El Supremo pide al Banco Santander datos de los cursos de Garzón

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) que instruye la causa contra Baltasar Garzón por el dinero que recibió durante su estancia en la Universidad de Nueva York ha reclamado al ex directivo del Banco Santander Gonzalo de las Heras el expediente completo del patrocinio a los cursos que impartió el juez.

Según informaron fuentes jurídicas a Efe, el magistrado instructor de este procedimiento, Manuel Marchena, pidió ayer a De las Heras -tras tomarle declaración como testigo durante cerca de cuatro horas- que le entregue esta documentación de la entidad bancaria antes del 18 de mayo, un día antes de que el presidente del Santander, Emilio Botín, testifique en el Alto Tribunal sobre este asunto.

Esta causa se abrió a raíz de la querella de los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea, quienes sostienen que el juez de la Audiencia Nacional gestionó y obtuvo 302.000 dólares del Santander para el patrocinio de sus conferencias y la escolarización de su hija y después intervino en una querella formulada por Rafael Pérez Escolar contra directivos del Banco, entre ellos Botín, que se archivó.

Otro de los frentes que tiene Garzón abiertos es el de la investigación de los crímenes del franquismo. A este respecto, el TS ha archivado las querellas que varias asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica habían presentado contra el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, y el magistrado del Alto Tribunal Luciano Varela.

Los querellantes acusaban a Saavedra de haber deliberado y adoptado más de diez resoluciones después de que fuera recusado el pasado 18 de junio.

Una segunda querella archivada ayer por el Supremo fue presentada el pasado 12 de abril por las asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica de Cataluña y Baleares al estimar que Saavedra y Varela han dejado indefensas a las víctimas del franquismo.

Según argumentan en su querella, la actuación de ambos constituye un delito de prevaricación porque, a sabiendas de que las decisiones de Garzón son sostenibles y jurídicamente aceptables, siguen manteniendo la imputación al juez de la Audiencia Nacional.