha valido de ingente documentación apilada en su mesa junto a varios libros y un portátil para respaldar su defensa con respuestas extensas, alguna de más de media hora. "Me gusta ser muy preciso", ha afirmado en un momento del interrogatorio y la presidenta del tribunal, Samantha Romero, le ha llegado a decir que no era necesaria "tanta concreción".
La magistrada también ha querido dejar hoy claro, cuando el abogado de la infanta ha protestado "enérgicamente" por las preguntas de Manos Limpias, que el tribunal "va a blindar su independencia" y será riguroso para que se respeten los derechos de los acusados.
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