El Supremo desmonta el 'procés'

Madrid/El Tribunal Supremo (TS) ha desmontado el procés y el relato de sus actores, revelados como la punta de lanza de una "quimera", que engañaron a una población ilusionada y a ellos mismos en su camino a una independencia inviable, cuando en realidad buscaban tensar la cuerda con el Estado. Hasta que ésta se rompió.

El plan es que no había plan. Porque no hubo independencia ni podía haberla, no existía el derecho a decidir sino a presionar, no había marco jurídico tangible para ejecutar una secesión ni referéndum capaz de ser homologado que la legitime, como tampoco margen alguno para la ruptura porque enfrente estaba toda la maquinaria del Estado. La sentencia es la deconstrucción del procés.

Una maniobra de marketing independentista "estimulada y alentada con entusiasmo" por los acusados, que desplegaron "un innegable poder convictivo y movilizador" y una retórica sin precedentes para alcanzar lo inalcanzable. "Y lo sabían", dice el tribunal, que los condenó a entre 9 y 13 años de prisión, aproximadamente la mitad del horizonte penal que encaraban al inicio del histórico juicio.

La sentencia arremete con dureza contra los condenados por alentar desde su responsabilidad pública y asociativa a lo imposible engañando, ocultando y utilizando a la población afín a sus ideas para hacerles creer que con su voto estaría contribuyendo al acto fundacional de la república de Cataluña, pero lo cierto es que tampoco deja en buen lugar a esos ciudadanos "ilusionados".

Porque muchos confiaron "ingenuamente" en su liderazgo y en su capacidad para conducirlos a un nuevo Estado que sólo existía en el imaginario de su promotores, incapaces de dar el paso que ellos mismos habían proclamado y que esa parte de la ciudadanía, a la que tan "insistentemente" habían convocado, les exigía ejecutar.

No hay mejor ejemplo que la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de ocho segundos de aquel 10 de octubre, cuando Puigdemont dejó en suspenso la secesión, una fotografía de lo que es el procés: "La ausencia de una verdadera voluntad" de dar eficacia a lo prometido, a lo acordado por ellos. De ese relato onírico dan cuenta los magistrados cuando entierran el delito de rebelión, ya que la violencia se contempla cuando el fin último e irrenunciable es lograr la secesión, no crear un clima o un escenario en que se haga más viable una negociación y conseguir así "doblegar políticamente la voluntad del Gobierno de España" o como el denostado Vila lo llamó en el juicio: tensar la cuerda.

Y es que, pese a plantearse como una estrategia sin frenos, el procés sí recogía una línea roja, "ocultada a la ciudadanía, de que en ningún caso se accedería a la pretendida secesión territorial sin el asentimiento del Gobierno legítimo de (toda) España". Más allá del precipicio, estaba el vacío del día después y sobre todo "el Estado, que mantuvo en todo momento el control de la fuerza".

Las expectativas de un sector de la ciudadanía no parecían discurrir en paralelo con las de sus líderes porque "la conjura fue definitivamente abortada con la mera exhibición de unas páginas del Boletín Oficial del Estado" que publicaban la aplicación del artículo 155.

Pero el engaño último fue concebido en origen por los condenados, que fueron las primeras víctimas de sí mismos, conscientes de que su propósito independentista era "una mera quimera" y engañados por la ciencia ficción del soberanismo que ellos habían elevado a los altares a partir de dos axiomas inexistentes a ojos del tribunal: el derecho a decidir y votar no es delito.

Y es que cuando desde el soberanismo se presumía de ejercer los más altos parámetros democráticos, lo cierto es que se estaba pervirtiendo el término porque "no existe un derecho a decidir ejercitable fuera de los límites jurídicos definidos por la propia sociedad" española, "ni está avalado este derecho por ninguna constitución europea ni por ningún tratado internacional".

"La protección de la unidad territorial de España no es una extravagancia", lo que es "antidemocrático" para los siete magistrados es la secesión unilateral o tratar de vender como un tsunami democrático el 1-O, cuando en realidad se trató de "un levantamiento tumultuario" alentado por los condenados para intentar convertir en "papel mojado" decisiones judiciales.

Lo que ocurre es que por el camino se fue, además, malversando dinero público, se produjo una "deliberada ocultación" de los gastos que efectuaron o comprometieron para el 1-O, si bien se mantiene la incógnita del cuánto, ya que el Supremo sólo sostiene que supera "ampliamente" los 250.000 euros. Un trabajo que deberá despejar el Tribunal de Cuentas.

Y sí, aquel día hubo "indiscutibles episodios de violencia", pero esta no se tradujo en una amenaza real de independencia; es decir, la violencia no se concibió jamás como una herramienta estructural para la ruptura, precisamente porque no había nada que quisieran y pudieran romper, tan solo una "ensoñación" o "artificio engañoso". Para el Tribunal Supremo se terminó la apología al procés.