Revuelta catalana: manual de instrucciones

El único dirigente del Gobierno español que aguantó los meses de septiembre y de octubre de 2017 en Cataluña lo explicó en el juicio del Supremo del modo siguiente. "Es que era surrealista, porque estábamos reunidos para impedir el referéndum con los que lo habían convocado". El cordobés José Antonio Nieto, entonces secretario de Estado de Seguridad. El cordobés, hoy parlamentario autonómico andaluz, pasó el otoño catalán de 2017 en la Delegación del Gobierno de la calle Mallorca, la que este martes intentaron asaltar los independentistas violentos. Es necesario que el Gobierno de Pedro Sánchez entienda, interiorice y asuma el engaño que Nieto denunció en el juicio, porque, de nuevo en octubre de 2019, las instituciones catalanas están liderando otra revuelta contra el Estado.

Acuerdo en Ginebra, Torra incluido

A finales de agosto, los mismos actores que organizaron la revuelta de hace dos años se reunieron en Ginebra. A la ciudad suiza acudieron el 31 de agosto representantes de la Asamblea Nacional de Cataluña, de Omnium, la CUP, ERC y Junts per Catalunya, el ex presidente Carles Puigdemont y la republicana Marta Rovira; en algún momento se les unió el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Es el nuevo Estado Mayor. Lo que allí se acordó es externalizar las nuevas acciones contra el Estado a través del grupo Tsunami Democratico, cuya nominación se extrae de una frase que pronunció Jordi Cuixart en el juicio contra los líderes del procès.

Todos acordaron seguir la estrategia e instrucciones de este grupo secreto (en realidad, los líderes intelectuales no lo son). A la vuelta de Ginebra, los seguidores de Tsunami en las redes se dispararon. Puigdemont y los partidos independentistas sirvieron de propagandistas de la nueva buena.

De este modo, los nuevos líderes de la presidencia de la Generalitat, las organizaciones juzgadas en el Supremo (Omnium y ANC) y los dos partidos evitaban incurrir en posibles delitos y externalizaban las acciones al grupo secreto, formado en buena parte por las mismas personas que lograron introducir, repartir y colocar las urnas el 1 de octubre de 2017. Quim Torra, que es el más exaltado de todos ellos, llegó a anunciar que la respuesta a la sentencia del Supremo consistiría en la desobediciencia civil e institucional. Sobre lo segundo hubo de rectificar, se trataba de dejar en manos de la calle toda la respuesta, aunque desde Ginebra los artífices eran ellos mismos.

Un símil que sirve para esta ocasión es la que, de modo desvergonzado, relató Arzallus en su día en relación a la violencia de ETA y el nacionalismo vasco: unos zarandean el árbol y otros recogen las nueces.

Hay un reparto de papeles. Mientras Tsunami ha organizado protestas claramente ilegales, como el bloqueo del aeropuerto del Prats y los disturbios ante las delegaciones del Gobierno en las cuatro provincias catalanas, Omnium y la ANC han organizado las cinco marchas las cinco marchasque esta miércoles han partido desde el interior de Cataluña con el objetivo de bloquear Barcelona el próximo viernes. Para ese día, un supuesto sindicato convocará una huelga general en toda la comunidad. La diferencia entre independentistas pacíficos y violentos es relativa, las personas sí lo son y la mayoría rechaza la violencia, pero todas las acciones están coordinadas y persiguen el mismo fin.

Tsunami ha publicado un comunicado en el que solicita que los manifestantes se concentren en tres acciones: las marchas hacia Barcelona, la huelga general del viernes y una manifestación el día 26 en Barcelona, día además en que el equipo local se enfrenta al Real Madrid. El propio Quim Torra se ha sumando este miércoles a una de las llamadas Columnas de la Libertad.

A diferencia de lo ocurrido en 2017, esta vez los Mossos van a cumplir con sus obligaciones legales. Ésta es una de las consecuencias de la respuesta que el Supremo y la Audiencia Nacional dieron al intento de golpe de ese mes de octubre. Nadie en la dirección policial del cuerpo autonómico quiere correr la misma suerte que el mayor Trapero. El consejero de Interior, Miquel Buch, no va a seguir los pasos de su antecesor, Joaquín Forn, condenado en el Supremo. Esta es la razón por la que el Gobierno central se resiste a poner a los Mosso bajo un mando propio, algo que le permitiría la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad o la de Seguridad Nacional. Dicho en bruto: el ojo y el testículo perdidos por sendos manifestantes en el Prats son atribuibles, en cualquier caso, a los Mossos.

Si la parte más violenta anda buscando un cisne negro -es decir, un muerto-, la culpa impostada no recaería en uno de los dos cuerpos del Estado.

Una de las pocas ventajas de la revuelta catalana es que las fuentes abiertas, que son las únicas a las que tuvo acceso el CNI hace dos años, arrojan nitidez sobre la evolución del conflicto en los próximos días. No se trata, ahora, de forzar al Gobierno a negociar una consulta por la independencia, sino de mantener un pulso prolongado en el tiempo, de meses o años, según han venido explicando los propios actores en las ediciones digitales de sus medios.

El Gobierno de Sánchez tendrá que actuar en los próximos días de un modo más contundente. La aplicación del artículo 155 sería, al menos, aclaratoria, puesto que ni Torra ni ERC ni Junts podrían maniobrar desde la sombra con el poder que le otorgan las instituciones que representan. Al menos, se podría romper el engaño surrealista del que habló Nieto ante el Supremo.