Calle rioja
Francisco Correal
El filósofo de Cerro Muriano
Sánchez exhibe su plan de recuperación sin saber cuándo llegará la ayuda de la UE
Lucha contra la pandemia
El presidente del Gobierno presume de unas inversiones que fía a los 140.000 millones de Bruselas
La movilidad eléctrica se llevará 19 de cada 100 euros europeos hasta 2023
Madrid/El Gobierno ultima el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que depende que la Comisión Europea de luz verde a los 140.000 millones que recibirá España como ayudas para hacer frente a la crisis económica y social provocada por la pandemia. Pedro Sánchez ha exhibido este martes ante los medios el plan aunque no ha concretado cuándo empezarán a llegar las ayudas.
El presidente del Gobierno ha eludido precisar cuándo se harán efectivos estos fondos, que irán hasta 2026 y mediante los cuales el Ejecutivo prevé invertir 70.000 millones, la mitad, hasta 2023, año que coincide con la legislatura en vigor, esto es, con el mandato actual de la coalición PSOE-Unidas Podemos.
La transición al vehículo eléctrico a través de una estrategia de movilidad "sostenible, conectada y segura" aglutinará 18,85 de cada 100 euros de las ayudas directas que España recibirá de la Unión Europea (UE) entre 2021 y 2023, lo que supone una inversión de 13.200 millones de un total de 70.000 millones.
Sánchez ha avanzado los importes que se destinarán a las diez mayores inversiones recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que este martes ha pasado por la comisión interministerial de los fondos europeos antes de su próxima aprobación en Consejo de Ministros y su envío a Bruselas.
Inversiones por 50.000 millones
Esta decena de inversiones suman un total de 49.710 millones y tienen como segunda partida más importante la rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, con unos recursos de 6.820 millones para instalar paneles solares o hacer más eficientes energéticamente los hogares, entre otras cosas.
A la modernización de las administraciones públicas se destinarán 4.315 millones, para acometer "una auténtica revolución" de la relación de la ciudadanía con la Administración, en palabras de Sánchez.
El plan para la digitalización de las pymes dispondrá de 4.060 millones y la hoja de ruta del 5G, de 4.000 millones, con el objetivo de llegar "a todos los rincones de nuestro país".
Para el plan nacional de competencias digitales se desembolsarán 3.590 millones y para la nueva política industrial España 2030 y la estrategia de economía circular, más de 3.780 millones.
La modernización y competitividad del sector turístico se llevará 3.400 millones; el desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia e Innovación, 3.380 millones; y el despliegue de integración de energías renovables, 3.165 millones.
Casado: "Sánchez hace tacticismo electoral al presentar el plan sin contar con nadie antes de llevarlo a Bruselas"
Según Sánchez, se trata del plan "más ambicioso de la reciente historia económica de España" y la mayor oportunidad para el país desde la entrada en la UE, con un total de 70.000 millones, de los que el 39 % es para la transición ecológica, el 29 % para la digitalización, el 10,5 % para educación y formación y el 7 % para investigación y desarrollo.
"Las consecuencias beneficiosas del plan comenzarán a notarse desde el primer minuto de su ejecución", ha señalado el presidente, que ha recordado que en los Presupuestos de 2021 ya se consignaron casi 27.000 millones para financiar las primeras inversiones hasta que lleguen los recursos de la UE.
Entre esas inversiones la tercera edición del plan Moves, aprobada hoy en el Consejo de Ministros, con ayudas directas a la compra de vehículos eléctricos o híbridos enchufables como turismos, furgonetas o motos, así como la adquisición e instalación de infraestructuras de recarga.
El programa Moves cuenta con una dotación mínima de 400 millones ampliables, al menos, hasta 800 millones.
El presidente del Gobierno, que mañana presenta el plan de recuperación al Congreso de los Diputados, ha recordado asimismo que los recursos europeos van a aportar un crecimiento adicional de alrededor de 2 puntos porcentuales a partir de 2021 y favorecerá la creación de más de 800.000 puestos de trabajo en los tres años de ejecución.
El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado a Sánchez a través de Twitter de hacer "tacticismo electoral" al presentar el plan "sin contar con nadie" y antes de llevarlo a Bruselas, lo que ha considerado "una irresponsabilidad solo a la altura de sus mentiras".
En el Congreso, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha reclamado que el Gobierno entregue a los grupos parlamentarios el plan de recuperación antes de su debate en la Cámara Baja.
Los partidos reclaman un plan B a la alarma
Pedro Sánchez se ha reafirmado en que no prevé prorrogar el estado de alarma una vez que concluya el 9 de mayo al existir “herramientas jurídicas suficientes” para seguir actuando, si bien el grueso de los partidos reclamó pactar una alternativa jurídica antes de que decaiga. Sánchez ha asegurado que la aceleración del proceso de vacunación ha generado “un escenario completamente distinto” respecto a hace unos meses que permite suavizar las medidas vigentes desde finales de octubre, como el toque de queda o los confinamientos de las comunidades autónomas. “El Gobierno tiene una intención y trabaja para que sea posible esa intención. El Gobierno quiere que no haya más prórrogas. Con esa intención trabajamos”, zanjó el presidente en una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa después de que vayas autonomías se hayan inclinado por prolongar la alarma. El PP ha reclamado un “plan B jurídico” ante el fin de la alarma, que pasaría por una reforma urgente de la ley de salud pública tras culpar a Sánchez del “abismo” y la “incertidumbre” que podría darse a partir del 9 de mayo, según su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra. Algunos de los socios de investidura de Sánchez, como Compromís, Bildu y Más País, han abogado por un decreto pactado con las comunidades autónomas para crear un “paraguas jurídico”. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha abogado por buscar una solución política al posible decaimiento del estado de alarma el 9 de mayo, a través de una “legislación puente”.
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