Sumar justifica su propuesta de amnistía por la "falta de proporcionalidad judicial"

Sevilla/El dictamen jurídico de Sumar y En Comú Podem justifica su propuesta de amnistía, que abarcaría de 2013 y 2023, em "la falta de proporcionalidad con la que se adoptaron ciertas decisiones judiciales", con lo que, de aprobarse en una ley, se refutaría la acción del Poder Judicial para atajar los delitos cometidos contra el orden constitucional en ese periodo y, singularmente, en 2017.

El documento, presentado en un acto en Barcelona al que ha asistido la líder de Sumar y vicepresidenta del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, argumenta en sus 40 páginas el encaje de la amnistía en el marco constitucional y la justifica como una "herramienta política útil para pacificar el conflicto".

Plantea su aplicación solo sobre "aquellas acciones y omisiones que hayan tenido por finalidad la reivindicación del derecho de autodeterminación de Cataluña" e incluye también como amnistiables algunas de las actuaciones de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Esta Ley de amnistía que ahora se propone servirá, sin duda, para establecer las bases para la solución del conflicto político existente entre Cataluña y el Estado español, que resultó agravado por una contundente represión penal y por la falta de proporcionalidad con la que se adoptaron ciertas decisiones judiciales", señala el dictamen.

La amnistía de Sumar abarcaría a los dirigentes del 'procés', a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por un delito de pertenencia a organización terrorista o a los encausados por los disturbios presuntamente promovidos por Tsunami Democrátic tras las condenas por el 'procés' en el otoño de 2019.

El documento, elaborado por cinco juristas, sí perdonaría las "actuaciones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encaminadas a impedir la celebración del proceso participativo y el referéndum".

Eso sí, el dictamen recoge que quedarían "fuera del ámbito de aplicación de la amnistía las actuaciones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado susceptibles de ser calificadas como delitos de torturas y otros delitos contra la integridad moral o de delito de detenciones ilegales".

Sumar acota su amnistía a un contexto temporal que comprende desde el 1 de enero de 2013, como el "inicio del proceso reivindicativo del derecho a decidir en Cataluña", y el 17 de agosto de 2023, "como fecha de conclusión de esa situación especial que justifica medidas de política criminal asimismo especiales, pues a partir de ella se constituye el Parlamento que decidirá -en su caso- la aprobación de una medida tan excepcional".

Además del marco temporal, los juristas hacen una acotación de los delitos que deberían entrar en la ley de amnistía, y que se habrían cometido en "todas aquellas acciones y omisiones ejecutadas por ciudadanos reivindicativas de la autodeterminación de Cataluña".

Delitos amnistiados

En concreto, el documento se refiere a delitos contra la administración pública, contra la administración de Justicia, contra la Constitución o contra el orden público en el Código Penal. Estos últimos incluyen los delitos de pertenencia a organización terrorista y tenencia de explosivos imputados -este último delito solo a 8 de los 12– a los miembros de los CDR procesados por la Audiencia Nacional.

Se trata en concreto de las personas encuadradas en la denominada Operación Judas. Todos ellos, según el juez Manuel García Castellón, formaban parte del Equipo de Respuesta Táctica, una célula integrada por un núcleo radicalizado compuesto por individuos procedentes de diferentes CDR.

Entre los beneficiados por la amnistía se encontrarían también los imputados en la causa que el mismo magistrado de la Audiencia Nacional instruye sobre Tsunami Democrátic, y en la que se encuentra pendiente de cuantificar el impacto de sus acciones.

De hecho, Sumar recoge en su dictamen el alcance de sus acciones, recordando que la concentración masiva en el Camp Nou de diciembre de 2019 –supuestamente promovida por Tsunami– llevó a la imputación penal de "más de 700 personas". "Los cortes de carretera, por su parte, dieron lugar a más de 250 causas", asegura el partido.

Afectación a los policías

El dictamen también propone incluir en la amnistía los delitos de lesiones, amenazas, coacciones, descubrimiento y revelación de secretos, allanamiento de domicilio de personas jurídicas, daños, falsedades documentales y usurpación de funciones públicas, así como la infracción de diversos artículos de la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana o de la ley orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana.

Estos últimos delitos incluirían las "actuaciones policiales vinculadas al impedimento de la celebración del referéndum que ocasionaron unas 1.000 víctimas de diversa gravedad entre el 1 y el 4 de octubre de 2017". "Destaca, en ese sentido, lo ocurrido en 27 escuelas, donde la actuación policial dio lugar a 47 procedimientos penales, uno de los cuales por lesiones graves (pérdida de un ojo), mantiene imputados a 5 policías", apuntan los juristas.

Los mismos, sin embargo, establecen "una serie de limitaciones materiales", quedando "fuera del ámbito de aplicación" de la amnistía "las actuaciones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado susceptibles de ser calificadas como delitos de tortura y otros delitos contra la integridad moral", así como las detenciones ilegales.

Puigdemont, incluido

Tal y como estaba previsto en el marco de las negociaciones de las últimas semanas para una investidura y una eventual formación de Gobierno, la amnistía propuesta por Sumar también beneficiaría a los líderes del 'procés', tanto a los que ya están condenados como los que permanecen procesados en rebeldía y huidos de la Justicia.

El texto no hace mención expresa a sus nombres, pero la medida incluiría al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, quienes fueron indultados pero permanecen inhabilitados por delitos de desobediencia y malversación después de que el Tribunal Supremo revisara sus condenas a raíz de la reforma que eliminó la sedición y modificó la malversación.

También afectaría a los dirigentes Jordi Sànchez y Jordi Cuixart –condenados por desórdenes públicos tras la reforma–, a la expresidenta del Parlament Carmen Forcadell y a los exconsellers Josep Rull y Joaquín Forn –condenados por desobediencia una vez aplicado el nuevo Código Penal–, aunque en sus casos ya se extinguieron sus penas inhabilitación y fueron indultadas sus penas de prisión.

Respecto a los independentistas huidos, la amnistía beneficiaría al expresidente catalán y líder de Junts Carles Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí, sobre los que pesa una orden nacional de detención por delitos de desobediencia y malversación.

Según la propuesta de Sumar, se amnistiaría además a aquellas personas procesadas por las protestas que surgieron al conocerse la sentencia del 'procés', dictada el 14 de octubre de 2019. En este sentido, recuerdan que dichas manifestaciones y concentraciones "desembocaron en desórdenes públicos" que "generaron a su vez una amplia proliferación de causas penales o expedientes sancionadores".

Asimismo, se menciona a los "50 cargos de la Generalitat (que) siguen sometidos todavía a procedimientos penales en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona por su implicación en el 'referéndum' del 1 de octubre" de 2017 y los "más de 700 alcaldes (que) fueron investigados por apoyarlo".

A la lista se añade la causa que permanece "pendiente" en el Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona contra 10 dirigentes políticos "por la acción exterior que se llevó a cabo durante el 'procés', acusados de delitos de malversación".

La propuesta también contempla el procedimiento que se sigue contra ex altos cargos catalanes –incluido el expresidente Artur Mas– encausados en el Tribunal de Cuentas por la responsabilidad contable de las consultas independentistas del 9-N y el 1-O.

Asimismo, menciona "unos 600 procedimientos contencioso-administrativos contra Ayuntamientos por su vinculación con la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) o por otros hechos de nula relevancia, como no izar la bandera española o elaborar mociones contra la Monarquía".

Y a todo ello, apunta el texto, habría que sumar "más de 850 denuncias de infracciones administrativas de la Ley de Seguridad Ciudadana".