El TSJCV investigará al PP valenciano y la Generalitat por el 'casó Gürtel'

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) investigará un posible delito electoral del PPCV en los comicios municipales y autonómicos de 2007 y de falsedad documental en las generales de 2008, y si la Generalitat prevaricó y cometió cohecho en contratos con la firma Orange Market.

Según el auto de 62 páginas dictado por el magistrado José Francisco Ceres, la Sala de lo Civil y lo Penal ha acordado asumir esas tres investigaciones, procedentes del Tribunal Superior de Justicia madrileño, y se plantea unir esta causa a la denominada de los trajes donde está imputado el presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

El Tribunal valenciano decide investigar así, por un posible delito electoral, a Luis Bárcenas y Cristina Ibáñez como administradores del PP; a los diputados valencianos Vicente Rambla (también vicepresidente del Consell), Ricardo Costa, David Serra y Yolanda García y a los gestores de Orange Market Cándido Herrero, Álvaro Pérez, Pablo Crespo, Francisco Correa y José Luis Izquierdo.

Por este mismo delito se investigará a los gestores de las mercantiles Facsa, Pavimentos del Suroeste, Grupo Vallalba, Constructoras Hormigones Martínez y PIAF, así como a personas no identificadas El Príncipe y El Cantante.

Por otra parte, se investigará un delito de falsedad en documento mercantil atribuido a los citados diputados, a los gestores de Orange Market, a los de las sociedades Facsa, Enrique Ortiz e hijos, PIAF, Lubasa, Fundación Sedesa, Sedesa Inversiones y Sedesa Obras y Servicios y a las dos personas no identificadas.

Asimismo, el TSJCV considera que es supuestamente atribuible un delito de prevaricación y cohecho (por los contratos de Fitur de 2005 a 2009) a Milagrosa Martínez (exconsellera de Turismo y presidenta de Les Corts), Rambla y Rafael Betoret (exjefe de gabinete de la Conselleria), así como a los gestores de Orange Market.

Sin embargo, la Sala ha acordado declararse no competente para investigar al ex director general de Radiotelevisión Valenciana Pedro García por cohecho y prevaricación en los contratos relacionados con la visita del Papa a Valencia en 2006, otras contrataciones de la Generalitat con Orange Market y otras empresas del grupo de Correa, ni tampoco posibles delitos fiscales de estas sociedades.

Una vez asumida la competencia para investigar los citados delitos, el TSJCV se plantea la posibilidad de acumular esta causa "por conexidad" a la del procedimiento abierto por cohecho impropio en el que están imputados Camps, Costa, Betoret y el exvicepresidente Víctor Campos, como reclama la Fiscalía y la acusación popular constituida por parlamentarios socialistas.

Respecto a la solicitud de acumulación, la sala ha dado traslado a las partes, por cinco días, de la misma para que puedan realizar alegaciones sobre su procedencia o solicitar la separación de los hechos asumidos en el presente auto.

En el apartado de razonamientos jurídicos, los magistrados han apuntado como "singularidad concurrente" que "las irregularidades en la contratación -entre la administración y Orange Market- podrían estar relacionadas con los regalos recibidos por las cuatro personas imputadas por cohecho pasivo impropio tramitado en esta sala".

Respecto al delito de financiación ilegal del partido, el auto considera que Camps "no aparece mencionado en concepto de autor ni partícipe", y que "las menciones episódicas y genéricas que se realizan al mismo en alguna de las conversaciones telefónicas no tienen la necesaria concreción fáctica".

El auto repasa por orden cronológico las principales actuaciones, informes policiales y judiciales y recursos presentados por las partes, así como los argumentos jurídicos por los que ha aceptado la inhibición planteada en mayo de 2010 por el TSJM.

Así, se recoge que "según el auto del 5 de marzo de 2009 de la Audiencia Nacional, la organización de Francisco Correa se gestó a partir de una relación directa con responsables del PP a nivel nacional" y que una vez ésta se desvinculó de la organización del partido, la trama creó Orange Market, trasladada a Valencia.

Esa sociedad, "sin experiencia en la organización de eventos del partido, obtuvo la realización de los 'stands' de la Comunitat Valenciana para cuatro ferias de turismo", añade.

Contra este auto podrá presentarse recurso de súplica en el plazo de tres días.