Torres y su esposa aseguran que la Casa Real supervisaba "todo" en el Instituto Nóos

La defensa de Diego Torres y de su esposa, Ana María Tejeiro, alega en su recurso contra la imputación de ambos en el caso Nóos que la Casa Real realizaba un "exquisito y escrupuloso seguimiento" de toda la actividad de Iñaki Urdangarín que considera una garantía de su legalidad. La representación del ex socio de Urdangarín, que ha presentado este lunes un recurso de reforma contra el auto dictado el pasado día 25 por el juez José Castro, subraya que todo en el Instituto Nóos era "validado, autorizado, auspiciado, consentido, conocido, consolidado y demás por los más altos y prestigiosos asesores del Estado".

"¿Cómo puede pretenderse que Torres y Tejeiro pudieran pensar que algo anómalo se estaba cociendo, si hasta el propio Rey, según Iñaki Urdangarín, le conseguía citas?", recoge el escrito, en el que solicita el archivo de la causa tanto para el ex socio del duque de Palma como para su mujer. Según el abogado Manuel González-Peeters, los hechos que relata el juez, por los que le atribuye ocho delitos distintos tanto a Torres como a su mujer, no son ciertos; de serlo no constituirían infracción penal, y si fueran delitos ni Torres ni Tejeiro tenían idea de cómo actuar en contra de la ley. El letrado manifiesta "asombro" por "el empecinamiento" del juez en mantener a Ana María Tejeiro imputada en la causa, algo que considera "sangrante" en comparación con la infanta, y asegura que "a ella eso de la igualdad de todos ante la Ley no le es de aplicación".

En el escrito detalla 71 diferencias entre la conducta de las dos mujeres imputadas en esta causa, como que la esposa de Torres no era socia del Instituto Nóos ni parte de su junta directiva ni figura en ningún folleto de la entidad y la hermana del Rey sí. Añade que "Ana María Tejeiro no pinta nada, nunca fue nada". "No fue Ana María Tejeiro quien le pidió a su padre que hablase con su amigo Aga Khan para que asistiese o enviase a alguien al Valencia Summit", afirma el abogado entre otras cuestiones que en su opinión señalan a la infanta."Nunca, ni de forma directa ni de modo indirecto, Ana María Tejeiro ha participado en la toma de decisión de ninguna clase, por lo que ni por asomo cabe atribuirle responsabilidad alguna", incide el letrado, que subraya las comparaciones entre su defendida, imputada por veintitrés delitos en total y la infanta, a la que Castro atribuye tres delitos.

González-Peeters tacha de "tomadura de pelo" que "los estudios y formación" de doña Cristina, pagados de las arcas públicas, se traduzcan en "amnesia selectiva" cuando declaró ante el juez el 8 de febrero. Según el defensor, la infanta estaba al tanto de todo lo que hacía Urdangarín, que era "quien realmente gestionaba, dirigía y disponía" de Nóos con la aquiescencia de la Casa del Rey.

El letrado aborda de forma pormenorizada los hechos presuntamente delictivos que el juez atribuye a sus clientes y niega que la conducta de estos sea penalmente reprobable. En particular, pone en evidencia que "para traficar con influencias para obtener determinadas prebendas hay que tenerlas". "¿Quién tenía las relaciones con Telefónica, La Caixa, Iberdrola, BBVA, Abertis y Repsol? ¿El jugador de balonmano? ¿Diego Torres? ¿Quién hacía de relaciones públicas para abrir puertas, conseguir contrataciones, etc., etc., etc., para el Instituto Nóos? (...) ¿El jugador de balonmano? ¿Diego Torres? Pues no, todo procedía de la intermediación, en el peor de los escenarios, de la esposa de Iñaki Urdangarín", incide.

El abogado rechaza las imputaciones de malversación y fraude a la Administración porque ni Torres ni su esposa podían pensar que el dinero recibido por Nóos lo fuera de forma anómala. También niega la falsedad y prevaricación en los convenios con las administraciones balear y valenciana cuestionados por presunto desvío de fondos públicos, de los que afirma que son acuerdos de patrocinio. El letrado dice que "se cumplieron rigurosamente" y los eventos organizados por Nóos fueron de "un harto elevado éxito". Niega además la existencia de una trama de empresas en torno a Nóos y el cruce de facturas y asegura que la imputación por delito fiscal "no se sostiene ni con pinzas". Según el letrado, la imputación por falsedad se basa en una conducta despenalizada en 1995 y la estafa en todo caso sería una falta de tutela de la Administración.