El TSJC ordena que si un alumno lo pide se impartan en castellano al menos el 25% de las clases

El Gobierno catalán anuncia que recurrirá el auto y acusa al PP de intentar imponer el modelo lingüístico balear y valenciano.

Efe

31 de enero 2014 - 14:37

Barcelona/El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado que cuando un alumno lo pida se impartan en su clase al menos el 25% de las horas lectivas en castellano, incluyendo como mínimo una asignatura troncal y la de lengua y literatura castellana. En cinco resoluciones que dan respuesta a las peticiones de otros tantos padres para que sus hijos reciban educación en castellano, el TSJC establece que el catalán debe ser considerado como el "centro de gravedad" del sistema educativo, si bien fija una presencia mínima del castellano como lengua vehicular en un 25% de las horas lectivas.

En los autos, que son recurribles ante el propio tribunal, la sección quinta del TSJC ordena a los directores de las cinco escuelas afectadas que adopten las disposiciones pedagógicas oportunas para la "efectiva ejecución" de su resolución en un plazo máximo de un mes. En concreto, el alto tribunal catalán considera que en los casos en los que los padres piden la enseñanza de sus hijos en castellano se debe fijar una "presencia mínima" del castellano como lengua vehicular en sus clases o cursos de un 25% de las horas "efectivamente lectivas". De esta forma, se deberán impartir en castellano "además del área, materia o asignatura lingüística correspondiente a su aprendizaje, cuanto menos otra área, materia o asignatura no lingüística curricular de carácter troncal o análoga".

Hasta ahora, el TSJC había ordenado a la Generalitat que, si los padres lo reclamaban, adoptara "cuantas medidas sean precisas" para adaptar el sistema de enseñanza lingüística a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, que consideró también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán. El alto tribunal catalán entiende ahora que la Generalitat no ha "cumplimentado debidamente" este requerimiento, ya que considera que no basta con prestar atención individualizada en castellano al alumno que lo solicite. Según el TSJC, se trata de que, "sin perjuicio del mantenimiento del catalán como centro de gravedad" del sistema educativo, se haga efectiva la presencia vehicular del castellano "en una proporción razonable".

Los cinco casos que han llevado al TSJC a establecer este mínimo del 25% de horas lectivas en castellano si un alumno lo pide se refieren a las escuelas Pía Sarrià-Calassanç de Barcelona; Sant Bonaventura Franciscans de Vilanova i la Geltrú (Barcelona); Alba del Vallès, de Sant Fost de Campsentelles (Barcelona); Mare de Déu del Roser, de Barcelona, y Escolapies Sant Josep de Calassanç de Sabadell (Barcelona).

El alto tribunal catalán se remite en los autos a sus propias resoluciones anteriores sobre la cuestión, a una sentencia de 1986 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre Bélgica, así como a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. En los autos, el TSJC subraya que en ocasiones ha rechazado peticiones de padres de alumnos que piden que sus hijos sean escolarizados en castellano porque en las escuelas afectadas hay una "suficiencia" de presencia vehicular del castellano, en una "proporción razonable".

Sin embargo, en los cinco casos que han motivado que fijara esta proporción del 25% no detectó una "proporción razonable" del uso del castellano en las clases, por lo que requirió sin éxito a la Generalitat para que lo solventara. En un comunicado remitido a los medios, el TSJC sostiene que con estas resoluciones se pretende dar cumplimiento a la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto para que la utilización del castellano en las escuelas catalanas no sea "tan reducida o marginal que devenga simplemente retórica".

El Gobierno catalán recurrirá el auto y acusa al PP de imponer el modelo balear

La consejera catalana de Enseñanza, Irene Rigau, ha asegurado que recurrirán el auto del TSJC y ha acusado al PP de intentar imponer el modelo lingüístico balear y valenciano. La titular de enseñanza de la Generalitat de Cataluña ha convocado una rueda de prensa tras conocerse las cinco resoluciones del TSJC. Rigau ha lamentado que "se pretenda imponer en Cataluña, por vía judicial desde el Supremo, el modelo que desde el Partido Popular se está imponiendo en territorios como las Islas Baleares o el País Valenciano". La consejera ha criticado lo que considera "una extralimitación del TSJC" porque éste "tiene como función hacer cumplir las leyes, no cambiarlas".

La titular catalana de Enseñanza también ha dado a entender que, hasta obtener una respuesta al recurso que presentarán, no actuarán, y ha afirmado que, tras la reunión con los centros afectados, prepararán el recurso y cuando tengan alguna respuesta se volverán a reunir para decir a los centros lo que deben hacer. Irene Rigau ha indicado que la Generalitat "asume como propia" la decisión del TSJC, que afecta a ocho alumnos de centros en su mayoría concertados, y ha considerado "incomprensible" que no se haya esperado a la resolución del Tribunal Constitucional.

También ha recordado que ya denunciaron "la extralimitación del Supremo" al modificar el contenido de una ley "cuando sólo le corresponden casos particulares". Rigau ha sostenido que la orden del TSJC "pone a los centros en una situación particular" porque se dirige a la dirección y no "al responsable del departamento". "Cuesta entender que se quiera obligar a los centros y a los directores a incumplir la ley -catalana- de educación y su despliegue", ha resaltado Rigau, porque, ha recordado, "la ley de educación está vigente, recurrida por el PP, pero como no ha habido sentencia, vigente".

En cuanto a la cuota del 25%, la consejera ha reivindicado que es "al Gobierno de Cataluña a quien le compete fijar los porcentajes, pero ahora se le atribuye al TSJC". "¿Por qué un 25%? ¿Cuál es la base?", se ha preguntado Rigau, "¿dónde queda el referente balear y el del País Valenciano? ¿desde cuándo nos dedicamos a trocear la lengua?". Rigau ha señalado que "la inmersión lingüística está avalada y garantizada", pero ha explicado que "el problema es su aplicación", por lo que se ha mostrado "sorprendida" e "indignada".

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