El TC avala pero limita en el tiempo la aplicación del 155

Madrid/El Tribunal Constitucional (TC) considera que la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña fue necesaria para evitar que se cumpliera el "propósito último" del Govern de "quebrar el Estado" tras proclamar la república catalana, aunque esta fuera "ficticia en derecho". El TC difundió las dos sentencias en las que avala por unanimidad la aplicación de este artículo de manera inédita en España por parte del Ejecutivo de Rajoy en octubre de 2017, que conllevó la destitución del Govern de Puigdemont y la suspensión de la autonomía catalana de forma temporal.

Los magistrados exponen que el 155 es un mecanismo de coerción, un "remedio excepcional, subsidiario y temporal", que no puede ser indefinido ni "preventivo" para evitar "futuros incumplimientos". Es decir, una "vía de último recurso" que sólo puede aplicarse cuando una comunidad incumpla la Constitución, el Estatuto o atente gravemente contra el interés general de España.

Y argumentan que fue eso lo que ocurrió en Cataluña en otoño de 2017, cuando el Govern provocó "una grave crisis institucional" al proclamar "una república catalana (ficticia en Derecho, pero afirmada y propugnada de facto)", con la que "se pretendía quebrar la unidad de la nación española". "Se discutió la preservación misma del Estado" y se intentó cuestionar "su unidad e integridad territorial y constitucional", dice el TC, por lo que era imposible que ese mismo Gobierno fuera el encargado de volver a la legalidad. Estaba justificado "un desplazamiento extraordinario, excepcional y temporal de sus funciones a órganos estatales", por lo que no es posible decir que fueran medidas "exorbitantes o desmedidas".

En sus sentencias, en las que desestima casi íntegramente los recursos de Podemos y del Parlament, el TC explica que, al amparo del 155, el Ejecutivo actúa como "garante" de la "integridad" de la Constitución.

Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha citado a declarar de nuevo como investigado al conseller de Interior, Miquel Buch, por desobediencia y prevaricación por ceder locales para el 1-O en Premià de Mar (Barcelona) cuando era alcalde.